La medición revela una escasa confianza de los encuestados hacia estos aspectos, la cual se ha profundizado al comparar los resultados con los dos procesos electorales anteriores.
De esa forma, el 75 por ciento de los entrevistados —tres de cada cuatro— dijo que “no cree que el proceso electoral ha sido limpio y transparente”, un número que creció al compararse con lo que los encuestados respondieron a la misma pregunta en 2019, que fue del 57%.
Al evaluar los números por segmento geográfico, la Encuesta Libre da cuenta de que la desconfianza hacia el proceso se acentúa en el área metropolitana, donde apenas el 16% dijo confiar en el proceso, porcentaje que crece, aunque siguen siendo bajo, en las áreas urbanas del interior y en las rurales.
Esa poca credibilidad hacia la transparencia del proceso también la manifiestan los encuestados cuando se les pregunta si las elecciones del próximo domingo serán “limpias y transparentes”, ya que solo el 30% responde de forma afirmativa.
Acá, de nuevo, el porcentaje de desconfianza es mayor en el área metropolitana. Asimismo, es más elevado entre el grupo etario de 31 a 45 años y entre el nivel socioeconómico medio y alto.
De igual forma la credibilidad hacia las elecciones se ha desplomado desde la que tuvo lugar en 2015, cuando el porcentaje llegó a 51. En 2019 fue de 49.
Instituciones
La escasa confianza hacia el proceso y las elecciones van de la mano con la baja calificación que los encuestados dan a la actuación del TSE y a las resoluciones judiciales que las cortes han emitido relacionadas al proceso.
Con sus respuestas, los encuestados critican la labor que ha hecho el órgano electoral que registra una calificación más baja que en el anterior proceso.
De esa forma, apenas el 34% respondió que el TSE ha hecho una “buena labor”. La aceptación hacia sus funciones cayó 23 puntos porcentuales en relación con la medición que se efectuó en el 2019, y 13 al compararse con la elección del 2015.
Desde antes de la convocatoria a elecciones, el TSE se ha visto envuelto en varias polémicas. Con cada una, analistas advirtieron que su credibilidad podría resultar afectada.
El desgaste comenzó con la decisión de hacer compras por excepción desde el año pasado, aunque el artículo 44, de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) dice que el TSE podrá hacerlas solo durante el ejercicio fiscal en el que se celebre el proceso electoral; es decir en 2023.
El Tribunal justificó en su momento que la Ley de Presupuesto 2022 sí les permitía esa modalidad de compra, pero críticos se enfocaron en que se debió atender lo que dice la LCE, puesto que es una ley ordinaria y, a diferencia de la Ley de Presupuesto su vigencia no se limita solo a un ejercicio fiscal.
Más polémicas
También, el año pasado diversas organizaciones manifestaron preocupación por la intención del TSE de adquirir un equipo informático para digitalizar actas y reconocer a votantes con tecnología biométrica. Finalmente desistió de la compra.
Las polémicas siguieron este año, por ejemplo, con la contratación del sistema tecnológico para la transmisión de resultados, por Q148 millones, que se le adjudicó a la empresa que ofertó más caro y que tenía cuestionamientos en Colombia y Honduras.
El TSE también ha despertado dudas en los guatemaltecos con otras medidas que adoptó, aunque después haya dado marcha atrás. Una de estas fue el acordar con los partidos políticos que las reuniones se harían a puerta cerrada, con lo cual recibió señalamientos de violar el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.
También fueron señalados de opacidad y falta de transparencia cuando habían decidido que no incluirían el nombre de los candidatos a diputados en las papeletas, decisión de la cual también dieron marcha atrás.
Más recientemente también se ha despertado controversia porque dos juntas electorales, las del departamento de Guatemala y la del Distrito Central, compraron un sistema alterno al que adjudicó el TSE para la transmisión de resultados preliminares el día de la elección. Las críticas se enfocan en que se trata de un gasto innecesario y que genera suspicacias.
Sin embargo, lo que más ha acarreado críticas al órgano electoral han sido los criterios, aparentemente dispares, que han tenido para admitir y rechazar candidaturas.
De esa forma, desde un inicio, el pleno de magistrados del TSE revocó la candidatura de Roberto Arzú y otras por carecer de los requisitos de capacidad, honradez e idoneidad, que establece el artículo 113 constitucional, pero admitió otras, como la de Manuel Baldizón a una diputación por el partido Cambio, a pesar de que este reconoció y fue condenado por lavado de dinero en EE. UU. y de que tiene procesos pendientes ante la justicia guatemalteca por posibles casos de corrupción.
También contra las cortes
La Encuesta Libre también revela que los guatemaltecos sienten menos confianza con las decisiones que han tomado las cortes de justicia respecto al proceso electoral.
Un sinfín de estas acciones legales han llegado, tanto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —cuyos magistrados han excedido tres años y ocho meses su periodo constitucional—, como a la Corte de Constitucionalidad (CC), que no ha estado libre de críticas por la forma cómo se escogió a sus magistrados, en 2021.
En cuanto a la elección presidencial, el 2 de mayo, la CC dejó fuera al binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que no había sido inscrito por presuntas irregularidades en el finiquito del vice presidenciable Jordán Rodas.
El 25 del mismo mes también dejó fuera a Roberto Arzú, que buscaba la Presidencia con el partido Podemos, y un día después con una resolución sacó de la contienda a Carlos Pineda por irregularidades en la celebración de sus asambleas de proclamación.
El estudio dice que solo el 24% “cree que las cortes de justicia han sido limpias y transparentes en sus decisiones sobre el proceso electoral”, credibilidad que se vino en picada desde el proceso pasado, cuando el número era de 38%.
El comportamiento de los encuestados al analizar los datos por sector demográfico y socioeconómico es similar al que resultó al evaluar el trabajo del TSE, ya que los más escépticos en cuanto a la limpieza y transparencia de las decisiones judiciales, están el área metropolitana y en los sectores más jóvenes y niveles económicos medio y alto.
