El pasado 9 de mayo se dio a conocer que la candidata había denunciado por femicidio a un grupo de seis editores de “elPeriódico”, y aunque en principio la demanda fue rechazada, una sala de apelaciones revirtió el fallo, y se ordenaba al medio no escribir ni publicar nada de ella.
El desestimiento de Torres se da después de una avalancha de críticas tanto en el país como en el extranjero en contra de la aspirante a la presidencia, quien incluso fue calificada de “autoritaria” e “intolerante” a la crítica.
Reafirmando mi compromiso a la libertad de prensa, y cómo un gesto de apertura, en este día he presentado desestimiento de las medidas que me fueron otorgadas en protección de mi dignidad, especificamente las dictadas contra los editores de el Periódico. pic.twitter.com/nocFKm8maF
— Sandra Torres (@SandraTorresGUA) May 13, 2019
Según el abogado Edgar Ortíz, el desestimiento es “irrelevante” ya que las medidas de protección deben otorgarse.
“Por ser delitos de acción pública, el desistimiento es IRRELEVANTE. A partir de la resolución de la Sala de Apelaciones, la jueza de primera instancia está OBLIGADA a decretar las medidas de seguridad. ¿De qué buena fe hablamos?”, publicó el jurista en su cuenta de Twitter.
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Por tal razón, Corado expuso que la renuncia de las medidas de protección por parte de Torres “podría ser una acción mediática porque se ha visto muy presionada por los medios de comunicación”.
Agregó que el conflicto con Torres está lejos de terminar, pues aparte de la demanda en cuestión hay varios procesos abiertos en contra de elPeriódico iniciados por la candidata de la UNE desde hace dos años atrás, y por los cuales el medio ha tenido que gastar US$38 mil 500 (Q294 mil 524 según el tipo de cambio de este lunes)
Acusación
La denuncia que se hizo publica la semana pasada causó un profundo rechazo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su repudio por la orden judicial que prohíbe al medio publicar información sobre Torres, y afirmó que la medida responde a una estrategia política que busca censurar y amedrentar al matutino.
“Lamentablemente en Guatemala hay antecedentes de figuras públicas que de manera indebida utilizan a su favor leyes destinadas para otros fines con el objetivo de amordazar a los medios de comunicación que investigan y denuncian u opinan sobre la corrupción en la administración pública”, expuso la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, según un comunicado de la organización.
En Guatemala, la Cámara de Medios expuso que la denuncia, en principio rechazada por una jueza de primera instancia y luego avalada por los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones, es “espuria y puede dañar seriamente la libertad de expresión”.
Mario Alejandro Sandoval, vicepresidente de la Cámara, consideró que la resolución a favor de Torres por parte de la Sala es una “acción terrible” para la democracia, y más para la guatemalteca que aún es débil y está lastimada.
Lamentó que, con esa acción legal, la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) abuse de la Ley de Femicidio con fines políticos, y afirmó que de esa forma se pone en riesgo a las mujeres que en realidad han sido afectadas por agresiones.
“Ella es una candidata y personaje público a quien se le puede criticar por sus acciones, por lo que hace o deja de hacer, no veo yo en donde es un acoso o una agresión relacionada con la Ley de Femicidio”, apuntó Sandoval.
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