Esta vez fue a través de una comunicación entre Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, con el canciller guatemalteco Pedro Brolo.
En Twitter, Blinken dijo que discutió con Brolo “la necesidad de crear oportunidades económicas, reforzar la rendición de cuentas y disuadir la migración irregular” hacia Estados Unidos. Y agregó: “Instamos a Guatemala a asegurar un poder judicial y una Corte Constitucional imparcial e independiente para defender el Estado de Derecho”.
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El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que en la conversación también se planteó “la necesidad de mejorar la gobernabilidad democrática, promover el respeto por los derechos humanos y erradicar la corrupción de alto nivel para avanzar en nuestro objetivo común de una Guatemala más segura y próspera”.
Ambos procesos de elección han registrado este año, aunque el judicial tiene un importante retraso porque los magistrados de Apelaciones y de la Suprema debieron asumir desde octubre de 2019. Aquí, el Congreso está por finalizar la lectura de informes remitidos por el Ministerio Público (MP) sobre los candidatos finalistas que según su consideración no cuentan con idoneidad, capacidad y honradez para desempeñarse en esos cargos, luego de lo cual los diputados podrían comenzar la votación.
Aparte, la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) está en diferentes fases. El Congreso aún tiene abierta la convocatoria de aspirantes, la Universidad de San Carlos conocerá esta semana las objeciones y pruebas de descargo, la Suprema recibe señalamientos contra los abogados y el Colegio de Abogados elegirá a los magistrados el 26 de febrero. Solo el Ejecutivo no ha hecho público cómo será su proceso de nominación de magistrados.
Causas de la migración
Estados Unidos prometió a Guatemala atender las causas de la migración irregular, en momentos en que el presidente, Joe Biden, se apresta a revertir la dura política antimigratoria de su antecesor, Donald Trump.
“El secretario Blinken enfatizó el compromiso de Estados Unidos de abordar los problemas estructurales que desencadenan la migración irregular (corrupción e impunidad endémicas, falta de oportunidades económicas e inseguridad) y el interés compartido de nuestros países en garantizar un enfoque seguro, ordenado y humano de la migración”, indicó Price.
