El 31 de enero pasado, el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Mario Duarte, adversó los cuestionamientos que Estados Unidos hizo sobre el uso de los Jeep J8 que circularon frente a la Cicig y la Embajada de ese país. Además, cuestionó las cifras sobre el trasiego de droga reportado por varios informes generados por ese país.
Las declaraciones generaron críticas de parte de congresistas y senadores demócratas en EE. UU. y partir de ambos hechos este medio solicitó información acerca del apoyo financiero que EE. UU. ha otorgado a Guatemala para la lucha contra el narcotráfico, a lo que se respondió: “En los años fiscales 2016-2018, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley comprometió más de US$25 millones —unos Q193 millones 785 mil 750— para programas antidrogas en Guatemala”.
Lea también: Ovidio Orellana y Stuardo Ralón van a segunda vuelta en el Cang
La respuesta aclara que la lucha contra las drogas es solo una parte de la relación bilateral.
EE. UU. “está comprometido a luchar contra el narcotráfico en Guatemala y en toda Latinoamérica, y la lucha antidrogas es una parte importante de nuestra relación bilateral. Sin embargo, esta lucha es solo una parte de la relación bilateral más amplia”, se indicó.
La Embajada resalta que el financiamiento que ese país ha otorgado para los otros tres compromisos de la agenda bilateral es de US$739 millones —unos Q5 mil 728 millones 306 mil 770— en los años fiscales 2016-2018.
El mensaje
El excanciller Fernando Carrera comenta que la declaración de la Embajada aclara que no basta solo con que el Gobierno coopere con la lucha específica contra las drogas, y que esta debe estar conectada con otros temas, como lucha contra la corrupción y la impunidad.
“Es en ese campo más amplio de apoyo a la lucha en general, contra la corrupción y combate a la pobreza que se percibe menos cooperación”, dijo.
De igual forma, Édgar Gutiérrez, exministro de Relaciones Exteriores, señala que la declaración de dicha misión diplomática se puede entender como la percepción de EE. UU. sobre que el Gobierno de Guatemala “no está haciendo su tarea en inversión social ni de la buena comunicación con la ciudadanía”.
Gutiérrez agrega que puede haber molestias por algunas acciones emprendidas por el Ejecutivo en torno a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), pero también porque se disolvió la unidad militar responsable de los mayores decomisos de drogas en los últimos años. “Esa unidad naval recibía apoyo de Washington”, explicó.
Según el internacionalista Oswaldo Samayoa la imagen de Guatemala cambió en el extranjero despuésla decisión sobre la Cicig, el uso de los jeeps J8 y los cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil.
Sin riesgo, según gobierno
Consultado por medio de un cuestionario, enviado a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, afirmó que Guatemala mantiene “una excelente relación con EE. UU. en materia de seguridad y combate al crimen organizado” y que esta “no variará”. “Trabajamos para que los esfuerzos sigan y se proyecta incrementarlos a través de programas conjuntos”, aseguró.
Afirmó que Guatemala es un buen aliado de EE. UU. y que la relación entre ambos países se ha fortalecido en los últimos años. “No existe riesgo alguno en la búsqueda de objetivos conjuntos, ello incluye acciones a favor de la transparencia, seguridad, desarrollo económico y justicia. EE. UU. es el principal socio económico de Guatemala”, dijo.
Lea también: Juez Víctor Cruz otorga arresto domiciliario a exjunta directiva del Seguro Social
Puntos que cumplir
Las condiciones del Congreso de EE. UU. al país para recibir cooperación son:
- Informar a sus ciudadanos los daños de viajar a la frontera sur de EE. UU.
- Combatir el tráfico de personas.
- Mejorar la seguridad fronteriza y prevenir varios delitos.
- Cooperar con EE. UU. y otros gobiernos para facilitar el retorno, repatriación y reintegración de migrantes ilegales que no califiquen para asilo.
- Cooperar con una entidad autónoma que provea una visión externa del Plan Alianza para la Prosperidad.
- Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y persecución de actuales y anteriores funcionarios que se crea que son corruptos.
- Implementar reformas policíacas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones, incluyendo aumentar la capacidad e independencia del sistema judicial y el Ministerio Público.
- Implementar una política que asegure a las comunidades, la sociedad civil —incluyendo indígenas y otros grupos marginados— y los gobiernos locales ser consultados en el desarrollo y la participación de actividades del Plan.
- Atacar las actividades de pandillas y el crimen organizado.
- Investigar y perseguir a personal del Gobierno, incluyendo policías y militares que se cree que han violado los derechos humanos.
- Cooperar con las comisiones contra la impunidad y la corrupción y con los entes regionales de derechos humanos.
- Apoyar programas para la reducción de la pobreza, expandir la educación y el entrenamiento vocacional para los jóvenes en riesgo, promover trabajos y crecimiento económico en áreas de migración.
- Implementar un plan con metas y calendarios para crear una fuerza policial civil y terminar el rol de militares en la política interna.
- Proteger el derecho de los partidos de oposición, periodistas, sindicatos, defensores de derechos humanos y otros activistas de sociedad civil para operar sin interferencia.
- Incrementar los ingresos del Gobierno, implementar una reforma fiscal y el fortalecimiento de las aduanas.
- Resolver disputas comerciales, incluyendo los reclamos territoriales, entre entidades de EE. UU. y el Gobierno.
Contenido relacionado
> Guatemalteco que colocó narcomanta está retenido en el Ministerio Público Federal
> Capturan a supuesto cómplice de la Rancherita en la zona 18
> Ministro de Ambiente devuelve reconocimiento otorgado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos
