La normativa, según la CC, es ambigua y no separa el financiamiento electoral ilícito del anónimo, es decir, la procedencia de los recursos que se utilizan para una campaña electoral y que no son reportados al Tribunal. De esta cuenta, el Congreso debería de discutir cómo separar los recursos ilícitos del anónimo, para poder dividir de igual manera las penas.
Sin embargo, varios legisladores han propuesto que la reforma del artículo 407N se aproveche para desligar al secretario general de las responsabilidades financieras del partido, y atribuirle esas competencias al contador, en ese caso, de aprobarse una modificación se aplicaría la retroactividad de la Ley y podría beneficiar a Morales, al desligarle las responsabilidades por las que la Fiscalía lo señala.
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Con estos cambios también quedarían sin efecto procesos penales por financiamiento ilícito en contra del diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco; Roberto Villate, del extinto Libertad Democrática Renovada (Líder) y la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro.
“Le informó que no es posible acudir a nombrar un letrado, para dialogar sobre lo relativo a los alcances de la sentencia emitida por la Corte que presido, dentro del expediente 2951-2018, ello virtud que la sentencia debe ser entendible en términos jurídicos propiamente”, refiere la carta enviada al presidente de la comisión Luis Fernando Montenegro por la magistrada presidenta de la CC.
“De acceder a lo solicitado podría motivarse inhibitorias en futuros casos que se sometan a conocimiento del tribunal que presido, ello en atención a la jurisprudencia de este tribunal, relativa a la no obligación de los jueces y juezas de someterse al control político que ejerce el Congreso de la República y sus órganos integrantes”, señaló Ochoa
Temen ilegalidad
Para Boris España, el que no se haya reformado el artículo 407 N podría condicionar el trabajo de la comisión, que el próximo 25 de octubre tiene planificado entregar al Pleno la recomendación del antejuicio de Jimmy Morales.
“El tema de la reforma del 407 N es un tema de discusión de los Jefes de Bloques, que debe de ser urgente, incluso, después de la reforma podría quedar sin materia la solicitud de antejuicio contra el presidente”, dijo España.
El diputado Fidel Reyes Lee, de la UNE, también comparte las dudas de España. Fue él quien solicitó que la presidenta de la CC asistiera a una reunión con la pesquisidora por las dudas que le generan la aplicabilidad del segundo párrafo del artículo 407 N.
El parlamentario acepta que la normativa está vigente, pero considera que existe algunas dudas, sobre todo el alcance que tiene esta sentencia dentro del proceso de antejuicio del mandatario.
“La norma está vigente, pero la norma esta tildada de violatoria a principios penales, eso es lo que dice la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), nadie está diciendo que la norma no está vigente, el problema es que dice la Corte que está violando tres principios: racionalidad, proporcionalidad y justicia”, señaló Reyes Lee, sobre las dudas de continuar conociendo el antejuicio del mandatario.
“Yo lo que no quiero caer es en falsas expectativas; porque el artículo 14 -del Código Procesal Penal- señala que la duda favorece al imputado, entonces, qué pasa si despojan del antejuicio al presidente y un juez de sentencia dice que no hay delito, y lo deja libre; entonces, caímos en irresponsabilidad. Por otro lado, la sentencia indicó que el Congreso debe de reformar ese artículo por las falencias que el mismo posee, yo no quiero ser populista y caer bien con la gente, sino estudiar bien la sentencia para no crear falsas expectativas”, dijo el legislador de la UNE.
El presidente de la comisión pesquisidora, Luis Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala, considera que la comisión debe de practicar las diligencias que corresponden, necesarias para establecer la veracidad de los hechos.
“Debo de respetar las decisiones que como cuerpo colegiado se hayan tomado. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en la invitación de 120 personas, sin embargo, tengo que reconocer que como presidente de la comisión debo de respetar la decisión de mis colegas diputados e integrantes de la comisión”, manifestó Montenegro.
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Proceso legislativo
El pasado 12 de junio, en medio de manifestaciones, los diputados aprobaron en segundo debate la reforma al artículo 407 N del Código Penal, proyecto que reduciría las penas por financiamiento electoral ilícito, cambio que beneficiaría a los secretarios generales de los partidos políticos señalados por el Ministerio Público de incurrir en ese delito.
La iniciativa relacionada exime de responsabilidad a los secretarios generales de las agrupaciones, pero castiga a los contadores de los partidos y a quienes den los aportes sin reportarlos al TSE.
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