La aprobación de este decreto, el año pasado, estuvo rodeada de polémica, en primer lugar, porque los recursos se tomaron de fondos no ejecutados del presupuesto 2021, porque la aprobación fue exprés —en 15 días— y porque el CIV no tenía idea de qué proyectos de infraestructura había incluido el Congreso.
El Sicoin da cuenta de que en un año y cinco meses desde que se aprobó la norma, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) ya se consumió el 100% de los Q1 mil 748 millones que el Congreso les aprobó.
La Dirección General de Caminos (DGC), por su lado, ya ejecutó Q1 mil 366 millones, esto es Q80 millones más que los Q1 mil 286 millones que el Legislativo les aprobó.
Por si eso fuera poco, los movimientos contables del Sicoin reflejan que esta dependencia a través de este subprograma recibió modificaciones presupuestarias, que le han dejado un presupuesto vigente este año de Q1 mil 746 millones.
Prensa Libre intentó obtener una explicación por parte del CIV, respecto a la diferencia entre lo aprobado en el decreto 21-2022 y los registros del Sicoin, y si el Ministerio tiene la facultad de asignar más recursos a este subprograma, aunque se excediera de lo asignado por el Congreso, pero la oficina de Comunicación declinó hacer comentarios y refirió a este medio a que la solicitud se hiciera a la Unidad de Información Pública.
Más ampliaciones
El Sicoin también muestra modificaciones presupuestarias que incrementaron el techo de este subprograma en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y en el Fondo Social de Solidaridad (FSS).
El primero tenía recursos autorizados por el Congreso por Q120 millones y en el sistema contable gubernamental le aparecen Q225 millones de presupuesto vigente, al sumar el de 2022 y 2023. Mientras que el FSS, de tener un presupuesto aprobado de Q35.7 millones, le aparecen Q54.1 millones al sumar ambos años.
En total, la diferencia es de Q586.4 millones al comparar el decreto 21-2022 con lo que reporta el correspondiente renglón presupuestario en el Sicoin, lo que da como resultado que lo ejecutado hasta la fecha —Q3 mil 310 millones— sea superior a lo aprobado por los diputados, Q3 mil 191 millones.
Los recursos en este año y cinco meses se han invertido de la siguiente forma: En mantenimiento de las carreteras centroamericanas, Q1 mil 901 millones; en el de rutas nacionales, Q366.9 millones; y en las rutas departamentales, Q480.5 millones.
Además, Q113 millones se utilizaron para la asistencia técnica y adquisición de puentes; Q39.2 millones para la construcción y mejoramiento de carreteras; Q217.1 millones en la construcción de puentes; Q4.9 millones se gastaron en pasos a desnivel y Q167.6 millones en infraestructura educativa.
¿Se ven cambios?
Héctor Fajardo, directivo de la Coordinadora Nacional de Transporte, dijo que ha habido atención en las carreteras principales del país, pero que en muchas los trabajos no están concluidos. En algunas de las vías reparadas falta una capa de asfalto qué aplicar y en casi todos no hay señalización.
Dentro de las carreteras que les preocupa, resaltó, están ciertos tramos de la CA 2 oriente y occidente, la ruta que va hacia La Gomera, Escuintla, y la que conecta a Siquinalá con Santa Lucía Cotzumalguapa. Asimismo, partes de la CA 9 norte que de la capital conduce a Puerto Barrios, Izabal.
Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, el impacto del decreto 21-2022 es “positivo” y se puede ver en varias rutas como la que conduce a Quetzaltenango o la que va a las Verapaces, pero “no es suficiente” para los retrasos que tiene el país en esa materia.
“La red vial tiene un atraso de 20 años, en Guatemala tenemos un metro de red vial por habitante, y en países como Costa Rica tienen ocho y en El Salvador 2.5”, subrayó Zapata.
Para contrarrestar el rezago, prosiguió, el Congreso debe aprobar la ley general de infraestructura vial, porque eso cambiaría el sistema “perverso” de construcción de obras, donde no hay presupuestos para estudios de prefactibilidad o si estos se elaboran se hacen mal o se contrata de forma separada el diseño, la construcción y supervisión.
Sobrecostos
Irene Flores, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que el incremento del monto del subprograma en relación con el decreto 21-2022 puede obedecer a los sobrecostos, una práctica recurrente en las obras de infraestructura dentro del CIV que obedece a una “muy mala planificación” de los proyectos.
Explicó que, aunque el decreto ponga un techo, se adjudican las obras, se comienzan los trabajos y en el camino surgen cambios que los diseños o especificaciones técnicas no contemplaban.
De esa forma, añade, proyectos que se presupuestaron a Q3 mil millones terminarán costando, por los sobre costos, el doble o más.
“La mala planificación y mal diseño y las especificaciones técnicas con las que se contratan las obras viales son muy malas y el 100 por ciento requiere cambios”, subrayó Flores.
Recordó que el Cien, cuando se discutía la propuesta en el Congreso el año pasado, advirtió de que no había “ninguna planificación estratégica para respaldar los proyectos” y que “no respondían a una lógica de desarrollo”.
“La planificación y el diseño de cada proyecto fue muy malo, parece que a propósito para que, durante la ejecución se puedan ir incrementando los costos y aprovecharse así del presupuesto”, subrayó.
