Esa cifra representa un récord negativo para la administración del Partido Patriota (PP), ya que al 20 de julio del 2012 la ejecución alcanzaba el 15 por ciento, al 6 de julio del 2013 llevaba el 13 por ciento y al 20 de junio del año pasado ni el 6 por ciento, lo que significa una caída en picada desde hace tres años.
Hay siete departamentos que no han comenzado a ejecutar obra: Huehuetenango, Sololá, Suchitepéquez, Santa Rosa, Izabal, Jalapa y Retalhuleu.
La ejecución total del 2014 concluyó en el 60 por ciento por parte de los Codedes, por lo que se proyecta que este año sea aun menor.
Efectos y excusas
El retraso de las obras implica que es muy probable que comunidades no obtengan el puente, camino, carretera, agua entubada y centros de Salud que les fueron ofrecidos por alcaldes y diputados para este año.
Tradicionalmente, los responsables de ejecutar los proyectos se quejan de que el Ministerio de Finanzas tarda en hacer el primer desembolso en el primer cuatrimestre, y que eso repercute el resto del año.
Además, los gobernadores —quienes presiden los Codedes— aseguran que los trámites para ejecutar la obra física son excesivos y lentos, como el obtener los estudios de impacto ambiental.
Otra excusa ha sido que las municipalidades se demoran en la formulación de los proyectos desde principios de año, por lo que se deben reprogramar las obras que no se hacen realidad.
Factores de atraso
De acuerdo con el economista Carlos González Arévalo, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), en la baja ejecución influyen varios sectores, pero en primer lugar, afirmó que el sector público es mal ejecutor, y no solo los Codedes, sino el Organismo Ejecutivo en general.
Recordó el experto que el gasto se acelera en noviembre, porque los recursos que no se ejecutan no pueden trasladarse al año siguiente, sino que van al fondo común.
“También es algo coyuntural, porque se está aplicando un plan de austeridad debido a que la recaudación anda con una deficiencia respecto de lo esperado, y ante eso lo que queda es priorizar el gasto y cubrir gastos que no se pueden postergar, como el pago de planillas y la compra de medicamentos”, ejemplificó González.
Para el politólogo del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Cristhians Castillo, un factor es el hecho de que la Cicig tiene procesos de investigación con unos 40 diputados y sus negocios con las empresas constructoras.
“Eso está llevando a diputados y constructoras a esa parálisis en la ejecución”, indicó.
Castillo coincidió con González en que persisten los problemas históricos, con la incapacidad de los Consejos en la contratación de personal sin las capacidades para integrar los expedientes de las obras, ni su diseño, costo y proyección financiera.
“Todo eso retrasa el tema de la ejecución de los proyectos, al punto que en tres años consecutivos Antigua Guatemala prefirió perder los más de Q20 millones para ello, porque no han tenido la capacidad de integrar expedientes y tienen que reprogramar y reprogramar”, añadió el profesional.
