Fue en la legislatura pasada —febrero del 2019— que el pleno convocó a las comisiones de postulación para que seleccionara a los profesionales que optarían al cargo. La convocatoria fue anulada, ya que la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads) presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en la que argumentó que hubo proceso anticipado de convocatoria.
En junio de ese mismo año, con 84 votos a favor, los diputados aprobaron un nuevo acuerdo para integrar ambas postuladoras. Ocho meses después, ambas comisiones entregaron las listas a la Junta Directiva del Legislativo, pero el procedimiento quedó suspendido temporalmente por un amparo presentado a la CC por el Ministerio Público (MP).
En junio del 2020, la alianza oficialista aprobó con 92 votos el acuerdo 14-2020, en el que se estableció un procedimiento para la elección de los magistrados de ambas cortes. El documento detalla la forma de elegir, sin plazos, sin límite de tiempo en la intervención de cada diputado y sin exclusión de candidatos.
El tema fue retomado en febrero del año pasado. La Directiva dirigida por el diputado de Vamos Allan Rodríguez dio lectura al acuerdo y determinó que formarían tres listas: la primera los que votaron a favor, la segunda en contra y la tercera los ausentes. Al finalizar la votación, se leería cada una de las listas de nuevo.
Ese mismo mes se votó por Roberto Jáuregui, en marzo por Mirna Valenzuela y en abril por Rogelio Can; ninguno obtuvo la mayoría de apoyo que se requiere para ser electo magistrado de sala.
Diputados están cómodos
“Sabemos y es notoria la razón de que no se haya hecho el cambio”, indicó Eleonora Murales, de Fads. La activista recuerda que en efecto fueron los primeros en presentar el amparo, pero lo que motivó la acción legal era corregir el proceso desde el inicio, con el fin de evitar impugnaciones durante el desarrollo de la elección.
El informe “Análisis de la prórroga indefinida de los magistrados del Poder Judicial”, elaborado por el Movimiento Pro Justicia, refiere que hay inacción por parte del Congreso. Explican que eso ha permitido la formación de condiciones favorables para que ciertos sectores políticos cuestionables coopten las instituciones de justicia y mantengan garantizado el poder.
Muralles coincide al manifestar que han prevalecido en estos años los intereses de grupos oscuros en el que vieron una corte integrada en su mayoría por magistrados que son afines al pacto de corruptos. “Entiendo que el Estado está cómodo con quienes están ahorita… el problema es que hay cooptación en todos los organismos”, señaló el diputado y expresidente de la Comisión del Sector Justicia del Congreso, Osmundo Ponce.
Para el Movimiento Pro Justicia, el Legislativo ha incumplido el mandato de votar para elegir magistrados. El cuarto secretario el Congreso, Aníbal Rojas, no coincide con dichas declaraciones y sostiene que se ha seguido el procedimiento, y que por ello se coloca el tema en las sesiones ordinarias, pero que cuando se llega al punto de discusión el quorum se desintegra, situación que se ha repetido desde el 2020.
Rojas resume que no hay interés de ningún grupo legislativo, ya que no lo plantean de forma individual. “El pleno es soberano y el que decide es la mayoría, se llega al punto y no se puede continuar”.
Un error de la CC
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), reconoce que hubo una sentencia de la CC que violó la Constitución y que se trasladó al Legislativo, en donde diputados de buena o mala fe se dieron cuenta de que no se puede cumplir. El investigador expresa que para un grupo de diputados se convirtió en una excelente estrategia para tener incidencia en las cortes, por lo que no existe interés alguno de elegir de nuevo.
“El ardid de ciertos congresistas es continuar con los actuales magistrados y hacer la convocatoria oportuna ya cuando estén por terminar los cinco años”, puntualiza Quezada.
