De acuerdo con el documento publicado por EE. UU., investigaciones emergentes y periodísticas han revelado como “las deficiencias legales y regulatorias en el mundo desarrollado ofrecen a los actores corruptos los medios para deslocalizar y lavar la riqueza ilícita”, por lo que buscan fortalecer la transparencia financiera y así tener claro quiénes están detrás de las empresas, que muchas veces suelen ser de fachada.
De acuerdo con la estrategia, es necesario fortalecer la investigación y la capacidad procesal en países cuyos gobiernos tengan la voluntad política de luchar contra ese flagelo, y así incrementar la cooperación de EE. UU. para el fortalecimiento y aplicación de la justicia.
En el caso de Guatemala, se proyectan capacitaciones para el Ministerio Público (MP) y sus fiscales, por medio de un amplio grupo de asesores legales que brinden “capacitación, formación y tutoría basada en casos al Ministerio Público guatemalteco” por parte de fiscales y de las fuerzas del orden de EE. UU.
Además, se incluye el apoyo a periodistas de Guatemala para promover la investigación periodística, pues en la actualidad estos son sometidos a presiones del Gobierno y organizaciones criminales, lo que va en detrimento de su quehacer diario. También se trabajará con periodistas de México, Nicaragua, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras y Paraguay.
Se consultó al MP si tenía detalles sobre el tema, tomando en cuenta que Washington sancionó a la fiscal general luego de haberla incluida en una lista de actores corruptos, y Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa dijo que “el Ministerio Público no ha recibido comunicación oficial al respecto, en ese sentido se estará a la espera de las comunicaciones correspondientes”.
“Revelaremos la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos contra la corrupción”, dijo un alto funcionario de la administración en una conferencia de prensa telefónica.
Dos campos de acción surgen de este programa del presidente Joe Biden, quien en el pasado describió la corrupción como un “cáncer” para las empresas.
Por un lado, se trata de endurecer la regulación de las transacciones inmobiliarias para evitar que se utilicen para blanquear dinero procedente del narcotráfico y otros tráficos ilícitos, malversación de fondos públicos o sobornos.
Y, por otro lado, se busca aumentar la transparencia financiera identificando mejor quién está detrás de las empresas fachada.
“Dado que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, entendemos que tenemos una responsabilidad particular de abordar nuestras propias deficiencias regulatorias”, dijo el funcionario.
Esto, agregó el funcionario, incluye una mejor identificación de los beneficiarios finales, es decir, los verdaderos propietarios de los activos financieros colocados en empresas fantasma.
El Congreso aprobó en enero una ley que requiere que las empresas estadounidenses declaren a sus beneficiarios reales al gobierno federal. Esto marcó un gran avance en Estados Unidos, donde las leyes al respecto son extremadamente flexibles, por ejemplo, en lugares como Delaware, hogar de Biden.
La Casa Blanca quiere regular mejor las transacciones inmobiliarias, especialmente cuando se realizan en efectivo.
“El mercado inmobiliario estadounidense sigue utilizándose como medio para lavar dinero”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado.
En un informe publicado en agosto, el grupo de expertos Washington Global Financial Integrity (GFI) estimó que, en los últimos cinco años, al menos US$2 mil 300 millones de dinero sucio se habían lavado a través de transacciones inmobiliarias en Estados Unidos.
“Cuando los funcionarios del gobierno abusan del poder público para obtener beneficios privados, hacen más que simplemente apropiarse de la riqueza ilícita. La corrupción roba a los ciudadanos el acceso equitativo a servicios vitales, negando el derecho a una atención médica de calidad, seguridad pública y educación”, señala el documento publicado por Washington.
Agrega que la corrupción “degrada el entorno empresarial, subvierte las oportunidades económicas y agrava la desigualdad” y que “a menudo contribuye a las violaciones y abusos de los derechos humanos y puede impulsar la migración”.
También refiere que “como amenaza fundamental para el estado de derecho, la corrupción vacía las instituciones, corroe la confianza pública y alimenta el cinismo popular hacia una gobernanza eficaz y responsable” y que “los impactos de la corrupción con frecuencia repercuten mucho más allá del entorno inmediato en el que tienen lugar los actos”.
De acuerdo con la estrategia impulsada por el presidente Joe Biden, “los actores corruptos sobornan a través de las fronteras, aprovechan el sistema financiero internacional para esconder riquezas ilícitas en el extranjero y abusan de las instituciones democráticas para promover objetivos antidemocráticos”.
No fue invitado
Guatemala es uno de los ocho países americanos no invitados a la Cumbre por la Democracia convocada por Biden, al igual Bolivia, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, y Venezuela.
El encargado de asuntos latinoamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, afirmó el jueves que Guatemala es una democracia que enfrenta “algunos desafíos”.
“Estamos muy preocupados por la corrupción generalizada en Guatemala”, dijo, y apuntó en particular a “las acciones” de la fiscal general, Consuelo Porras, así como a “las amenazas contra la sociedad civil”.
La administración Biden ha identificado a una veintena de “actores corruptos y antidemocráticos” de Guatemala, entre ellos Porras, lo cual supone restricciones de visado para ingresar a Estados Unidos.
Giammattei será recibido el martes por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
