Rivas llamó a la responsabilidad social de las compañías porque “la extorsión que ellos están recibiendo es gracias a las llamadas que se generan desde la cárcel y la señal telefónica es de las empresas”, según declaró.
El ministro insistió en que los bloqueadores instalados por las compañías no funcionan y por ello no impiden la comunicación entre grupos delictivos para coordinar extorsiones y otros delitos.
“No sirven. Entonces que las empresas, con toda su tecnología y pericia, no generen las llamadas desde estas cárceles”, pidió Rivas.
Instalan escáneres
Las autoridades hicieron la presentación del nuevo equipo para detección de ilícitos al ingreso de las cárceles.
De acuerdo con el ministro, una de las acciones paliativas es la instalación de los escáneres de rayos X y corporales en siete prisiones, y la otra es una estrategia de prevención para investigar, identificar, ubicar y detener a miembros de estructuras criminales.
“Existen grupos criminales que operan desde las cárceles del país, pero también grupos criminales que están en el medio libre. Los que causan las muertes están en libertad; los sicarios y cobradores, los banderas, están afuera. Las personas que llevan los teléfonos a las víctimas de extorsión están afuera”, enfatizó.
Una propuesta
La Comisión de Gobernación del Congreso trabaja, desde que el ministro de Gobernación hizo la solicitud, en una iniciativa de ley que está por ser presentada. Esta se encuentra en análisis de viabilidad y pretende que las antenas cercanas a las cárceles, y que les proveen señal de telefonía, sean retiradas, a fin de detener por completo el flujo de comunicación.
De acuerdo con el diputado Napoleón Rojas, presidente de esa sala de trabajo, el mayor inconveniente de la iniciativa son los poblados cercanos a las prisiones, ya que se quedarían incomunicados con la medida.
Además, la Comisión pretende dejar claro en la ley que “las telefonías son responsables de que no llegue señal a los centros penitenciarios”.
“Realizamos un análisis de todas las cárceles, de cómo funcionan los bloqueadores. Las telefonías son bastante responsables en este tema”, afirmó el diputado.
La Comisión se reunirá la próxima semana para discutir el asunto y espera que cuando esté lista la propuesta se apruebe de urgencia nacional.
No es el camino
El exviceministro de Gobernación y experto en temas de seguridad Julio Rivera Clavería opina que no es responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones detener las llamadas de extorsión, sino del Sistema Penitenciario, que debe prohibir el ingreso de celulares y accesorios utilizados por reos.
Para Rivera Clavería, los bloqueadores de señal deben ser el segundo elemento en nivel de importancia para detener los ilícitos. Lo primero debe ser el control interno: que pare el flujo de teléfonos móviles.
“El gran problema es la corrupción; ha sido generalizado en los últimos años”, dijo.
Agregó: “Los bloqueadores son un segundo paso que se puede dar para el control, pero sin afectar a los vecinos. ¿Qué culpa tienen ellos?”, argumentó.
