Pero más que figurar como un candidato en esa lista, este año resalta el hecho de que el poder Legislativo ordenó al Departamento de Estado de EE. UU. que elabore un plan de desarrollo para Guatemala, El Salvador y Honduras, con el fin de crear las condiciones propicias que reduzcan la migración irregular.
En la última década los éxodos desde estos tres países han experimentado un crecimiento vertiginoso que no se detuvo ni por los casi tres millones de indocumentados expulsados durante la administración de Barack Obama, ni por las recias políticas antimigrantes de su sucesor Donald Trump.
El mandato para la elaboración de la estrategia está contenido en la Ley de Compromiso Mejorado para el Triángulo Norte, que a su vez forma parte de Ley de Asignaciones Consolidadas 2021 de EE. UU.
El plan debe ser para cinco años y tiene que presentarse 180 días después de haber sido promulgada la legislación; es decir, la fecha límite es el 27 de junio próximo.
Presupuesto actual
Igual que en años anteriores, en el presupuesto de EE. UU. de 2021 la cooperación a Guatemala se condiciona a la priorización de programas que aborden los factores clave contra la migración de menores de edad indocumentados no acompañados.
También indica que el 50% de la ayuda será entregada solo hasta que el secretario de Estado certifique e informe a los comités respectivos del Congreso que el país ha cumplido con acciones en cuanto al combate de la corrupción, protección de derechos humanos, políticas para reducir la pobreza y acciones para fomentar la transparencia, entre otras.
Pero este año el Legislativo estadounidense fue más allá, pues en la Ley de Compromiso Mejorado —promovida por el congresista Eliot Engel— quedó establecida la obligación del Gobierno de elaborar el plan, de cuyos avances debe informar periódicamente a las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y del Congreso.
La estrategia debe girar en torno a cuatro ejes que quedaron establecidos en dicha legislación. De esa forma, el plan se convertirá en una oportunidad más para alcanzar el tan ansiado desarrollo en el triángulo norte de Centroamérica, después de años de cooperación que han costado millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses, mientras nada parece cambiar en estos países que cada vez expulsan más migrantes por el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas y de seguridad.
En el 2014 también surgió una gran propuesta conocida como Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN), surgida a raíz de la crisis de menores no acompañados que desbordaron la frontera sur de EE. UU..
Aparte del costo económico, este plan requirió muchísimo tiempo y un abanico de visitas oficiales —entre estas las dos que hizo Joe Biden a Guatemala—, todo con el objetivo de llevar desarrollo y prosperidad a los pueblos para reducir la migración.
Seis años más tarde, si se tratara de un examen y fueran los gobiernos los evaluados, todos habrían reprobado.
Ante el fracaso de este plan, la administración Trump anunció en 2019 una nueva estrategia llamada América Crece enfocada en llevar inversión de capital estadounidense a Guatemala, El Salvador y Honduras para crear más fuentes de empleo, pero ante la discontinuidad del mandatario republicano en el poder se desconoce si seguirá vigente o qué tipo de seguimiento se le dará.
El nuevo plan
La nueva estrategia, según lo aprobado por el Congreso de EE. UU., debe ser elaborada por el secretario de Estado, en coordinación con el administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Los cuatro ejes, dice la ley, son “promover la prosperidad económica, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar la seguridad civil”. Cada uno tiene una serie de prioridades que en total suman 20.
Para la implementación de este plan, el secretario podrá consultar con la sociedad civil y el sector privado de EE. UU. y de los países involucrados; además, plantea hacer revisiones anuales para constatar el avance de la estrategia.
El secretario de Estado debe entregar un informe anual por escrito a los comités correspondientes del Congreso, que indique el progreso alcanzado sobre las 20 prioridades establecidas en el plan.
Lista de corruptos
En la ley, los legisladores indican que “la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras daña significativamente las economías de dichos países y priva a los ciudadanos de oportunidades”. En tal sentido, legislaron que el gobierno de EE. UU. debe entregar al Congreso “un informe no clasificado” que identifique a personas que hayan participado en actos de corrupción u obstrucción de investigaciones sobre tales actos.
Este listado incluirá, aparte de los señalados por actos corruptos, a quienes participen en sobornos, extorsiones y lavado de dinero, así como violencia, acoso o intimidación dirigida a investigadores de la corrupción.
Las sanciones contenidas en la normativa son l no considerar a la persona que figure en la lista elegible para obtener una visa de ingreso a EE. UU. o la revocatoria del documento.
¿Tendrá éxito?
Joe Biden tendrá la opción de regresar a propuestas parecidas a las que hubo durante el gobierno de Obama, del cual fue vicepresidente, o podría adoptar el plan América Crece con sus propios matices, afirma el analista en relaciones internacionales y catedrático universitario Roberto Wagner.
Cualquiera que sea el plan para la región, Wagner espera que no se cometan los mismos errores que con el PAPTN, en el sentido de que fue una propuesta basada en los intereses de EE. UU. que, al final de cuentas, divergían mucho de los de Guatemala, El Salvador y Honduras.
