Hay que ser claro en que el régimen electoral siempre debe estar en discusión. Definitivamente para cualquier país es sano, pero la discusión debe ser abierta y franca. Lo que ocurrió fue una sorpresa, sobre todo en lo que se refiere a la responsabilidad de los secretarios generales.
Lo grave de esto es que la única norma que puede contener una orden al Tribunal Supremo Electoral es la Ley Electoral, y al establecer que el TSE debe promover la denuncia es inconstitucional.
No puede haber normas ordinarias que establezcan condiciones para el Tribunal, porque eso la Constitución no lo permite. Esa parte del decreto es grave.
Todos sabemos que es motivado por el interés que tienen los partidos políticos. Con la Ley Electoral hay un proceso de reformas, y el Congreso lleva meses discutiendo. Uno creería que eso estaba en discusión.
¿Cómo ve las modificaciones a la conmuta de penas?
Eso es una total sorpresa. Está hecho de muy mala fe. Es lo que yo creo. O está hecho con abogados que ganarían cualquier concurso de mediocridad.
Esa norma lo que permite, tal como dijo el secretario del Ministerio Público Rootman Pérez es que al menos 400 delitos se vuelvan conmutables, entre ellos robo, hurto, explotación de niños para la prostitución, todas las normas de femicidio y las anticorrupción. Simple y sencillamente es un absurdo monumental o una decisión de muy mala fe para crear caos y zozobra.
¿Cómo califica la situación?
Crisis de legitimidad. Es la crisis más fuerte del país. Atravesamos una crisis de legitimidad terrible donde el Congreso, con mayoría calificada, aprueba un decreto para que ladrones, asaltantes y explotadores sexuales de niños puedan salir más fácil. Eso quiere decir que la seguridad ciudadana no tiene ningún interés, que es una afrenta que se pretenda estar con interpelación al ministro de Gobernación cuando es evidente que en el Congreso se están fraguando los mayores actos de corrupción y de delincuencia.
¿De dónde surgen esas acciones?
Debemos recordar que todo esto es producto de un contexto donde al presidente de la República se le acaba de demostrar que recibe doblete en el sueldo. La corrupción es tan “transparente” que hasta paga impuestos.
Lo que hizo el Congreso fue deslegitimar el interés por la reforma electoral, y lo más grave es colocarnos en vulnerabilidad a cualquier guatemalteco que camine o esté en su casa, porque el robo y el hurto son de fácil solución si entrara en vigencia.
Para mí esto es un proceso de descomposición que empezó con la declaratoria de no grato a Iván Velásquez, porque les estorbaba, pero vieron que tenían cierto apoyo. Siguieron. Se demostraron los bonos, y todavía había gente que los justificaba, por eso dieron este otro paso.
¿Qué se espera ahora?
Se anuncia que el Congreso podría hacer reformas al Ministerio Público, con el objeto de poner de fiscal general a cualquiera que no les cause daño y que no sea independiente.
Esto es precisamente el germen de destrucción de la democracia y la república. Hay un claro interés porque se sigan cometiendo golpes de Estado técnicos, donde el derecho pase a segundo plano.
Es bien claro que este gobierno en el último mes ha sido solo escándalo, mientras los grandes problemas nacionales permanecen en el olvido y la corrupción cambia en los demás ámbitos de la administración pública.
¿Hay algo rescatable de todo esto?
Procesos rescatables puede haber. Cuando se habla del tema jurídico, es innegable la necesidad de reformar el Código Penal, discutir el régimen electoral; sin embargo, esas discusiones deben ser abiertas, no de urgencia nacional y menos motivadas por intereses eminentemente personales o políticos.
¿Qué deben hacer los guatemaltecos?
Yo sí creo que lo que la población debe hacer es organizarse, para que no pase lo mismo del 2015 y generar propuestas concretas.
Se han metido desde el Gobierno campañas de desinformación en torno a que la lucha contra la corrupción es de izquierda o derecha, por eso es bueno el ejemplo que vimos donde diputados de Convergencia y el PAN, con excepción de Fernando Linares, votaron en contra de lo que estaba pasando.
El partido de mayor izquierda parlamentaria y el de mayor derecha se pusieron de acuerdo con evitar el robo, el abuso del partido del Gobierno y el principal partido de oposición.
La lucha contra la corrupción no es ideológica, pero el Gobierno ha difundido mensajes y videos donde definitivamente se ha querido imponer esas banderas para
lograr dividir.
¿Qué ocurrirá ahora?
El único antecedente que se puede esperar es que esto siga peor. De allí es que debemos entender por qué existió oposición a la reforma constitucional. Este Congreso va a elegir a las próximas cortes. Eso es sumamente grave, porque vemos que el Legislativo está literalmente a favor de mareros, cuatreros y narcos.
La salida es tener una ciudadanía exigente, y yo no veo otra que pedir la renuncia o investigación penal de los diputados que aprobaron las reformas.
No dudo de que el presidente y el vicepresidente son corresponsables del desastre, a tal grado que se esconden y lanzan campañas de deslegitimación de la prensa que no les hace quórum.
Alianza de la impunidad
La mayoría de las bancadas del Congreso se aliaron el miércoles para aprobar de urgencia nacional dos reformas al Código Penal. La primeras modifican el delito de financiamiento electoral, y lo dividen en tres: ilícito, electoral no registrado y anónimo. El cambio señala que los secretarios generales de los partidos políticos no son responsables por recursos de origen desconocido.
La segunda modificación fue la conmutación de penas para delitos que no excedan los 10 años, antes era de cinco. Eso deja a unos 400 cargos con medida sustitutiva.
