El vocero del Ejército, coronel Rubén Téllez, dijo que esto es lamentable y nada justifica el uso de la violencia, por lo que dichas personas deben responder de manera individual o como asociación de veteranos por esas acciones, porque ya causaron baja de la institución.
Explicó que no se trata de elementos activos, sino que luego de cumplir con su servicio militar se les dio de baja y se les puede considerar reservas militares denominadas disponibles y movilizables, según condiciones preestablecidas como la edad (de 18 a 65 años) y otras, pero insistió en que eso no significa que sean integrantes activos de la institución.
Las reservas a las que se refiere Téllez son: la reserva disponible, que comprende todas las personas de 18 a 35 años que hayan prestado servicio militar. La reserva movilizable, que son personas de 35 a 50 años que también hayan prestado servicio militar. Y la reserva territorial, son ciudadanos de 18 a 65 años que no hayan prestado servicio militar por algún tipo de enfermedad, discapacidad o condición, por la que no se les consideró para el servicio, pero que pueden ejercer funciones en el gobierno.
Estas tres clasificaciones funcionan en el caso de que se tuviera un conflicto con otro “oponente”, una guerra o un desastre natural. Para desastres naturales, se ha llamado a los reservistas militares que están en entrenamiento, que son alrededor de 3 mil y que, por ejemplo, están apoyando en el programa de vacunación contra el coronavirus.
En cuanto a si la institución castrense puede hacer un llamado a la tranquilidad, Téllez mantuvo la postura de que nada justifica los actos violentos, que los veteranos actúan de manera independiente y no tienen por qué obedecer un llamado del Ejército en ese sentido. Agregó que en el caso de manifestaciones, existen protocolos en las fuerzas de seguridad para actuar, como es el caso de la Policía Nacional Civil (PNC).
Verifican listado
Téllez también indicó que a finales de septiembre, las asociaciones de veteranos trasladaron varias nóminas que contemplan a más de 95 mil personas, las que están en proceso de cotejo con los datos de esa institución.
Los aspectos que deben revisar son si la persona prestó servicio militar, si finalizó el tiempo requerido, si causó o no baja por alguna situación irregular, y verificar si hay homónimos, entre otros detalles.
En este proceso se está invirtiendo tiempo y se ha asignado un grupo de 40 personas para la labor porque los datos anteriores a la década de 1980 no están en formatos magnéticos, sino en físico y se prevé que a finales de octubre o primeras semanas de noviembre, se finalice la labor.
Luego, los listados se deben enviar al Congreso porque en ese organismo está la iniciativa de ley número 5664, que contempla crear el denominado “bono de guerra por servicios” en cuatro pagos anuales de Q30 mil a cada veterano.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, indicó el 19 de octubre que están a la espera de que el Mindef entregue el viernes 22 de octubre las listas de las personas que tendrían derecho a dicha erogación. Al tener esa información, ya se puede comenzar a preparar el dictamen, agregó en esa oportunidad
Sin embargo, en declaraciones el martes por la noche, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, repudió los hechos de violencia y pidió que se persiga a los responsables. También expuso que se analizará y se está dialogando, acerca del monto que se podría otorgar, pero adelantó que “los Q120 mil que piden por persona es imposible, no hay presupuesto de la República que lo aguante y no hay impuestos de los guatemaltecos capaces de cubrir ese tipo de montos”.
El parlamentario dijo que muchas personas se dicen veteranos militares pero han aparecido muchos que incluso no tienen la edad para haber prestado servicio durante el conflicto armado interno (de 1960 a 1996).
Por ello, el Mindef está trabajando lo que se conoce como un estado de fuerza, para definir cuántas personas son; y si no tienen ese dato, financieramente no se puede emitir un dictamen que establezca el monto de recursos que se requerirán para ese fin, según Rodríguez.
Y mencionó que las personas están siendo manipuladas porque la iniciativa propuesta por dos diputados en la legislatura anterior es inconstitucional.
MP recaba evidencias
Personal del Ministerio Público ingresó el miércoles 20 de octubre al área afectada del Congreso por los disturbios del martes, para recabar evidencias de los destrozos causados por los supuestos veteranos militares.
Se verificó que seis vehículos fueron quemados (cuatro automóviles y dos motocicletas) y se registraron daños en la infraestructura y oficinas de diputados en el Palacio Legislativo.
Mientras tanto, los cuatro detenidos por las fuerzas de seguridad, fueron puestos a disposición de Juzgado Penal de Turno por el delito de terrorismo.
Peligroso ofrecimiento
Ronaldo Leiva, consultor en seguridad y defensa, indicó que el ofrecimiento de un bono por servicios se torna peligroso porque se hizo sin que exista una ley que lo avale y tampoco existen los recursos que se necesitan para financiarlo.
Lo que puede suceder es que se salga de control, agregó al explicar que el resarcimiento por servicio militar no está contemplado en ninguna ley o reglamento, pero fue un ofrecimiento de gobierno y están exigiendo que se les cumpla, pero deben acreditar que pertenecieron a las fuerzas armadas.
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A su criterio, no debe ser una cuestión de elegibilidad discrecional, además de que la petición del pago no debe hacerse por la vía violenta. Sin embargo, cree que disturbios como los del martes podrían seguirse dando, pero las fuerzas de seguridad son las encargadas de que no se salgan de la normalidad.
“El aspecto de manejar una idea de confrontación y de amenazas ya entra en peligrosidad, ninguna solicitud se debe hacer por medios violentos”, agregó.
PNC en alerta
Los agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran en alerta debido a las amenazas que los veteranos militares han hecho en las últimas horas. La noche del miércoles, una comunicación interna de la PNC pedía a los agentes “tomar medidas de protección y autoprotección”.
El documento, que circuló entre los oficiales de PNC de la Costa Sur, incluyendo a Suchitepéquez y Escuintla, explica que de “carácter urgente” se debe advertir a los agentes sobre la posibilidad de ataques de parte de los veteranos militares que incluirían “la toma de algunas sedes policiales, secuestrar agentes de la policía y botar puentes”.
Según la comunicación, los agentes de PNC deben “evitar el uso de distractores tales como teléfono y auriculares” y pide que tengan especial cuidado al realizar patrullajes y registro de personas y vehículos.
El vocero de la PNC, Jorge Aguilar, aseguró que la PNC se mantiene en alerta constante y que los agentes de PNC siempre cumplen con medidas de autoprotección cuando realizan su trabajo. Sin embargo, respecto al documento donde se citan las amenazas solo indicó que “no tiene ese contexto en el área”, pero evitó confirmar o negar la veracidad del mismo.
Sin embargo, dos fuentes de la PNC confirmaron a Prensa Libre que la advertencia es real y que los oficiales comunicaron a los agentes información sobre estas amenazas y el peligro que corren en Escuintla y otros departamentos durante este miércoles 20 de octubre.
Con información de Edwin Pitán y Juan Manuel Vega.