El éxito de un plan depende de la coordinación y alineación de los objetivos de EE. UU. con los de los países receptores de la cooperación, quienes deben no solo aceptar las propuestas, sino precisar, luego de consultar a las poblaciones y líderes comunitarios, qué se necesita en las áreas de mayor migración.
“El problema con el Plan Alianza para la Prosperidad fue que, sin discutirse nada con Centroamérica, sale Joe Biden anunciándolo en el New York Times ya con los objetivos hechos”, subrayó Wagner.
“Yo puedo disponer de muchas cosas en base a números, pero si no conozco la realidad del Corredor Seco o del altiplano, voy a cometer errores. Va a ser algo que puede sonar muy bueno —el plan—, pero en la práctica será un fracaso”, añadió.
Lisa Haugaard , codirectora del Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG), una organización pro derechos humanos con sede en Washington D.C. espera que la política estadounidense se enfoque a partir del 20 de enero en las causas de la migración, como son la pobreza, corrupción y violencia.
Haugaard coincide en que una nueva estrategia para desarrollar la región debe ser consensuada y consultada con la sociedad civil de los países receptores de cooperación “y no un plan hecho solo por los gobiernos centroamericanos a puerta cerrada con el gobierno estadounidense y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo)”.
Para reducir la migración, Haugaard añade que se necesita más que crear fuentes de empleo, sino impulsar una serie de factores que van desde el respeto a los derechos humanos y el estado de Derecho, hasta fortalecer la economía campesina.
Asimismo, cuidar el medioambiente y mitigar el cambio climático. También, proteger a las comunidades indígenas, afrodescendientes, a los periodistas y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia.
Corrupción
Se estima que otro problema cuyo abordaje por parte de EE. UU. podría tener cambios es el combate de la corrupción.
Haugaard cree que Biden “reconocerá” que en Guatemala, El Salvador y Honduras la corrupción, el irrespeto a los derechos humanos y al estado de Derecho son un obstáculo enorme para el desarrollo.
“La administración Biden no va a olvidar que los gobiernos de Guatemala y Honduras acaban de cerrar los mecanismos anticorrupción y antiimpunidad de la Cicig y la Maccih, y que los congresos de los dos países también están aprobando leyes que protegen a los corruptos”, advirtió.
Por su parte, Wagner estima que, debido a una mayor influencia de más congresistas, veremos “a un EE. UU. más agresivo, apoyando a instituciones como la Feci (Fiscalía Especial contra la Impunidad)”, no obstante, descarta que Washington proponga la creación de entidades como la Cicig, pues siempre habrá consejeros más conservadores y de mayor experiencia que lo desaconsejen.
“A todos nos gustaría que caigan todos los corruptos, pero no olvidemos que Guatemala es un socio comercial alineado a EE. UU., y si —este país— señala directamente a funcionarios que no han sido vencidos en un juicio de forma abierta… de repente el Gobierno dirá ‘de EE. UU. no queremos saber nada’”, explicó.
En opinión del director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), la cooperación de EE. UU. debería enfocarse en darle acompañamiento a los esfuerzos del sector privado y la sociedad para fortalecer el sistema de justicia, así como mantener el apoyo a las acciones de reforma en materia económica que se promueven en el Congreso de Guatemala, pues esto permitirá generar mayor certeza jurídica a la inversión.
Respecto del plan que debe presentar el Departamento de Estado, expuso que tiene que enfocarse en salud, educación, infraestructura, seguridad, justicia y apoyo de los ecosistemas de crecimiento empresarial, temas de interés para los tres países.
“Es importante que se tomen esfuerzos que ya están caminando”, subraya Zapata.
Análisis: Región importante
Por su ubicación geográfica, Guatemala es de interés para EE. UU., sobre todo si se toma en cuenta el panorama de inestabilidad política, conflictos y criminalidad en muchas de las naciones al sur, que en cualquier momento detonarían una gran huida de sus poblaciones hacia el norte, dice el internacionalista Roberto Wagner.
También existe el temor de que los problemas de la región como narcotráfico o pandillas se extiendan poco a poco hasta llegar a EE. UU.. Centroamérica es el cuello de botella del resto de América Latina, y EE. UU. ve en el Istmo una especie de frontera latinoamericana en las que siente que puede controlar mucho, pero a la vez le preocupan los problemas internos de sus países, dijo Wagner.
Entre los montos contenidos en las Asignaciones Consolidadas 2021 están Jordania, con US$1 mil 650 millones; Colombia, US$461 millones; Ucrania, US$453 millones; RD Congo, US$325 millones; y Túnez, US$241.4 millones. También Bangladés, US$198 millones; Vietnam, US$169.7 millones; Egipto, US$125 millones; y el Caribe, US$74.8 millones. Venezuela tiene US$33 millones para fortalecimiento de la democracia y para los países vecinos que reciben refugiados venezolanos.
