Inicialmente, el valor del contrato era de Q118.90 millones, pero en un documento del CIV de diciembre del año pasado, y que fue revisado por Prensa Libre, se estableció que el precio final de los trabajos era de Q152.45 millones.
La Constructora Jireh, la cual estuvo a cargo de las labores, justificó el alza millonaria por incrementos en las excavaciones, relleno para estructuras, acarreos de materiales, gaviones, asfalto y otros factores.
El proyecto fue recibido y liquidado por el Ministerio entre octubre y diciembre de 2022. Previamente, la citada compañía figuró en el caso Construcción y Corrupción, y fue acusada de entregar dádivas a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones.
Por tales acciones ilícitas fue condenado Jaime Aparicio, quien era gerente general y representante legal de la entidad mercantil. La pena que le fue impuesta fue de cinco años de prisión conmutables.
El empresario canalizó Q8.23 millones en sobornos para el exfuncionario, con el fin de que el Estado cancelara la deuda de arrastre que tenía con la Constructora Jireh y Servicios Calificados de la Construcción, corporación que también estaba relacionada con Aparicio.
Cronología
El contrato para ejecutar las labores fue firmado el 6 septiembre de 2011 y en ese mismo año iniciaron los trabajos. Entonces, se acordó que los recursos para financiar el proyecto provendrían del Fondo Social de Solidaridad (FSS).
Dicha dependencia, adscrita a la cartera de Comunicaciones, era dirigida en aquella época por el exdiputado Armando Escribá. De esa manera, el excongresista —también señalado en el Caso Construcción y Corrupción— fue el que suscribió el convenio con Aparicio.
La obra debía finalizar en 12 meses, pero el plazo para concluirla se amplió cuatro veces. Además, tuvo tres suspensiones; la última comenzó el 20 de julio de 2015, cuando la empresa solicitó liquidar el proyecto, pese a que solo había completado el 89% del mismo.
Así permaneció hasta abril del año pasado, cuando el contrato se reactivó. Influyó en ello la decisión de José Luis Benito, extitular del CIV, de ampliar la vigencia del FSS en 2019 por otros 10 años y un acuerdo del diputado oficialista Josué Edmundo Lemus.
El legislador, quien busca la reelección con el partido Vamos y fungió como jefe del Ministerio al inicio del presente gobierno, ordenó en 2020 que el Fondo pagara las obras que tenía asignadas y estaban pendientes de terminar.
De momento, el Estado ya le canceló Q137.89 millones a la Constructora Jireh. En esa línea, la actual administración del FSS reconoció y resolvió a finales de 2022 que aún se le debía pagar a la sociedad mercantil Q14.56 millones.
Se buscó la opinión del diputado Edmundo Lemus, pero no se obtuvo ninguna respuesta.
Trabajos realizados
El primer tramo atendido con este contrato conecta El Rancho, El Progreso con Cobán, Alta Verapaz. La compañía indicó que en esta ruta reparó hundimientos, repuso el asfalto, construyó bermas —terrazas de protección— y colocó muros de gaviones.
La empresa señaló que los trabajos se ejecutaron en 1 mil 390 metros de la vía, la cual posee 121 kilómetros. No obstante, el CIV hizo un recorrido en agosto pasado por el tramo y explicó que este ya tenía varios problemas, como fisuras y hundimientos en el asfalto.
Por eso, recomendó hacer bacheos y utilizar sellador de grietas, cuyas reparaciones fueron completadas por la corporación ese mismo mes. La segunda carretera atendida por la entidad mercantil es la que une San Pedro Pinula, Jalapa y San Diego, Zacapa.
En esta segunda ruta, la sociedad mercantil efectuó las mismas labores que en la anterior. Sin embargo, aseguró que estas se realizaron en 2 mil 430 metros de la vía, que tiene una longitud de 27 kilómetros.
Anexión
Los dos tramos formaban parte de la licitación ganada por la empresa, pero la cartera de Comunicaciones decidió asignarle a la Constructora Jireh los trabajos de una tercera carretera, sin que haya registros en Guatecompras de la adjudicación.
Este tercer camino, que enlaza la Cumbre de Santa Elena y Salamá, Baja Verapaz, fue adicionado al contrato en 2012 por solicitud de Rafael Mayén Guzmán, exgobernador de dicho departamento. Él fue condenado en 2021 por el caso Asalto al Ministerio de Salud.
Aroldo Filemón Juárez Díaz, quien era concejal primero de la Municipalidad de Salamá en aquel año, también requirió que el tramo fuera añadido al convenio original, según un oficio del FSS analizado por Prensa Libre.
El Fondo refirió que Mayén y Juárez hicieron la petición para atender “todos los hundimientos” de la vía, ya que con la llegada del invierno se corría el riesgo de que los pobladores quedaran incomunicados por los daños que presentaba la carretera.
Los argumentos fueron aceptados y se procedió a hacer la anexión al acuerdo inicial. En esta ruta, la compañía detalló que removió derrumbes. El costo de las labores en este camino fue incluido en los Q152.45 millones que se acordaron erogar por el contrato.
De hecho, cuando se incorporó la vía al convenio, ello no representó un aumento en el valor del mismo, pero la empresa no precisó en su informe final cuánto del costo total del acuerdo invirtió para los trabajos en la ruta de Cumbre de Santa Elena a Salamá.
Otra sobrevaloración
La Constructora Jireh tendrá hasta septiembre próximo para entregar un proyecto sobrevalorado en Q56 millones. La obra consiste en pavimentar una carretera de 29.20 kilómetros que está en Huehuetenango.
Los trabajos en esta ruta, que conduce de San Mateo Ixtatán a Santa Cruz Barillas, iban a costar Q139.99 millones, según el contrato que fue firmado con el FSS en 2014. No obstante, en el actual gobierno el valor del acuerdo llegó a Q195.99 millones.
La empresa expuso que el aumento del precio se debió, entre otros aspectos, por un crecimiento en las subexcavaciones y una mayor utilización de concreto. La obra sufrió diversas suspensiones y por eso su conclusión se ha retrasado.
Corrupción
Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, manifestó que los sobreprecios es una de las formas en las que ocurre “abuso y corrupción”. “Estos ajustes en los valores contractuales son anómalos”, afirmó.
“Acá hay un cuestionamiento directo para el Fondo Social de Solidaridad y el CIV, pero también para la Contraloría General de Cuentas, porque tiene el mandato constitucional de investigar y sancionar este tipo de irregularidades”, agregó.
Prensa Libre consultó al ente fiscalizador si ha hecho auditorías a los proyectos mencionados en este reportaje, para verificar sus sobreprecios. Sin embargo, al cierre de esta edición, no había remitido respuesta alguna.
