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El Congreso tiene como reto en 2025 impulsar reformas de país y mejorar en la calidad de sus decretos
Analistas reprobaron el primer año de la décima legislatura por emitir leyes calificadas de casuísticas, coyunturales y proclives a focos de corrupción.
Entre los temas que según analistas debería de impulsar el Congreso en su segundo año sería una reforma electoral. Fotografía: EFE.
El próximo 14 de enero comienza el segundo año de la décima legislatura, un Congreso que tiene entre sus desafíos impulsar leyes de beneficio colectivo y enmendar los errores cometidos en 2024, apuntan expertos.
El Organismo Legislativo finalizó su segundo periodo de sesiones ordinarias del 2024, su primer año de mandato, con la emisión de 36 decretos; sin embargo, la mayoría de ellos no contaban con bases técnicas o simplemente respondían a grupos minoritarios, apuntan las fuentes consultadas.
Este 2025, por segundo año consecutivo, la alianza oficialista consiguió hacerse con la Junta Directiva del Congreso y renovó la presidencia del Organismo Legislativo Nery Ramos, del bloque Azul.
En el primer año, la actual legislatura no logró impulsar una agenda de país que permitiera dar soluciones a preocupaciones sociales, apunta el Observatorio Legislativo, en el análisis del trabajo de los primeros dos períodos legislativos.
Las aprobaciones de decretos obedecieron a una coyuntura, sin una agenda concreta con temas específicos, señaló el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), que también midió la labor del Congreso en el 2024.
Ahora, la directiva que Ramos de nuevo encabeza deberá de solventar los errores de su primer año, por lo que deberá continuar con las conversaciones con los distintos bloques para conseguir los consensos, ante la ausencia de una fuerza política cohesionada, apuntan los centros de análisis consultados.
Los proyectos
El Congreso no fue el mejor en el 2024 y es necesario que este año mejore en la calidad de sus leyes, recomendó Alejandro Solórzano, del Observatorio Legislativo.
El experto apunta que existen al menos cinco reformas que el Congreso debería de impulsar en este 2025, si lo que desea es legislar a favor de las mayorías y no de manera sectorial.
“Se debe impulsar y aprobar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la ley de aguas, la reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo, los cambios a la Ley Orgánica del Ministerio Público y algunas modificaciones al Código Civil”, enumeró Solórzano.
Al no existir un bloque que funcione como “aplanadora”, como ocurrió en otras legislaturas, podría ser una ventaja, asegura Solórzano, quien explica que esto abre la posibilidad de negociar con sectores más amplios.
“Hay una dinámica que nos demuestra que existe un diálogo y conversación permanente entre bancadas. Estos diálogos deben seguir permitiendo consensos que permitan leyes que beneficien a la sociedad en general, y no privilegios, o peor aún, permitir corrupción e impunidad como se pudo ver en este primer año de la décima legislatura”, añadió el experto del Observatorio Legislativo.
Según Solórzano, la ley que algunos analistas calificaron como “especial” para el sector ganadero del país es uno de los desaciertos porque “promovía un posible lavado de dinero, que esta ley de incentivo para los ganaderos. Vemos con preocupación en que este decreto podría volverse en un foco de corrupción”.
Mejorar en 2025
Sí hubo leyes positivas, como la Ley de Competencia y otros decretos destinados a la salud, pero la mayoría no fueron de gran beneficio social, de acuerdo con el análisis de Francisco Quezada, investigador del Cien, que forma parte de la Alianza por un Congreso Eficiente, junto a la organización Guatemala Visible.
Para Quezada, el Congreso replicó muchas de las prácticas que fueron criticadas en la novena legislatura. Leyes de manera coyuntural, sin dictamen, de urgencia nacional y hasta aprobaciones cuestionables en plena madrugada, por ejemplo.
“El Congreso debe ser un ejemplo, y primero tendría que revisar la ley de su presupuesto, porque es antitécnica. Creo que vamos a tener muchos problemas por esos grandes rubros sin destinatario especifico”, indicó.
Para Quezada, es necesario que las comisiones de trabajo mejoren en la calidad de los dictámenes, pero también que el pleno no abuse de la figura de urgencia nacional, como una herramienta legislativa para evadir la discusión política, ya que hacerlo reduce la calidad de la normativa.
“En el primer año se dejó una mala calidad normativa en los decretos que fueron aprobados. Creo que hay un retroceso sustancial para el ordenamiento legal, se perdió en la redacción, profundidad, técnica y se dedicaron a normas con intereses”, expuso Quezada.
Uno de los temas, que a consideración del analista del Cien debería de ser una consigna para este año, es la reforma electoral que no fue aprobada para las elecciones del 2023.
“Todavía están a tiempo de hacer las reformas a la Ley Electoral, por supuesto que deberá ser una reforma para beneficiar la democracia y al electorado, y no a los partidos políticos. Esto —la reforma— no se puede hacer en el último año”, advirtió Quezada.
El Observatorio Legislativo también agrega entre las mejoras para el 2025 al Congreso, la rendición de cuentas.
“En el segundo año, el Congreso tendrá la responsabilidad de avanzar en pro del pueblo de Guatemala, por el diálogo, transparencia y rendición de cuentas. Que esto es algo que el Congreso ha olvidado y que la población lo ha resentido”, señaló Solórzano.
La agenda oficial
El diputado Samuel Pérez, líder del bloque oficial, sobre el inicio del nuevo período legislativo, destacó que ya tienen en mente una agenda en la que destacan proyectos que serán de beneficio social.
Entre estos, Pérez adelantó que se quiere impulsar la ley de aguas, una ley de medicamentos y avanzar en la revisión y actualización de la normativa de las alianzas Público–Privada, en donde el Aeropuerto Internacional La Aurora será una prioridad.
“Tuvimos varios retos. Nos tocó un proceso de transición importante: pasar de ser una oposición muy crítica a un régimen de corrupción a ser el bloque oficial, en el proceso de construcción de un régimen de democracia y transparencia”, dijo Pérez.
También destacó que en el 2024 se logró la emisión de decretos de calidad. “Yo hago un balance positivo de los resultados que logramos, como la Ley de Competencias y la Ley de Atención Integral del Cáncer; creo que eso era impensable si no hubiéramos tenido la oportunidad de diálogo”, agregó.
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