A criterio de Claver-Corone, es necesario involucrar al sector privados de los países, para generar oportunidades de desarrollo en infraestructura y en generación de energía eléctrica y de paso reducir el precio del servicio en los países del Triángulo Norte.
Aunque aseguró que el gobierno de EE. UU. continuará cooperando con Centroamérica, no descartó recortes de la ayuda ya que el presidente Trump ve el problema como uno en el que se ha invertido para obtener resultados, pero estos no llegan.
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Claver-Corone agregó que, ante la ausencia de resultados, “hay que reorganizar y verificar los programas de ayuda”, lo cual es un reto no solo para los países del Triángulo Norte, sino también para EE. UU.
“Esa reevaluación completa la estamos llevando a cabo, obviamente con el objetivo de ser más eficientes en cuestión de desarrollo económico y seguridad. En cuáles son los más efectivos en nuestros programas de seguridad y ley y orden”, subrayó.
Lucha contra la corrupción
El funcionario estadounidense también se refirió a lucha contra la corrupción y cómo este flagelo es uno de los causantes de la pobreza que a su vez es uno de los principales motivos de la migración ilegal.
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En ese sentido, explicó que los programas de EE. UU. también están orientados a ayudar a las instituciones a combatir la corrupción porque el gobierno de su país está convencido de que no se mejorarán los índices de desarrollo ni las economías de Guatemala, El Salvador y Honduras si no se combate la corrupción.
No obstante, prefirió no opinar del por qué EE. UU. ha tenido una posición considera por algunos sectores poco contundente, respecto a la decisión del presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
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Millonaria ayuda
La cooperación que EE. UU. brindó a Guatemala solo entre 2016 y 2017 llegó a US$403 millones según datos de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, en inglés).
De ese total, se invirtió el 50 por ciento en programas destinados a seguridad, justicia, prevención de la violencia, reforzamiento de fronteras y control del narcotráfico, mientras que destinó el 43 por ciento para áreas como crecimiento económico, seguridad alimentaria y desarrollo rural. El resto se usó en temas de gobernanza, transparencia y derechos humanos. Similar distribución ocurrió en los otros dos países.
En total, para el Triángulo Norte de Centroamérica, EE. UU. aportó en esos dos años más de US$1 mil 196 millones, la mayoría también para programas de seguridad.
Migración
En la conferencia de prensa también participó Carlos Díaz, director adjunto interino de la Patrulla Fronteriza, quien advirtió que los migrantes que lleguen a la frontera sur de EE. UU. deberán tener paciencia para tramitar solicitudes de asilo en la frontera puesto que los puertos de entrada oficiales están “llenos”.
“Las personas que vengan a presentar su reclamo de asilo van a tener que esperar en México a que tengamos espacio y cupo en esos puertos de entrada. Van a tener que tener paciencia”, dijo Díaz, quien afirmó que, aunque sí permiten que las personas soliciten asilo, el problema es que los puertos de entrada no están diseñados para atender a un gran número de personas.
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Ayer, más de mil 500 migrantes que viajaban en caravana desde Honduras llegaron a Tijuana, frontera con San Diego, EE. UU. con la esperanza de que les permitan ingresar. Los hondureños partieron de su país el pasado 13 de octubre y en su camino se le unieron cientos de salvadoreños y guatemaltecos, aunque miles de ellos optaron por retornar a su país.
Según organizaciones humanitarias, por lo menos 13 mil migrantes llegaron en determinado momento a conformar la caravana.
En ese sentido, los funcionarios estadounidenses consideran que hacen faltan medidas para reforzar las fronteras de los países centroamericanos, así como las leyes de migración; sin embargo, no sugirieron la eliminación del acuerdo CA-4 que permite el libre tránsito por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua de los ciudadanos de esos países.
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