Política
Ejecutivo quiere reformar la Onsec y cambiar las plazas temporales por permanentes
La medida se analiza como una alternativa para reducir los salarios elevados y prevenir las demandas.
Desde mesas de trabajo se analizan modificaciones a la Ley de Servicio Civil. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Desde el Ejecutivo se impulsan cambios en la Ley de Servicio Civil, que rige las contrataciones del Estado. Una de las prioridades que se discuten es reducir el personal temporal contratado bajo el renglón 029 —contratos temporales, que no superan un año— y trasladar a la mayor cantidad posible de empleados a un renglón permanente —011—. Este cambio también significa más presión presupuestaria en una primera instancia, advierten analistas.
La iniciativa de reformar la Ley de Servicio Civil se discute en una mesa de modernización del Estado, que busca cómo reducir la discrecionalidad en la contratación de personal. Esta mesa la integran instancias como el Ministerio de Finanzas (Minfin), la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP), la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec).
La secretaria Privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, detalló que se están realizando el análisis que será presentado en una reunión en los próximos días. La agenda de trabajo se basa en el servicio civil, transformación digital y acercar los servicios a la población.
"Lo que se está analizando, incluso, es ver de qué forma se reduce la recurrencia al —tipo de contratación temporal— 029. El ideal es hacer un Estado que tenga personal profesional y técnico, que se mantenga independientemente de los gobiernos, porque parte del problema es que cada gobierno que llega tiene el peso de tener que cambiar gente por los intereses que puedan tener de distintos grupos para utilizar esas plazas", explicó Tager.
La secretaria, una de las personas más cercanas a la Presidencia, señaló que la idea principal es que desaparezcan las contrataciones temporales y sean sustituidas por plazas permanentes y a largo plazo no afectar el presupuesto.
"El tema va sobre cómo ir haciendo ese equilibrio, cómo ir haciendo esos cambios, y que eso no lleve tampoco repercusiones, porque de lo contrario nadie lo va a hacer", acotó Tager.
Recientemente, en una conferencia de prensa, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, comentó que se realiza esta revisión del Estado para examinar los salarios que se perciben. Esto ante un cuestionamiento por lo que devenga el personal contratado como temporal en la secretaría que dirige.
Sentencias judiciales
Otro aspecto abordado por Tager es el reducir el personal contratado 029 y de esta forma prevenir denuncias al Estado por reinstalaciones y salarios caídos. Este aspecto sucede en todas las instituciones, y dentro del presupuesto se destinan cifras millonarias para cumplir con el pago de las sentencias judiciales.
Debido a las especificaciones y la normativa legal del renglón, el personal temporal no es un servidor público ni tiene una relación laboral con la entidad que lo contrató; sin embargo, al renovar esos contratos por varios años se genera una relación laboral y esto deja abierta la posibilidad de demandar al Estado por salarios no percibidos, beneficios labores —como vacaciones y bonos— y hasta reinstalaciones en los puestos.
"Al momento de que esta gente sale o que se cierran los contratos, se van a los juzgados, resuelven y entonces hay que volverlos a nombrar, porque lo está pidiendo un juzgado, aunque esa persona no esté funcionando o no esté haciendo las cuestiones cómo se debe", indicó la secretaria.
De acuerdo con los reportes del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoín), los ministerios, secretarías y demás dependencias del Ejecutivo han pagado solo este año más de Q774 millones 237 mil en sentencias judiciales. Las entidades que más han devengado en ese rubro son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Gobernación.
Tager hizo ver que se busca reglamentar para todas las entidades la cantidad de personal temporal que se puede tener, considerando también la capacidad de cada institución para evitar esos emplazamientos.
Limitaciones presupuestarias
El pago de sentencias judiciales han creado limitaciones para algunas instituciones. Por ejemplo, al inicio de la gestión de Bernardo Arévalo, varios jefes de las instancias dieron a conocer que no podían cumplir con ciertas obligaciones y que el presupuesto era insuficiente para cumplir con los dictado por los juzgados relacionado al pago de salarios caídos. Ese mismo aspecto podría ocurrir al incrementar las plazas permanentes, según el análisis de Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
"Es un tema que no solo es de reformar la ley, sino que también se debe tener la capacidad presupuestaria y, en verdad, analizarlo, porque a lo largo del tiempo ha sido usado —el 029— como un mecanismo con el que se pueden evadir los mecanismos de selección y de evaluación del personal que se establece en la Ley del Servicio Civil", explicó el experto.
Además, comentó la importancia que también se fortalezca el renglón 011, porque considera que al estar regulado en la normativa legal y ser permanente, no necesariamente significa que se cumplan todos los requisitos.
"Es importante reforzar los mecanismos de control para los procesos de selección y asegurarse que los candidatos tienen el perfil establecido para los puestos. En estos cambios es importante aplicar y reforzar los mecanismos de evaluación de desempeño", agregó.
Asimismo, añadió que en la ley se piden requisitos como títulos universitarios, que no son garantes de que la persona cuenta con la experiencia necesaria para desempeñar las responsabilidades que le correspondan, por lo que señaló que es relevante considerar la calidad de la experiencia en el campo.
"Que contratar a un 029 no sea por influencia de algún mando alto, sino porque en realidad requiere un profesional especializado en dicha área", recalcó Coyoy.
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