Lo anterior pondría en entredicho el sistema de pesos y contra pesos que establece la propia Constitución, a criterio de las fuentes consultadas, quienes indican que los artículos en cuestión son claros y no necesitan de un margen de interpretación amplio.
La convocatoria que emitió la CC señala que se dará respuesta a tres opiniones requeridas por la presidencia que buscan conocer los alcances de los artículos constitucionales 161 en su literal “b”, 166 y 168.
El primero de ellos, el 161 literal “b”, relativo a la irresponsabilidad de la que gozan los diputados al emitir sus opiniones. En los dos años de la novena legislatura ha sido frecuente que los congresistas de oposición critiquen con firmeza las decisiones del Ejecutivo.
Mientras el artículo 166 explica lo relativo a las interpelaciones, señalando que “los ministros de Estado, tienen la obligación de presentarse al Congreso, a fin de contestar las interpelaciones que se les formulen por uno o más diputados”.
Durante la administración Giammattei han sido interpelados sus ministros de Desarrollo Social, Gobernación, está en curso un juicio político al titular de Energía y Minas, y en lista de espera una más al ministro de Comunicaciones.
Por último el artículo 168 relacionado a las invitaciones o citaciones de funcionarios del Ejecutivo ante el Congreso señalando lo siguiente: “Asistencia de ministros, funcionarios y empleados al Congreso. Cuando para el efecto sean invitados, los ministros de Estado están obligados a asistir a las sesiones del Congreso, de las Comisiones y de los Bloques Legislativos”.
De esta forma, el máximo tribunal decidirá si existe obligatoriedad de los ministros de asistir y rendir cuentas al Congreso.
Desde el Gabinete
En junio del año pasado el Ministro de Trabajo Rafael Rodríguez y el Secretario Privado de la Presidencia, Janio Rosales, fueron cuestionados por un grupo de diputados de oposición, liderados por Carlos Barreda, por una reunión de gabineteque habría sido celebrada el 22 de mayo en la Finca Santo Tomás, en Escuintla.
Según los parlamentarios, en esa reunión se solicitó a los funcionarios documentos que evidenciarán las citaciones legislativas para, presuntamente, accionar legalmente ante la CC por las acciones de los diputados.
Durante la citación, el ministro Rodríguez admitió que había hecho una presentación al resto del Gabinete sobre la obligatoriedad de los funcionarios de asistir a las convocatorias de los diputados, sin embargo, negó que se haya hecho con el fin de presentar alguna acción constitucional.
“Había desconocimiento en la norma y ahora ocupando el cargo les ofrecí compartir mi experiencia previa”, respondió Rodríguez al diputado Barreda, cuando le cuestionó por qué había hecho un análisis sobre cuántas veces pueden ausentarse los ministros de las citaciones legislativas.
La CC finalmente fue consultada por el Ejecutivo y este jueves 13 de enero se conocerá su respuesta.
Buscan evadir la fiscalización
Dos expertos en Derecho al ser consultados por la vista pública de este jueves consideran que, pese a que no se tiene por escrito las preguntas puntuales del presidente, da la impresión que buscan una justificación para evitar las citaciones del Congreso.
Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC), señala que la postura del presidente es obvia. “Ya está clara la postura del presidente en realmente tener el poder a toda costa, esto implica que hacer una consulta de este tipo es que él (Giammattei) quiere manejar un poder absoluto con lo que podría buscar impunidad, ningún control y manejar la política a su antojo”.
Cux, estima que el simple hecho de formular consultas por temas obvios representa un peligro al sistema democrático y “se estaría atentando contra el sistema de pesos y contra pesos que plantea la misma Constitución, poco a poco se van eliminando esos límites que tiene la Presidencia”.
Por su parte la abogada Leily Santizo, analista independiente, considera que a pesar de cualquier intención que lleven esas opiniones requeridas por el Ejecutivo es imposible que se limite el trabajo parlamentario.
“La CC no podría limitar esa obligación que está establecida dentro de la Constitución y además ese mecanismo de control y transparencia que se tiene incorporado en la Carta Magna, se trata de un tema de rendición de cuentas y corresponde al Congreso ejercerlo”, explicó.
Santizo considera que por la forma en que están redactados esos tres artículos constitucionales no cabe el espacio a las dudas, ya que son claros en cuáles son las obligaciones que tienen funcionarios y ministros ante el Organismo Legislativo.
“Desconozco los términos en que el presidente habrá planteado las preguntas a la CC, pero sí le puedo decir que no pueden limitar esta institución de la interpelación; además es prudente identificar que si se leen los textos constitucionales son bastante claros y no hace falta ir o utilizar mecanismos de interpretación más allá de lo que dice el texto, la CC no podría contravenir con la obligación que establece el texto constitucional”, puntualizó.
Sin respuesta
Se consultó a Comunicación Social de la Presidencia cuál fue la razón por la que el mandatario requirió esas opiniones y si sería él quien personalmente acuda a la vista, sin embargo a este momento no se ha obtenido una respuesta.
Por su parte el equipo de Comunicación Social de la CC no ha podido compartir la fecha en que ingresaron las inquietudes del presidente, así mismo informó que la vista pública no será transmitida por sus redes sociales
