El pasado lunes, horas después de que la fiscal general, Consuelo Porras, fue reelecta en el cargo por el presidente Alejandro Giammattei el Departamento de Estado de EE. UU. la incluyó en una lista de actores corruptos, antes ya figuraba en la lista Engel.
Inmediatamente, el Ministerio Público (MP) respondió en sus redes sociales que es una institución que no se encuentra subordinada a ningún ente internacional. Giammattei también ha sido beligerante al referirse a las listas de corruptos y señalamientos que EE. UU. ha hecho a Porras.
El Departamento de Estado también advirtió que considera “activamente designaciones adicionales bajo la Sección 353 de los Estados Unidos —Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte—”, nombramientos se dará a conocer en su momento.
McFarland cree tarde o temprano EE. UU. terminará endureciendo las sanciones debido al deterioro de la democracia en Guatemala que redunda en peores condiciones socioeconómicas y consecuentemente en más migración.
Solo en abril se produjeron 234 mil arrestos en la frontera sur, con lo cual suman 1.2 millones en el presente año fiscal, todo un récord.
Sin embargo, McFarland advierte que la solución para cambiar el sistema es un asunto que concierte a los guatemaltecos y en el que EE. UU. no tiene mucho que hacer.
Luego de su reelección, Consuelo Porras fue sancionada como actora corrupta, pero parece que estos nombramientos no les importan a los señalados ¿lo ve así?
En realidad, sí les importa porque si no les importada no dirían nada. Creo que estas sanciones han perdido su impacto, pero en la conducta de las personas, se ha reducido porque en el caso de Guatemala se han aglutinado distintos líderes, partidos, grupos de interés, algunos dueños de grandes empresas y se han puesto de acuerdo en que prefieren este sistema donde no hay independencia del Organismo Judicial ni del Ministerio Público. Estos grupos han decidido que es mejor aguantar el impacto de las sanciones que cambiar de conducta.
Otro factor es el grado de afectación de los ciudadanos. Normalmente no hay tanta efervescencia popular en Guatemala, con excepción del 2015, y la pregunta es hasta qué punto la gente va a aceptar esto porque este sistema no ofrece beneficios a la ciudadanía, al contrario, por eso es que hay tanta migración.
¿Si estas sanciones no impactan en la conducta de los gobernantes qué camino puede seguir EE. UU.?
En mi opinión, el Gobierno de EE. UU. debería armar un modelo de sanciones más enfocado en los actores principales, con consecuencias económicas y financieras, pero el gran desafío político en Guatemala es si el Estado va a seguir cooptado por el crimen organizado y el narcotráfico. Si bien EE. UU. tiene que adoptar una política esta respuesta tiene que surgir de los guatemaltecos. Es posible que de pronto los guatemaltecos concluyan que ya no lo van a aceptar más, esa decisión determinaría la posibilidad de retomar la ruta hacia la democracia.
¿Por qué cree que no hay esa efervescencia que se vivió en 2015 cuando tal vez hay más casos de corrupción que indignan?
Tal vez no tenga una respuesta muy clara para eso, pero quizás parte de la respuesta es que ha habido tanta desilusión con los gobiernos de las últimas décadas que la gente piense que todos harán los mismo y no se puede esperar algo mejor. Por otro lado, a diferencia del 2015 ahora grandes empresas están alineadas con el Gobierno y si alguien trabaja en una de esas empresas lo pensará dos veces antes de participar en una manifestación en donde puede ser identificado.
¿Qué tan cerca cree que está EE. UU. de aumentar el nivel de sanciones a económicas y financieras?
No lo sé. Lo que está pasando en Ucrania ha absorbido una enorme atención política del Departamento de Estado, pero EE. UU. sigue teniendo una migración muy grande desde Guatemala y Centroamérica. Además, me parece que el cierre de la independencia judicial de la fiscalía y el inminente cierre de otros espacios políticos, como las elecciones, las oenegés, o incluso el mismo periodismo se va a producir, y entonces EE. UU. va a tener por lo menos que responder a eso; aunque, repito, los actores fundamentales tienen que provenir de Guatemala y no de EE. UU.
