El tercer vicepresidente de ese organismo e integrante del bloque Visión con Valores, Armando Castillo, expuso ante el resto de integrantes de dicha comisión, que es importante ante esta emergencia del covid-19 y que debe haber un distanciamiento social, cuando las cárceles están hacinadas en un 300 por ciento.
Castillo manifestó que este tema no es fácil de resolver, incluso muchos tienen cuidado de no abordarlo porque puede haber señalamientos, malas interpretaciones. “Como legisladores responsables estamos para hacer lo que le conviene al país”, aseguró.
“Se está generando un alto riesgo para nuestro país, ya que hay un hacinamiento. El Sistema Penitenciario tiene capacidad para ocho mil personas, ahora rebasan las 25 mil personas, o sea más del 300 por ciento. En donde debería haber una persona hay tres”, explicó el diputado.
“Las personas privadas de libertad siguen siendo seres humanos y especialmente que entre los privados de libertad hay muchas personas vulnerables, personas mayores de 65 años, personas que padecen enfermedades crónicas y algunos con enfermedades terminales, incluso hay mujeres embarazadas dentro de estas personas privadas de libertad”, refierió.
Además, Castillo afirma que son entre tres mil y tres mil 500 las personas que se encuentran en esa situación, y que a algunos ni siquiera les han dado su primera audiencia y llevan dos o hasta tres años en prisión preventiva.
Para conocer más sobre el proyecto, el diputado indicó que el martes están convocados a otra reunión con integrantes del sector justicia, tomando en cuenta que ya llegaron a un consenso para presentar la iniciativa.
Castillo señaló que hay personas que ya cumplieron su condena o que ya tienen el beneficio para poder salir, pero nos contaron algunos abogados litigantes que sólo para pedir el expediente y empezar el trámite se lleva hasta dos o tres meses en los juzgados de ejecución. “En este momento hay mucho peligro de que los centros carcelarios se podrían convertirse en focos de contaminación y de propagación del virus”.
El tercer vicepresidente del Congreso indicó que recibieron a integrantes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el cual hizo una propuesta que fue avalada por el sector justicia y consiste en que se pueda crear un mecanismo en el que quienes están en esos sectores vulnerables puedan tener prisión domiciliar temporal mientras dure la emergencia.
Aprobar la propuesta
El Congreso tiene previsto sesionar el jueves próximo para aprobar de urgencia nacional la ley que permita liberar a los reos vulnerables.
Diputados confirman que en la sesión que se estaría convocando para ese día también se estaría aprobando la ampliación del estado de Calamidad Púbica por otro mes, y avalar también, ya sea un agregado al decreto enviado por el Ejecutivo o discutir el proyecto que quedó pendiente del año pasado, la iniciativa 5564 citada anteriormente.
Algunos parlamentarios cabildean con sus pares por considerar que es una “propuesta buena” y que sería para ayudar a las personas vulnerables, sin embargo, es para beneficiar a lquienes están ligados por corrupción y condenados por violaciones a los derechos humanos y de lesa humanidad, según algunos opositores.
No deben tener intereses personales
Corinne Dedik, investigadora senior del Cien, confirmó que hubo una reunión con integrantes del sector justicia. Ella expuso a diputados en calidad de experta técnica para abordar la crisis del Sistema Penitenciario. La profesional cree el Sistema Penitenciario está en condiciones complicadas y ante la emergencia del covid-19 se complica aún más.
La experta señaló que se hablaron de temas como el control telemático, la prisión preventiva y qué tipo de medidas se podrían tomar para abordar la emergencia del covid-19 para el grupo de privados de libertad en situación vulnerable.
“Nosotros lo que sugerimos -Cien- es que se les cambie la prisión en una cárcel, de manera temporal, por prisión domiciliar para que puedan guardar mejor su salud y su vida. La propuesta se basa en criterios técnicos y las experiencias de otros países por el coronavirus han dado a conocer que esas personas son las más vulnerables, y recalco que es una medida temporal por la emergencia sanitaria para resguardar la vida, por unos tres meses con opción de prórroga”, explicó Dedik.
Además, manifestó que la población privada de libertad es usualmente olvidada, pero si este virus entra a un centro carcelario va a provocar muchos contagios en muy poco tiempo, saturarían los hospitales y se vuelve un problema general para toda la sociedad.
“Quiero decir que no se aproveche una emergencia de esta magnitud para intereses particulares, porque estamos hablando de 25 mil personas privadas de libertad con aproximadamente mil 500 personas de avanzada edad, embarazos y grupos vulnerables. No es el momento de priorizar intereses personales, pues es un tema demasiado grave y delicado, y si en dado caso se legisla en ese sentido, que obedezca a criterios técnicos”, añadió la investigadora.
Aprovecharse de la pandemia
Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, indicó que en las cárceles de Guatemala existe un hacinamiento que no se puede negar, y que este es provocado por personas que ya están condenadas o que están en prisión preventiva y que llevan muchos años de estar a la espera de una resolución judicial.
“Nosotros vemos con preocupación que se quiera aprovechar la coyuntura de la crisis sanitaria por el coronavirus para abrir las puertas y excarcelar a gente que está condenada por violaciones a los derechos humanos y darle medida sustitutiva a quienes están a la espera de juicios en casos de corrupción”, dijo Ibarra.
La analista aseveró que les preocupa que la coyuntura de la pandemia se aproveche de la realidad del hacinamiento en las cárceles guatemaltecas para favorecer a los altos exdirigentes políticos que muy bien puede ser beneficiados, sobre todo si en el Congreso la mayoría vuelve a imponerse y toman decisiones que promueven la impunidad o “la mano suave de la ley” para este tipo de personas con problemas legales.
“Nuestro planteamiento es que si bien hay un riesgo sanitario por la pandemia, el hacinamiento, abandono y falta de higiene que se vive en la mayoría de las cárceles del país, y que esta es una realidad que debe ser abordada, creemos que no debe ser una decisión que tomen por la libre los diputaos, sino que sea el resultado de un debate con autoridades del sector justicia que puedan intervenir y den los diferentes puntos de vista”, concluyó.
