Hacen falta varios reajustes para que la propuesta de gasto se incline a favor de las mayorías y grupos vulnerables, cambios que podría efectuar la Comisión de Finanzas al momento de elaborar su dictamen.
La comisión debe elaborar un dictamen técnico que cumpla con expectativas políticas, una tarea que no se vislumbra fácil en la antesala de un proceso electoral.
Lucrecia Marroquín, del partido Valor, antes de comenzar con las audiencias ya planteaba sus dudas sobre el proyecto entregado por el Ministerio de Finanzas (Minfin).
EN ESTE MOMENTO
“He estado dando algunos vistazos al presupuesto. Lo que veo es que en muchos casos es un copy-paste —copiar y pegar— de otros años y no refleja el gasto o lo que se va a hacer, a pesar de que la ley dice que debe ser un presupuesto de productos”, indicó.
Samuel Pérez, de Moviviento Semilla, opina que el presupuesto, así como está, no tiene futuro.
“Quisiera entender mejor con la Comisión de Finanzas qué énfasis se le quiere dar al presupuesto. Es preocupante el problema de la falta de visión más estratégica sobre dónde debería estar la atención a los problemas sociales, que no está reflejado”, expresó Pérez.
Críticas técnicas
El Congreso inició ayer con las audiencias públicas para discutir el presupuesto; no obstante, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advierte de que no basta con recibir a las instituciones, sino que se requiere que sus pronunciamientos sean considerados o se descarten, con un criterio técnico sólido.
Unas 120 instituciones serán invitadas a la mesa legislativa para las audiencias. “Nosotros estimamos tener 45 días de trabajo; si nos pasamos, tal vez unos 50 días, los cuales terminan con el análisis de la discusión y aprobación del dictamen de presupuesto, si este sale favorable o no”, explicó el presidente de la Comisión, Cándido Leal, de Vamos.
Las deficiencias
Según el monto propuesto para la cartera de Salud, que incluye el dirigido a atender la pandemia y contener los contagios, sumado a la postura del titular del Minfin, salta a la vista que el Organismo Ejecutivo considera que la emergencia sanitaria dejó de ser prioridad.
“Bajó de Q12 mil 744 millones a Q11 mil 987 millones porque se había fortalecido en el 2020 y 2021. El covid ya no está, los techos son muy bajos y los hospitales están vacíos”, expuso en un foro Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, la semana pasada.
Pensar de esta manera es un error, a criterio del Icefi, porque la reducción a la cartera de Salud no solo afectará el combate a la pandemia, sino también otros programas.
En una situación muy distinta se ubica el Ministerio de Educación (Mineduc), al que se le adjudica un aumento pero no para inversión, sino para cumplir con el pacto colectivo firmado el presente año con el sindicalista magisterial Joviel Acevedo.
No obstante, el titular del Minfin matiza lo anterior: “Si nos damos cuenta, el Mineduc sube de Q20 mil 608 millones a Q22 mil 248 millones por la inversión que se está haciendo en el remozamiento de escuelas, que forma parte de responder al pacto colectivo que renegoció Educación con los maestros”.
“Mi experiencia estos años ha sido en Educación, y al ver el presupuesto del Mineduc me puedo dar cuenta que no hay innovación. Los rubros que se manejan son muy similares al presupuesto del 2008 y uno entra en duda. Es muy importante esta serie de audiencias para que los ministros nos expliquen”, añadió Marroquín.
Las reducciones y aparentes aumentos en el presupuesto siguen sin responder a las demandas sociales, de acuerdo con Erick Coyoy, investigador del área económica de la Universidad Rafael Landívar (URL), quien ve que la educación y la desnutrición no son una prioridad en el presupuesto.
“Un tema que ha estado presente en el discurso oficial pero que no ha tenido la debida atención en términos de presupuesto es la atención a la desnutrición. Se habló mucho de la cruzada nacional, pero hasta ahora sigue siendo un tema marginal en el presupuesto. Si tuvieran voluntad lo deberían priorizar al menos en el año electoral”, refirió.
Transparencia electoral
La distribución de fondos para el próximo año cobra una relevancia todavía mayor. Los comicios del 2023 se pueden prestar para que los recursos se desvíen en campañas y no lleguen a la inversión social, advierte Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC).
“La transparencia siempre es necesaria, pero más en un año electoral, porque los Consejos de Desarrollo ejecutan más fondos en este período con el fin de comenzar a promocionar la figura de funcionarios que serán candidatos”, indicó.
El Icefi coincide con la anterior postura, puesto que una mala orientación de recursos podría prestarse a ejecuciones poco transparentes en campaña, que da inicio el 20 de enero.
“Con los candados de transparencia creo que llegamos tarde. El año electoral empezó este 2022 y vemos que algunas leyes que ha aprobado el Congreso han sido una caja chica para el partido oficial, para hacer lo que está haciendo, que es comprar a muchísimos alcaldes”, agregó Marroquín.
Pérez considera que “es un presupuesto hecho para el saqueo, no hay duda de eso. Hemos visto la ejecución de los presupuestos anteriores, que priorizan la infraestructura pero las carreteras del país están hechas pedazos porque ese dinero se va a los constructores aliados de los diputados distritales, gobernadores y alcaldes”.
“Se tiene que aprobar”
El Congreso aprobó los proyectos de presupuesto para el 2021 y 2022, pero el del 2020 fue archivado por las demandas ciudadanas que rechazaron la falta de transparencia con que el oficialismo y sus aliados otorgaron al plan de gasto.
Esta iniciativa para el 2023, a juicio del ministro de Finanzas, es superior a los proyectos presentados con anterioridad.
“Este presupuesto es mejor que el del año pasado y nos da certeza de hacia dónde se van los recursos”, puntualizó el funcionario.
González Ricci manifiesta que está consciente de que se deben mejorar muchos aspectos, como reflejar los resultados con las asignaciones propuestas, pero dice que es un tema que siempre analizan de manera técnica.
