Esta figura nace en la institucionalidad guatemalteca tras la promulgación de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, en el año de 1985.
Fue uno de los primeros países de América Latina que tuvo esta figura dentro de su sistema institucional para dar paso a la apertura democrática, a la fecha es una representación casi imprescindible de las naciones modernas.
Su función es la de un defensor del pueblo que tiene que velar por los grupos desprotegidos y vulnerables, sin ser sumiso a ninguno de los tres poderes de Estado.
Actualmente la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República comenzó con el proceso de elección de nuevo magistrado de conciencia, habilitando la recepción de expedientes del 17 de febrero a este 7 de marzo.
Le mesa legislativa deberá de preseleccionar a los tres mejores candidatos y proponerlos ante el Pleno del Congreso, que por mayoría, deberá de elegir al magistrado de conciencia para los próximos cinco años.
Expertos en Derechos Humanos y fuentes coinciden que la figura del procurador es necesaria para Guatemala, aunque los puntos de convergencia se separan cuando se tienen que definir las atribuciones de este comisionado.
Actualmente la magistratura de conciencia es ocupada por el abogado Jordán Rodas, a quien un grupo de diputados trato de destituir en la legislatura pasada por considerar que no cumplía con un trabajo objetivo.
Derechos Humanos y Guatemala
Eso según la lectura de Juan Pappier, investigador de la división de las Américas de Human Right Watch, “es imprescindible tener una figura de este tipo que proteja y promueva los Derechos Humanos de forma judicial, con las distintas herramientas que le permita la legislación guatemalteca”.
Las últimas semanas han sido caóticas en materia de Derechos Humanos con una constante criminalización de actores que han combatido la corrupción, según la visión de Pappier.
Destacando la captura de la abogada Leily Santizo, integrante de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de la exfiscal Siomara Sosa y el exilo de otro grupo de investigadores.
“Guatemala está en una crisis para la democracia, nosotros creemos que la democracia guatemalteca pende de un hilo y va a ser fundamental para que sobreviva los procesos para MP, PDH y CGC, si estos procesos no son transparentes me temo que la democracia puede ser que no sobreviva esta embestida de los corruptos en contra de la justicia y el estado de Derecho”.
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso afirma que hará un trabajo transparente y de puertas abiertas, según el diputado Aníbal Rojas, vicepresidente de la mesa legislativa.
Él, al igual que Pappier, coincide que si es necesario el rol de un magistrado de conciencia, “sin duda alguna lo necesita Guatemala, es parte de lo que manejan los países civilizados alrededor del mundo, es como un balance en el sistema de frenos y contrapesos que necesita toda democracia”.
Pero al evaluar el trabajo del actual procurador, Rojas tiene comentarios opuestos al investigador internacional, ya que el parlamentario ha visto una agenda de trabajo que podría tener intenciones políticas.
“Se ha utilizado como una plataforma política para tratar de llevar adelante una ideología específica, así de claro lo ha hecho el procurador actual pero no debe ser así, tiene que ser como lo dicta la Constitución, un defensor de los Derechos Humanos para todos los guatemaltecos sin importar ideología y pensamiento”, apuntó el diputado Rojas.
El procurador ideal
Entre los requisitos para ser Procurador de los Derechos Humanos destacan una serie de aspectos profesionales detallados en la Carta Magna, que la mesa legislativa tomará para medir a los candidatos.
Entre estos destaca el ser guatemalteco mayor de 40 años de edad, ser un ciudadano de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogado colegiado activo.
Al hablar de la experiencia profesional destaca que los interesados deben de haber desempeñado un periodo completo como magistrado de Corte de Apelaciones o tribunales de la misma categoría, o en su defecto tener más de 10 años de ejercicio en el campo de las leyes.
Pero más allá de los requisitos jurídicos y académicos que establece la Constitución y la Comisión hay otros tres elementos que entran en juego, a criterio de un grupo de analistas.
La independencia, objetividad y dinamismo son cualidades imprescindibles para que el futuro procurador, a criterio de las fuentes, esté a la altura de las necesidades en materia de Derechos Humanos que tiene el país.
Independencia
Pese a que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Organismo Legislativo esto no significa que tenga que rendir cuentas a los intereses o intenciones que tenga el parlamento.
María José López, analista de Guatemala Visible, considera que las comunidades migrantes y los grupos de la diversidad sexual han estado históricamente excluidos.
Por lo que se requiere un trabajo independiente del futuro procurador para que abogue por todos por igual, “En ninguna democracia es valioso tener a todas las instituciones del Estado alineadas, esto va en contra de los valores democráticos, por el bien de las poblaciones que son vulnerables principalmente”.
