No son problemas nuevos, pero sí desbordados en los últimos años que ha alcanzado a los 22 territorios del país. En Izabal, por ejemplo, el narcotráfico y la explotación ilegal de jade se convierten en brazas.
Los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, ahondar la crisis para que los grupos del crimen organizado penetraran en los consejos departamentales de desarrollo. Mientras que en Petén, Quiché, San Marcos y Huehuetenango, la frontera común con México, la hace vulnerable por el avance de los cárteles de la droga como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.
En el caso de Alta Verapaz y Baja Verapaz, aunque el narcotráfico también es latente, se suman otras disputas por la autorización de proyectos mineros e hidroeléctricos. En Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, también el litigio por tierra, ha cobrado otros matices y se vuelve en un desafío para las nuevas autoridades de Gobernación.
Los nuevos funcionarios, que hasta ahora hay más de mil 500 aspirantes a la terna final de cada departamento, se enfrentarán a estos y otros problemas.
Además, lucharán por disponer del control de los más de Q4 mil millones de que disponen los consejos departamentales de desarrollo.
La tarea, aseguran los especialistas, son muchas, y el primer paso para cambiar las cosas, está en la selección correcta y legal de cada perfil que debe responder a tres condiciones fundamentales: la honestidad, la capacidad y la idoneidad.
El estudio “las huellas de la narcopolítica” del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), recoge comentarios de políticos y analistas quienes ven en el narcotráfico un problema que ha permeado la mayoría de los territorios.
“Existe una multiplicidad de actores relacionados con crimen organizado, incluyendo grandes, medianos y pequeños empresarios ilegales, que entre otras cosas pueden ejercer control territorial o proveer servicios públicos en aquellos lugares donde el Estado o las instituciones son débiles”, revela el estudio.
El narcotráfico (y por ende la narcopolítica), según las opiniones que recoge Ipnusac, han permeado a los territorios de tal forma que se convierte en un desafío para devolver la gobernabilidad en los territorios.
Para Luis Velásquez, exsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, instancia que coordina a los Consejos de Desarrollo en el país, los desafíos para el gobierno de Bernardo Arévalo son muchos, y la elección de gobernadores es uno.
“Definitivamente hay presiones de distintos grupos, de distintas organizaciones, incluso de estructuras al margen de la ley, que no buscan el bien de la mayoría, sino los suyos”, explica Velásquez.
El exfuncionario considera que el gobierno actual deberá enfrentarse a esos grupos de poder para tratar de devolver la gobernabilidad en los territorios.
Velásquez considera que hoy los 22 departamentos sufren de problemas muy parecidos en materia de seguridad y de inestabilidad social. “Las tareas a que se enfrentarán los gobernadores son muchas, e indudablemente, serias”, explica.
“Me parece que ha llegado el momento de que el gobierno cumpla lo que ofreció en campaña. Que se vea una verdadera selección de gobernadores, que estén a la altura de las circunstancias, que retomen la gobernabilidad”, dice Velásquez.
Añade que también los gobernadores deben cumplir con la ley, garantizar el Estado de Derecho, la libertad, la propiedad privada, la vida, la libre locomoción, el derecho a llevar a cabo las actividades económicas, según la Constitución”, expone.
Para el profesor universitario y analista, Luis Fernando Mack, el desafío del gobierno será desmantelar esas redes de corrupción que están dentro de los consejos de desarrollo y que durante años han sido utilizadas por administraciones pasadas para construir feudos.
“No solo es el crimen organizado y las redes de corrupción, sino los clanes territoriales, como existen en Sololá y Totonicapán, por ejemplo, que están enquistados y han dominado por años”, explica Mack.
El especialista argumenta que, si no es la narcopolítica, son esos clanes los que hacen difícil la gobernabilidad en los departamentos.
“En el sistema de los consejos de desarrollo hay mucho dinero, manejan muchos recursos y los gobernadores han sido los garantes de esas redes de corrupción”, expone.
Mientras que para Velásquez, el Gobierno debe de dar una muestra de verdadera voluntad política para que haya un cambio en este sentido. “Lo prometieron en la campaña”, puntualiza.
“Yo sé que hay personas y grupos que han objetado algunas normas que han publicado actualmente. Es más, se escucha que podrían interponer amparos contra los nombramientos de los gobernadores, pero deben hacer lo que la ley manda”, argumenta.
Añade: “Entonces con pleno conocimiento de causa, una sugerencia constructiva a las nuevas autoridades es que no se compliquen, que cumplan lo estipulado en la ley y que se garanticen que las personas seleccionadas sean honestas, idóneas y capaces para el cargo”, manifiesta Velásquez.
En este sentido Mack coindice y acota que ha escuchado que en los territorios ya hay presiones sobre la sociedad civil para elegir a los candidatos que tienen el beneplácito de las redes de poder.
“Valoro que se busque la idoneidad para los nombramientos, pero las presiones de los grupos son fuertes. Eso se debe tomar en cuenta”, advierte.
“Sé que están coaccionando a la sociedad civil. Hay un peligro de que se compren las voluntades en el ámbito territorial de nuevo y que finalmente los gobernadores sean los que esas redes quieren”, explica Mack.
Agrega: “Hay una pelea muy fuerte. Algunos piensan, incluso, que en algunos lugares se va a entrampar la elección. El asunto es que aun cuando se nombrara a personas probas y honestas, estos poderes fácticos, podrían intimidad o atentar contra la vida de muchos personajes”.
“Se les debe dar acompañamiento”, alerta.
Para Mack la “verdadera sociedad civil, la comprometida con un cambio real, debe acompañar al Gobierno en esta tarea”.
El analista considera que se requiere de voluntad para lograr contrarrestar a esas redes de poder y narcopolítica. Velásquez, por su parte, añade que el gobierno, en consecuencia, no puede caer en la tentación de dar los puestos a los grupos que les apoyaron en la transición.
“Que el presidente de los 48 Cantones sea gobernador no es sano, porque ese es un vicio que se ha tenido desde siempre. De dar las gobernaciones como premio de consolación a candidatos a alcalde, diputados o amigos”, expresa Velásquez.
Blanquean recursos
Para el excanciller guatemalteco Edgar Gutiérrez, la selección de gobernadores es otro de “los grandes desafíos del gobierno del presidente Arévalo”.
“En los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei se consolidaron estas estructuras de crimen y corrupción que juegan un rol estratégico para, por un lado, los grupos de narcotraficantes que a través de los contratos de los consejos de desarrollo departamental blanquean buena parte de sus utilidades ilícitas y por el otro forman parte del botín de los diputados distritales junto con los contratos del ministerio de Comunicaciones para obtener dinero corrupto a través de contratación de obra gris para sus oenegés”, explica.
Gutiérrez añade que no sabe si se alcanzará a limpiar el ciento por ciento de esas estructuras, “pero si veo factible que pueda comenzar a darse pasos esenciales en los primeros meses de la gestión y para lo cual el gobierno necesitará el balance de la sociedad civil y de líderes sanos en cada departamento”.
“Quizá los departamentos más críticos sean San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén, además de algunos del oriente, que es donde más consolidadas están las redes del crimen organizado”, apunta Gutiérrez.
