El TSE debe defender los resultados y fortalecer unidad informática, dicen analistas tras un año de ataques
Los últimos 15 meses que le restan a la autoridad electoral podrían transcurrir con una presidencia interina y un MP persistente con el señalamiento de un fraude electoral.
El TSE tan solo cuenta con un magistrado titular de cinco, por la inhabilitación que ordenó una sala penal. Fotografía: Prensa Libre.
El 5 de enero concluye el período de Blanca Alfaro como presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y no tiene reemplazo, por el proceso penal que mantiene inhabilitado al resto de magistrados titulares, pero la recta final del Tribunal se visualiza con retos, afirman analistas.
Las investigaciones en torno al proceso electoral del 2023 y sus resultados continuarán, según opinión de Pedro Cruz, integrante de Foro Guatemala, y de María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
En marzo del 2026 finaliza el período del actual TSE, pero antes de esa fecha el Congreso debe convocar a la Comisión de Postulación. La elección de los magistrados para el período 2026-2032 quedará en manos de la actual legislatura.
La presidencia del TSE le correspondía al magistrado Gabriel Aguilera, quien, junto a los tres titulares restantes —Irma Palencia, Rafael Rojas y Mynor Franco— enfrenta proceso penal por el caso Trep, una investigación que señala aparentes irregularidades en la compra del sistema informático utilizado en las elecciones del 2023. El expediente está a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos e hizo que los diputados de la novena legislatura les retiraran la inmunidad a los mencionados togados.
Junto a ese proceso, desde que finalizó el pasado proceso electoral se han visto requerimientos de diferentes fiscalías alrededor de las votaciones y sus resultados.
Defensa
Por la forma de trabajo que ha mantenido el Ministerio Público (MP) alrededor del TSE, es bastante probable que esas líneas de investigación se mantengan, considera Cruz. “A pesar de que hace más de un año cerró el período electoral, todavía hay presiones alrededor del tema”, señala.
Entre los distintos requerimientos de información, el MP accedió a detalles claves del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), que, de acuerdo con Cruz, hace prácticamente imposible que la herramienta que costó Q148 millones vuelva a usarse.
“El Ministerio Público llegó al código fuente del Trep con eso, y por lo que sé de tecnología, entiendo que el sistema también va a quedar disfuncional, por la forma en que el MP ha venido actuando. Con acceder al código fuente incluso se pueden alterar los resultados de una próxima elección”, sostiene Cruz.
En una rueda de prensa ofrecida en diciembre del 2023, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, dijo que, a su juicio, los resultados electorales deberían quedar sin validez, pero el TSE defendió sus comicios, actitud que, indica Cruz, se debe mantener.
“Hay mucha presión sobre el TSE por la forma en que los casos del MP se han ido desarrollando en las últimas semanas. Lo más importante de lo que les queda de magistratura es que se mantengan firmes con lo que ya se ha dicho”, añadió.
Aceña asegura que la hipótesis del MP podría mantenerse, pero destaca que el sistema electoral guatemalteco, que se compone, en buena parte, del voluntariado ciudadano, hace imposible un fraude electoral.
“El Ministerio Público tiene la certeza de que hubo fraude, con lo cual los guatemaltecos no estamos de acuerdo. Las juntas electorales tuvieron la capacidad de contar cada uno de los votos. Se recontaron los votos frente a todos los partidos. La verdad, nadie se esperaba que el partido político ganador, ganara, pero eso pidió la población”, sostiene Aceña.
Fortalecerse
Lo ocurrido en la última elección en el TSE nunca se había dado, apuntan los profesionales consultados, pero Aceña considera vital que ahora la actual autoridad, Alfaro, y magistrados suplentes se enfoquen en fortalecer la institución, de cara a la siguiente magistratura.
“Dejar un buen manual para los próximos magistrados de cómo manejar una elección. Hacerlo es bastante complicado; esto se debe escribir. De hecho, todas las juntas electorales lo hacen y dejan recomendaciones para las siguientes juntas”, explica Aceña.
Otro elemento que, a su criterio, también debe fortalecerse es la verificación de creación de partidos políticos, pero también prestar atención a la unidad de Informática, que en las últimas dos elecciones ha dejado procesos penales.
“El TSE debería hacer un análisis de cómo está operando la gestión interna, evaluar qué direcciones tienen que fortalecer, para dejar un diagnóstico y realmente poder hacer una reforma interna”, añade.
Pesquisa y solicitud
En las últimas semanas, la Sala Tercera Penal ordenó una nueva investigación contra Alfaro, quien solicitó información del caso penal que enfrenta el partido Movimiento Semilla. La información fue solicitada porque Alfaro buscaba datos antes de conocer una apelación de dicha agrupación, que accionó contra su cancelación. Pero Semilla, además, recusó a Alfaro, por lo que no podría conocer el caso y este quizá podría definirse con un pleno integrado solamente con magistrados suplentes, en el 2025.
ESCRITO POR:
