Ejecutivo busca recuperar el control del RIC

El Consejo Directivo del Registro de Información Catastral (RIC) ha sostenido durante varios meses un pulso para remover al director ejecutivo nacional, Acxel de León Ramírez, electo en 2017. El Consejo,   integrado por siete representaciones, está dividido. Los representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), del Registro General de la Propiedad, del Instituto Geográfico Nacional y de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam),  usualmente votan en un mismo sentido, y los   de los colegios profesionales de Abogados, Ingenieros e Ingenieros agrónomos suelen votar en oposición.

La iniciativa para remover al director ejecutivo nacional del RIC fue presentada el 29 de mayo de este año por el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Maynor Estrada, quien preside el Consejo Directivo. El asunto no llegó a discutirse porque no se aprobó el cambio de agenda para incorporarlo en sesión de ese día, sino que surgió una polémica para determinar si  para tomar las decisiones en el Consejo se necesitaban cuatro o cinco votos.

El reglamento del RIC establece que las decisiones se toman con el voto de la mitad más uno del total de  integrantes del Consejo Directivo (siete). Uno de los asesores jurídicos del Maga sostuvo ante el Consejo que la mayoría se logra con el voto de cuatro directivos.

 José Alberto Rodríguez Barrera,  asesor del RIC, y los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) opinan que la mitad más uno de siete integrantes es cinco. Rodríguez expuso que la mitad de siete es 3.5, y más uno da 4.5, por lo que se aproxima a cinco, de acuerdo con las actas del Consejo que fueron revisadas para esta nota, las cuales son públicas, pero solo puede accederse a ellas previa solicitud de acceso a la información. Con base en precedentes se concluyó que la mayoría corresponde a cinco votos, según Estrada.

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Rodríguez Barrera fue asesor del Ministerio de Salud y fue capturado por asociación ilícita y fraude en 2019, en el caso Asalto al Ministerio de Salud. Al consultar al RIC sobre la contratación de este, el encargado de Comunicación Gilmar Bobadilla respondió que un juzgado lo procesó por asociación ilícita y dictó sobreseimiento. “Al haberse determinado por parte de un juez que la persona no cometió ningún hecho delictivo (…), no existía impedimento alguno para su contratación”, y no se le puede limitar el derecho humano al trabajo.

Sin mayoría, entonces, el consejo directivo del RIC no modificó la agenda para discutir  la remoción de De León Ramírez. Ese estira y encoge paralizó las decisiones   durante tres meses, por lo que se desistió de la iniciativa para avanzar en el trabajo, explicó Estrada.

Consejeros del director

Dos de los tres integrantes del Consejo, cuyas acciones —votos en contra de modificar las agendas y ruptura del quórum— han permitido que De León Ramírez continúe en el cargo, tienen contratos en el RIC. José Luis Chapas Castillo, representante electo por el Cang, ocupa la plaza de Profesional especializado en asuntos específicos de la Dirección Ejecutiva Nacional, con un salario mensual de Q25 mil.

Chapas Castillo fue electo como representante del Cang ante el RIC por la planilla que promovió la agrupación gremial Plataforma de Profesionales por la Justicia y Unidos por el Derecho. Se postuló como candidato a magistrado de la Corte de Apelaciones  en el reciente proceso, sin  alcanzar los votos necesarios para integrar la nómina de aspirantes.

El delegado titular del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Sergio José Roberto Domínguez Barco, tiene un contrato por servicios profesionales para el RIC por Q20 mil mensuales, mientras que la representación titular del Colegio de Ingenieros la ocupa Jorge Luis Maldonado Echeverría, excontratista de servicios profesionales para el INE y de la Municipalidad de Guatemala. Es   hermano de la exdiputada Julia Maldonado, vinculada con el exlegislador Armando Escribá, con influencias en la administración del RIC, según fuentes que prefirieron el anonimato.

Aunque la iniciativa para destituir a De León Ramírez no prosperó en el Consejo, Estrada señaló que insistirán en pedirle que dimita del cargo.

Al respecto, Bobadilla indicó que De León Ramírez no está enterado de la iniciativa para su remoción, pues no se ha discutido en el Consejo, y, por lo tanto, “no está en sus planes renunciar”.

Bobadilla evitó responder la pregunta sobre el vencimiento del período  de las representaciones de los colegios profesionales en el consejo directivo del RIC, lo que podría cambiar la correlación de fuerzas para la destitución del director ejecutivo nacional.

Presupuesto

El RIC tiene como propósito el registro de los terrenos y   sus propietarios. Para este año cuenta con un presupuesto vigente de Q152 millones, el 93 % corresponde a gastos de funcionamiento y a octubre reporta una ejecución de 61 %, según el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin).

La proporción de gasto de funcionamiento se explica porque, para lograr sus objetivos, requiere de una estructura de trabajadores a escala nacional que, según el presidente de su consejo directivo, no ha logrado las metas esperadas.

Causales

Estrada sostiene que existen suficientes causales para que De León sea removido, principalmente  el incumplimiento de las metas de municipios catastrados. En contraste, Bobadilla expone que cuando Ramírez asumió habían sido declarados como catastrados dos municipios. De 2017 a 2023, 19 fueron declarados   catastrados, y en 2020 y 2021, años de la pandemia, no se catastró un solo municipio, según información oficial.

 De León Ramírez fue electo  director ejecutivo nacional el 17 de octubre de 2017, como resultado de un proceso de postulación que  desarrolló  el Consejo Directivo. Su elección fue unánime y los otros cuatro finalistas  no lograron un solo voto.

Dicho funcionario es ingeniero agrónomo y antes de su elección fue delegado del Colegio de Agrónomos en el consejo directivo del RIC, durante más de cinco años.