El tema generó dudas entre las agrupaciones políticas debido a que conocieron esta adquisición a través de notas periodísticas, anterior a esto los fiscales nacionales desconocían la intención de las dos juntas electorales.
El departamento de Guatemala y el Distrito Central, según cifras de las propias juntas, aglutinan cerca del 22 por ciento del total de votantes, por lo que, afirman, necesitan de esta herramienta digital de conteo para garantizar el proceso del próximo domingo 25 de junio.
“No son sistemas, son herramientas que a nosotros nos ayudan ya no para hacerlo con papelito y lápiz”, señaló Álvaro Bravo, presidente de la Junta Electoral del departamento de Guatemala.
El Distrito Central también trató de defender la compra: “somos un libro abierto, efectivamente vemos que ha habido mala información”, dijo José Córdova, secretario de la junta del Distrito Central.
Las juntas afirmaron que en ningún momento su sistema transmite los resultados, y señalaron que tan solo es para llevar un conteo con mayor precisión, no obstante, los partidos políticos afirmaron que el contrato es opuesto a las declaraciones expuestas en la reunión.
Cuestionan el contrato
Los fiscales solicitaron públicamente al TSE anular este contrato, afirmando que existe una serie de contradicciones que lo ponen en duda.
Lorena Flores, fiscal de Cabal, explicó que al analizar el contrato encontró que lo expuesto por las juntas electorales es erróneo, ya que el documento sí contempla la transmisión de resultados.
“Sí hay una transmisión de datos, el contrato es claro, no pueden decir ustedes que no, lo subieron y acá está”, dijo la fiscal, que también señaló que el contrato no contempla ninguna penalización si se rescinde.
En total, las dos juntas electorales destinaron Q7 millones 621 mil 42 para la compra de este sistema, y a pesar de esta inversión, según Diego Blanco, fiscal del Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), no cuentan con parámetros de seguridad para el personal que tendría acceso a información sensible del evento electoral.
“Hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que aquí en el contrato dice que el único medio de identificación para el personal son playeras”, medida con la que se podría evadir el control y permitir que cualquiera acceda a los datos, advirtió el fiscal.
Despierta dudas
Los fiscales destacaron, que además de las contradicciones que expusieron los representantes de las juntas con lo que dice el contrato, existe otro factor a considerar, y este es el mensaje social que se transmite.
“Mi preocupación más grande es que ellos constituyen el 22 por ciento del padrón electoral aproximadamente, y qué sucedería si se contradice el sistema que están promoviendo con el oficial, y aquí lo que hay que dar es certeza”, señaló César Romano, fiscal de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
La crítica fue generalizada por los distintos partidos políticos, que ven incluso que este sistema es innecesario. “Al parecer ustedes están duplicando la transmisión de resultados preliminares”, señaló Elmer Palencia, fiscal de Valor.
Incluso para Diego Ronquillo, fiscal del Compromiso, Renovación y Orden (Creo), este sistema sí podría ser vinculante, ya que si es el que toman las juntas como legítimas, son ellos quienes adjudican los cargos municipales.
“Hay que decir algo que no se ha dicho, y es que este sistema es vinculante y el otro no –Datasys– y lo hace vinculante que este sistema utilizará las juntas electorales para poder oficializar los datos, mientras el preliminar solo servirá para proyectar el conteo de escrutinios”, explicó Ronquillo.
El debate fue tal que la reunión ameritó de un receso, tiempo en que los fiscales unificaron criterio y solicitaron la suspensión del contrato para las dos juntas electorales.
“Nos reservamos el derecho de accionar como estimemos oportuno, porque estamos sustancialmente preocupados por el desarrollo de lo que queda del evento electoral”, señaló Edgar Vásquez, fiscal de Unión Republicana, quien fue el vocero de los fiscales para exponer el tema.
TSE analizará contrato
Álvaro Bravo, presidente de la Junta Electoral del departamento de Guatemala, al ser cuestionado, afirmó que los medios de comunicación lo estaban “acosando”, y tan solo dijo que no habían hecho ningún pago del sistema criticado, por lo que que analizarían el tema.
Minutos después Bravo convocó a una conferencia de prensa donde dijo que no darán marcha atrás a la compra y uso del sistema.
Por su parte Irma Palencia, presidenta del TSE, señaló que el tema tendrá que ser analizado para determinar si continuará este contrato o si se aceptará la petición de los partidos políticos.
“El tema quedará en análisis del pleno de magistrados, tendrá que ser un análisis que debe de partir de los contratos, para comenzar; ya hemos instruido que en lo que estamos en estas reuniones el departamento jurídico para que inicie los análisis correspondientes de los contratos”, enfatizó la presidenta.
Bravo y los integrantes de su junta, ante una posible orden del TSE que ordene suspender el contrato, indicaron que el tema tendría que ser analizado a detalle. “Igualmente tendremos que tener una reunión con el TSE, estamos en esto juntos”, añadió Bravo.
Ante las dudas de los fiscales, las juntas electorales se comprometieron a tener un simulacro del sistema en cuestión el próximo lunes.
