La segunda iniciativa es la 5266, conocida como “ley antimaras”, y tiene como objetivo reformar el Código Penal.

Este proyecto indica en su artículo 1 que comete el delito de terrorismo “quien, con la finalidad de alterar el orden público o el orden constitucional, coaccione a una persona que preste servicios públicos, de entidades nacionales o internacionales”. Esta iniciativa fue conocida el martes pasado en segundo debate en el pleno del Congreso.

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Opiniones encontradas

Walter Félix, diputado de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, considera que estas iniciativas son “altamente de corte represivo”.

“Entiendo que el Estado necesita utilizar la coerción para resolver algunos problemas, pero en el caso de estas iniciativas son puramente represivas y no van al fondo de los problemas, sino  únicamente quieren resolver por la vía de la represión las problemáticas”, señaló Félix.

Nineth Montenegro, congresista de Encuentro por Guatemala, resaltó que la Ley contra el Crimen Organizado ya tipifica todos los delitos que se les pueden imputar a las pandillas, por lo que considera innecesario efectuar las reformas propuestas, y en cuanto a la segunda iniciativa  afirmó que la tipificación de terrorismo “podría en algún momento ser interpretada de distinta forma por las autoridades”.

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Napoleón Rojas, quien presidió la Comisión de Gobernación que dictaminó la iniciativa 5239, indicó que en ningún momento se criminalizan las protestas o se veda el derecho de libre emisión del pensamiento con el proyecto de ley, y aseguró que para la redacción de la propuesta participaron los ministerios de Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores.

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“Normativas son un espanto”

Al ser consultado respecto del alcance de las iniciativas presentadas, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells dijo que estas normas son  “un espanto”.

“La represión en países con sistemas autoritarios utiliza dos versiones, la ley y la sentencia. Esas normas, al ser tan amplias, provocan reacción violenta por parte del Estado. De hecho, por ese tipo de normas no es lo mismo derecho que ley”, explicó el abogado, al referirse a los artículos que tipifican el terrorismo y los actos terroristas en ambos proyectos de ley.

Para el constitucionalista, si el Organismo Legislativo llegara a aprobar una ley de este tipo, sería un atropello.

“En un estado de Derecho,  normas así jamás serían viables. Esto es un abuso y debemos decirlo, es un acto de represión”, señaló Balsells.

Agregó que este tipo de proyectos son “justo y tal como el Congreso pensaba en las décadas de 1960 y 70”, y que solo puede considerarse que “quieren reprimir”.

El abogado también fue consultado sobre si en algún momento sería viable armonizar una ley para que fuera posible disolver una manifestación en cualquier momento, para aplicar la libertad de locomoción, que también está prescrita en la Constitución.  “No es posible. Son conceptos distintos”, precisó.

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