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Con esta propuesta no se pretende hacer reformas a la Ley de Contrataciones, cuyo último cambio entró en vigencia en el 2015, sino que se propone un nuevo sistema para adquirir bienes y servicios que serán utilizados por el Estado. Este se llamaría Sistema General de Adquisiciones del Estado (Sigae).
Una de las razones para replantear la forma de hacer las compras es que la actual forma de hacerlo está desactualizada, indicó el ministro.
Además, considera que se comprometen la competitividad, la agilidad y el dinamismo en las compras, debido a lo complejo de los procedimientos actuales para adquirir bienes.
“Son métodos obsoletos y no apropiados a las distintas características de las unidades ejecutoras”, indicó Martínez.
Lo que hace diferente este método del anterior es un sistema más íntegro, además de limitar las responsabilidades de los compradores, dijo el funcionario.
El Sigae tendrá una estructura interna presidida por un directorio, además de una junta de criterios, una dirección ejecutiva y direcciones de apoyo, también contará con un comité de evaluación.
Con la implementación del nuevo sistema se plantea la modernización del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras).
Los métodos de adquisición que se proponen son:
- Licitación pública nacional
- Licitación pública internacional
- Licitación pública limitada
- Acuerdo marco
- Subasta electrónica inversa
- Comparación de precios
- Adquisición directa
- Baja cuantía
Otro de los cambios que pretende hacer con el nuevo método de compra es que se definen cinco áreas específicas para adquirir los bienes y servicios:
- Obras: donde se incluyen servicios y montaje
- Supervisiones
- Bienes: que incluye servicios y obras
- Servicios que no son consultorías
- Servicios de consultoría, que incluye oferentes como persona individual y como persona jurídica
La página de Guatecompras registra las adquisiciones del Estado.
El ministro explicó que el nuevo método cuenta también con normas para evaluar regímenes especiales y exclusiones, busca que las adquisiciones sean sostenibles, verdes y que beneficien a la pequeña y mediana empresa.
También se incluyeron criterios de calificación y evaluación y un régimen de inconformidades y recursos para plantearlas.
La Comisión de Finanzas del Congreso comenzará mesas de trabajo durante marzo, pues la idea, indicó Martínez, es que esta propuesta no se presente como una iniciativa de ley del Ejecutivo, sino que se presente en conjunto para que avance de forma favorable, aunque reconoció que es poco probable que se apruebe y se implemente este año.
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Las quejas
Desde el 2017 el presidente se ha quejado de la dificultad de los funcionarios públicos para ejecutar el presupuesto debido a las restricciones en Guatecompras y de que la Contraloría General de Cuentas presente denuncias públicas por hallazgos financieros en los ministerios.
“Estamos trabajando con leyes que nos están impidiendo la ejecución, y no es cierto que los ministros no sean eficientes para ejecutar”, dijo Morales durante una visita a la sede del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en julio del 2017.
En esa visita, dónde se refirió a la intención de recuperar la red vial del país, Morales lamentó que las licitaciones y adjudicaciones para comprar materiales o rentar maquinaria duren hasta seis meses debido a los procesos de la Ley de Contrataciones.
Durante noviembre del año pasado, el mandatario también indicó que la Contraloría interpuso mil 500 denuncias en contra de los funcionarios públicos por procesos que deberían seguirse como administrativos.
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Cambios necesarios
Carlos Mencos, excontralor General de Cuentas, dijo en reiteradas ocasiones durante su gestión que había necesidad de cambiar la forma en la que el Estado hace las compras, por eso esa instancia abogó por cambios en la ley.
En la propuesta planteada por la Contraloría al Congreso se hacía referencia a la necesidad de cuatro grandes cambios: Hacer una segmentación para separar las contrataciones de bienes y servicios de la obra física o gris, robustecer el método de contratación a través del contrato abierto, fortalecer la subasta electrónica inversa, pero sin que el Instituto Nacional de Estadística fije los precios, sino dando oportunidad de competir en el mercado y eliminar o modificar el artículo 29 de esa Ley, que establece que la Junta de Licitación es quien calcula, en definitiva, el costo total oficial estimado de la compra.
Nineth Montenegro, quien participó en las reformas a la actual Ley de Contrataciones, señala que Guatemala necesita una nueva Ley, pues la actual, pese a que sufrió serias modificaciones para aligerar procesos y evitar el saqueo al erario nacional no es suficiente.
Montenegro señala que hay países en los que se ha modernizado la forma de hacer compras de parte del Estado, con la instalación de una Superintendencia de Compras, que evita la instalación de unidades de compras en las entidades y evita privilegios en el proceso de adquisición.
La diputada también señala que con las reformas a la Ley de Contrataciones se generó ahorro y ha dado frutos, pero debido a la necesidad de un cambio profundo se analizará la propuesta del Ejecutivo para analizarla y apoyarla o hacer los cambios que sean necesarios.
¿Avanzará?
Aunque el ministro de Finanzas tiene claro que la actual administración de gobierno no hará uso del nuevo sistema de compras, se espera que esto favorezca a las futuras gestiones; sin embargo, el proceso en el Congreso todavía es largo.
En los registros del Legislativo aparecen siete iniciativas para reformar la Ley de Contrataciones que están estancadas en la Comisión de Finanzas, a la espera de dictamen y comenzar el proceso para ser aprobadas en el pleno.
Estas siete iniciativas fueron presentadas entre junio del 2016 y octubre del 2017.
El diputado Rudy Castañeda, integrante de la Comisión de Finanzas del Congreso, indicó que el ministro de Finanzas entregará en los próximos días un borrador de la propuesta para el nuevo método de compras del Estado y que se trata de un tema urgente para el país.
El congresista señala que dicho borrador se analizará de forma pronta y sin razones políticas y que es un tema que se debe viabilizar.
“Uno de los problemas es haber hecho reformas a la Ley de Contrataciones, porque estas se hacen pensando en problemas específicos, pero las leyes deben ser de carácter general”, afirmó Castañeda, quien indicó que el mayor problema en este tema es la fiscalización, pues mientras esta no se haga de forma correcta ninguna ley será suficiente para garantizar la transparencia.
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