Los países del Triángulo Norte de Centroamérica han tenido que adoptar acciones de emergencia ante la ola criminal. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, amplió el pasado 7 de enero el estado de excepción que había decretado un mes antes para enfrentar a las pandillas. Asegura que la medida ha dado “buenos resultados”.
Por su parte el Gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, mantiene una guerra contra estas organizaciones criminales y ha restringido las garantías constitucionales desde el 27 de marzo del año pasado un día después de que se registraran 62 homicidios en 24 horas.
Cada vez que se implementan acciones de este tipo en los países vecinos surge la duda de si los delincuentes pueden trasladarse a Guatemala mientras huyen de la aparente persecución de los gobiernos, algo que no se descarta, pero que es muy poco probable, a juicio de dos expertos en el estudio de las pandillas en Centroamérica.
El Ministerio de Gobernación anunció recientemente que se aumentará la seguridad en las fronteras, aunque es bien conocida la porosidad de estas y que la migración irregular no necesariamente transita por los puestos fronterizos, sino por pasos ciegos.
No imposible, pero poco probable
Ignacio Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), expuso que es posible que algunos pandilleros intenten escapar de los regímenes de excepción en sus países, pero considera que, en general, “se sobrevalora el peso del desplazamiento criminal”.
“Los grupos —pandillas— operan en un contexto determinado y cambiar de lugar impone costes y limitaciones a la actividad criminal”, explicó Cano, quien por años se ha dedicado al estudio del fenómeno de las maras en Centroamérica.
Por otro lado, apunta, “con el nivel de encarcelamiento indiscriminado que hay en El Salvador, no es fácil que muchos consigan salir para operar en otros lugares”.
“No dudo que se ha dado y sigue presentando —la movilización de pandilleros—, pero ¿Por qué dejar su zona de confort, para ir a probar nuevos horizontes en otro país?”, cuestiona Federico Reyes, doctor en criminología por la Universidad de Glasgow, Escocia.
Poner sobre la mesa un éxodo de pandilleros es una “fácil respuesta a un problema muy complejo”, añade el especialista.
A mediados de diciembre pasado la vida transcurría normal en municipios de Chiquimula, cercanos a la frontera con Honduras, constató Prensa Libre en una visita a esos lugares. Las comunidades están acostumbradas a ver grupos de migrantes y ven lejana la posibilidad de que pandilleros se establezcan en sus localidades. Algunos especialistas lo atribuyen a grupos del narcotráfico que evitan que mareros operen a sus anchas.
Mientras que, en algunos municipios de Jutiapa, cercanos a El Salvador si se manifestó cierto temor por la presencia de pandilleros.
Trabajo en conjunto es necesario
Ambos especialistas coinciden en que el trabajo en conjunto entre Guatemala, El Salvador y Honduras es clave para combatir la criminalidad. “No es fácil ni barato”, precisa Reyes, pero debe ser coordinado “y sin fisuras” para que dé resultado.
El abordaje concreto y preciso “ayuda mucho más que las capturas indiscriminadas o la persecución por delitos menores”, explicó Reyes. En El Salvador, durante los estados de excepción se han detenido a más de 60 mil personas sindicadas de pertenecer a una pandilla, ante los señalamientos por parte de organismos de violación de los derechos humanos y del principio de inocencia.
Reyes añade que el trabajo en conjunto entre los países es vital, para compartir información y dar el seguimiento, evaluación y análisis a estos grupos criminales, y que sin esto cualquier medida será solo paliativa y para el corto plazo, muchas veces “de índole populista con fines electorales”.
Cano resalta que una planificación en conjunto sería “muy importante” para combatir el fenómeno criminal de las pandillas, no obstante, afirma que esto depende, más que de criterios técnicos, de las agendas políticas de los gobiernos que deberían apuntar a que los tres países adopten la misma política, algo que no ha sucedido hasta ahora.
Ranquin de violencia en el istmo
Un análisis de Rodolfo Calderón, sociólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR), que publicó a inicios de mes da cuenta de que Honduras y Guatemala encabezaron la lista de los países con mayores tasas de homicidios por cada cien mil habitantes en 2022, con 17.33 y 35.79, respectivamente.
Le siguen Costa Rica y Panamá con tasas del 12.6 y 10.6 por cada cien mil habitantes. En el primero, los homicidios durante el año sumaron 656 y en el segundo 454. De Nicaragua el informe solo da cuenta de que ocurrieron 460 homicidios, pero señala que son datos “poco fiables” y que no se pueden comprar porque no hay registros del 2021 ni 2020.
El Salvador cierra la lista, con una aparente reducción de la tasa de homicidios de 7.8 por cada cien mil habitantes; no obstante, diversos analistas atribuyen esta baja a muchos factores como las detenciones indiscriminadas, posibles negociaciones con pandillas y a la no contabilización de algunas muertes violentas.
Al respecto, Cano señala que las negociaciones con estos grupos criminales han existido en este y otros gobiernos de El Salvador, pero “nunca son transparentes”.
Reyes agrega que las políticas “populistas de mano dura no funcionan a largo plazo”, aunque en el corto impacten, pero estas acciones deberían ir acompañado de una profesionalización de las fuerzas de seguridad y de la investigación criminal, sin dejar de lado la prevención y las políticas sociales. probable
Un reportaje de la Voz de América publicado el 23 de enero desmiente la afirmación del presidente Nayib Bukele, quien el pasado 14 de enero calificó a El Salvador como “el país más seguro de América Latina” y resaltó la supuesta baja de homicidios.
El trabajo periodístico recopiló fuentes, según las cuales, la disminución de los hechos criminales pudo deberse a que los registros oficiales no incluyen a las víctimas de enfrentamientos armados ni las muertes arbitrarias bajo custodia.
También cita un reporte elaborado en 2021 por InSight Crime y La Prensa Gráfica, que dice que en El Salvador también se comenzó a excluir de las estadísticas los cuerpos halladas en fosas clandestinas.