Destaca que no contar con un Procurador de los Derechos Humanos independiente, solo vendrá a hacer más amplio el abismo de la desigualdad presente en Guatemala.
Objetividad
La responsabilidad que tienen los magistrados de conciencia es de proporciones épicas, según la visión de Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Donde destaca que además de su independencia otro valor clave es su objetividad, ya que el magistrado de conciencia tiene que defender a todos los ciudadanos sin importar banderas políticas.
“Tiene que permear en la sociedad sobre valores incuestionables, los tiene que rescatar y poner en primer plano sin que él ponga su nombre o queriendo destacar, no tomando partido, no siendo un rival ni un aliado del gobierno, tiene que ser imparcial”, señaló Quezada.
Quien añadió que este aspecto va muy de la mano con la independencia, “si se elige un procurador sumiso al Legislativo se va a sumar a los tristes capítulos donde vemos incluso procuradores ‘operadores’, como el que tenemos actualmente”.
Dinamismo
El magistrado de conciencia puede hacer uso de recursos y acciones legales para garantizar el respeto de los Derechos Humanos, según el abogado Edie Cux, director de la Organización Acción Ciudadana (AC).
“Estamos ante una situación muy crítica en Guatemala, ahora hay una criminalización de algunos exfiscales y constantes violaciones a sus derechos, hay una serie de actos que se han dado, pero si elige a un procurador servil la población no tiene garantías que se defiendan sus derechos”.
Durante el paso del actual magistrado de conciencia se le ha criticado la presentación de denuncias y acciones de amparo, incluso el diputado Antonio Arenales Forno es de la opinión que el Procurador de Derechos Humanos no tiene que presentar acciones, tema que no es compartido por Cux.
“La misma ley establece parámetros que el procurador si puede presentar denuncias, es uno de los derechos que tiene, así como presentar amparos si se necesitan, quienes indican que el procurador no puede presentar denuncias pareciera que son personas que están incomodas con el trabajo del procurador al hacer uso de estos recursos”.
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¿Quiénes han sido los PDH?
El primer Procurador de los Derechos Humanos fue Gonzalo Menéndez y a la fecha este cargo lo ocupa Jordán Rodas, durante los 35 años que esta figura cobró vida dentro del Estado guatemalteco han sido ocho los profesionales que han tenido sobre sus hombros la defensa de los más vulnerables.
Gonzalo Menéndez fue electo un 13 de agosto de 1987 y tan solo un par de años después renuncio al cargo. Trabajo con uno de los presupuestos más bajos para la defensa de los Derechos Humanos que ascendía a Q1 millón 900 mil.
Ramiro de León Carpio fue electo el 8 de diciembre de 1989 tras la renuncia de Menéndez y culminar ese periodo, posteriormente fue reelecto por el Congreso pero no culminó su magistratura.
Su mandato se vio interrumpido por el rompimiento constitucional de Serrano Elías, posteriormente Ramiro de León Carpio fue llamado para ocupar la presidencia de Guatemala.
Jorge Mario García Laguardia asumió el puesto de Procurador de los Derechos Humanos el 1 de julio de 1993, completó el periodo inconcluso que dejó de León Carpio hasta el año de 1997.
Julio Eduardo Arango fue electo después de Laguardia, estuvo en la magistratura desde el 19 de agosto de 1997 hasta el 20 de agosto de 2002, él terminó su periodo constitucional.
Sergio Morales ha sido el profesional que ha ocupado por más años la magistratura de conciencia, ocupo dos periodos continuos y estuvo al frente de la defensa de los Derechos Humanos de 2002 al 2012.
Jorge de León Duque, hijo del expresidente Ramiro de León Carpio, dejo su puesto como diputado al Congreso de la República tras ser electo por el Pleno legislativo. De León Duque finalizó su mandato en el 2017.
Jordán Rodas, el actual procurador de los Derechos Humanos. Asumió en 2017 justo cuando el Gobierno de Jimmy Morales vedo la entrada al Comisionado de Cicig, Iván Velásquez.
La octava magistratura del Congreso intentó en más de una ocasión destituirlo por considerar que utiliza su puesto como un trampolín político para el respaldo de grupos ideológicos. Su periodo finaliza en agosto de 2022.
Los candidatos
Hasta el medio día del pasado viernes 4 de marzo la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República había recibido el expediente de cinco profesionales que aspiran a la magistratura de conciencia, diputados de la mesa legislativa consideran que este lunes por ser el último día se recibirá un número mayor de aspirantes.
- José Alejandro Córdova Herrera.
- Romeo Candelario Pérez Rivas.
- Erick Estuardo Cárdenas Lima.
- Carlos Rafael Martínez Ríos.
- Fernando Linares Beltranena.
