La DGC tiene dudas sobre la disposición de la constructora brasileña Odebrecht de firmar el documento, el cual explica que no tomarán acciones legales.
La incertidumbre continúa, pese a que en octubre del año pasado el ministro de Comunicaciones, Aldo García, anunció en el Congreso que había llegado a un “feliz acuerdo” con la firma brasileña.
“Ellos —Odebrecht— no tienen ningún inconveniente con que pueda liquidarse prematuramente el contrato; por lo tanto, no van a reclamar daños al Estado, y se debe empezar el proceso de liquidación”, dijo García en esa ocasión.
La idea es que de manera amigable puedan ellos conseguir que se les libere el tramo donde el CIV no ha trabajado, pero si está contractualmente comprometido con ellos. De no firmar Odebrecht, el CIV no puede hacer reparaciones; hay que estudiar que hacer.
El director general de Caminos, José Hanser, explicó que después de que la Mesa de Alto Nivel, integrada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Contraloría General de Cuentas (CGC), recomendó firmar la ampliación del desistimiento, se comunicaron con Odebrecht para informarles y solicitarles la reunión en la que deben llegar a un acuerdo.
Del desistimiento a futuras acciones por los 97 kilómetros depende que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) pueda reparar ese tramo, que lleva más de dos años de deterioro y desde el año pasado está en licitación. A finales de enero se presentarán las ofertas por las empresas interesadas.
No ven disposición
“No es que hayan puesto peros, pero no estaban de buena gana. Siempre hay cosas que salen a relucir, han dicho que están pensando, por cómo está la situación, además de que sus abogados y representantes están lejos de Guatemala”, expresó el director de Caminos.
Según Hanser, el pacto con Odebrecht para el viernes consistirá en una reunión, por lo que no es seguro que acepten firmar el desistimiento.
“Al tener el acta firmada queda libre. El evento (de licitación) está para el 26 de enero; todo va en tiempo. Si no firman no se puede seguir con la licitación”, añadió Hanser.
En este proceso de liquidación, quien está a cargo es el Ministerio de Comunicaciones. Lo que había pedido esa cartera era una rescisión del contrato, pero eso no permitía solicitar daños y perjuicios, y lo que la PGN recomendó fue efectuar otro proceso. Recientemente no se ha emitido otra opinión.
Liquidación
Carlos Mencos, contralor general de Cuentas, explicó que la idea es que el contrato siga vigente porque hay procesos penales y no es posible rescindir de manera formal.
En este proceso de liquidación, quien está a cargo es el Ministerio de Comunicaciones. Lo que había pedido esa cartera era una rescisión del contrato, pero eso no permitía solicitar daños y perjuicios, y lo que la PGN recomendó fue efectuar otro proceso. Recientemente no se ha emitido otra opinión.
“El tramo queda vigente en el sentido de que no pueden recibir y liquidar mientras el proceso penal esté en desarrollo; lleva un tiempo mayor”, señaló Mencos.
García dijo el año pasado que, según cálculos, Odebrecht devolvería no menos de US$40 millones —unos Q312 millones— en concepto de trabajo pagado pero no ejecutado.
Hay dos denuncias del CIV contra Odebrecht, una por el avance en el pago y falta de trabajo y la segunda por no haber dado mantenimiento a la ruta.
Una investigación de Prensa Libre en 2017 determinó que el contrato había sido modificado en el costo por kilómetro, al extremo de que solo alcanzaría para la ampliación de 48 kilómetros de los 140.