¿Qué mensaje se puede leer cuando se ve la beligerancia con que los gobernantes de la región se dirigen a EE. UU., qué pasó con el liderazgo?
El liderazgo de EE. UU. no se puede medir si logra que los demás países estén de acuerdo con ellos. El liderazgo sería tener cierta capacidad de influir y tener un diálogo y ver en qué cosas se puede trabajar juntos y EE. UU. mantiene esa capacidad. Creo que las controversias de asistir o no a la Cumbre de las Américas —que se celebrará en junio en California—reflejan un cambio de perspectivas políticas en la región, el consenso hemisférico sobre la importancia del valor de la democracia, creo, se ha vuelto más débil.
Giammattei, Daniel Ortega y Nayib Bukele se dirigen a EE. UU. de una forma que era impensable hace unos años
Digamos, no es algo que hubiéramos previsto hace 10 o 20 años, —pero— en Nicaragua, Ortega quiere convertirse en un Anastasio Somoza y establecer una dinastía familiar. Bukele se ha vuelto un presidente autoritario que ha logrado concentrar todo el poder político de su país en su persona. Y en el caso de Guatemala hay una combinación de partidos políticos y líderes que han sido cooptados por la corrupción y el crimen organizado y eso con la anuencia del sector empresarial formal.
¿Con la reelección Porras cree que la lucha contra el narcotráfico está en riesgo?
Si bien siempre ha habido grandes retos en la lucha contra el narcotráfico, ahora está en una situación más grave. Hasta el momento este gobierno y los tres anteriores han cooperado en cierta medida con EE. UU. con ciertas capturas y extradiciones de narcotraficantes. Ahora, hay que entender que los extraditados son el resultado de operativos —investigaciones— de años donde participaban agencias como la DEA y la Policía, Ministerio Público y el Ejército en algunos casos.
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Pero la capacidad de tener ese tipo de cooperación se va a ir mermando porque se requiere que no haya ninguna interferencia política con la capacidad de investigar a los narcos y sus conexiones.
¿En cuánto tiempo cree que se verá el impacto en la lucha contra el narcotráfico?
En uno o dos años va a estar claro que estas nuevas estructuras de poder en el Organismo Judicial y en la Fiscalía van a tener un impacto muy negativo sobre la capacidad de conseguir información y monitorear a los grupos criminales, y por más que los líderes del Gobierno digan lo contrario y aunque tuvieran toda la intención de luchar contra el narcotráfico, van a encontrar con que su capacidad disminuyó rápidamente y vamos a volver a la situación de hace 20 años cuando en Guatemala se decía que todo el mundo sabía quiénes eran los narcos, pero ni la Policía ni el MP ni el Organismo Judicial podían capturar a alguien.
- Postura del MP
La oficina de Comunicación del MP respondió a Prensa Libre que el distanciamiento entre EE. UU. y la fiscal general, Consuelo Porras, no afectará el trabajo de la institución, y aseguró que el trabajo coordinado entre fiscalías, fuerzas de seguridad y agencias internacionales de investigación “sigue su curso”.
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Destacó que el año pasado hubo “resultados históricos” en cuanto a aprensiones con fines de extradición por delitos de narcotráfico —68, en total—, una “cifra récord que jamás se había alcanzado en la historia del Ministerio Público”, también se efectuaron incautaciones millonarias y se desarticularon estructuras del crimen organizado.
También destacó la cobertura total del MP a nivel nacional y la creación de modelos de atención integrales para grupos vulnerables y se implementó el Modelo de Gestión Integral de Casis (GIC) para dar respuesta a más de un millón 266 mil casos no atendidos en administraciones anteriores.
