Con el fin del período de sesiones ordinarias, aprobar la ley que está en segundo debate es difícil y algunos, incluso, prefieren que sea en la siguiente legislatura, en el 2020, que se vuelva a conocer y evitar así reformas espurias.
El ponente de la iniciativa, el diputado Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, reconoce que la propuesta fue buena y, aunque necesita algunos cambios, hay que vigilar que no sean cambios que perjudiquen el sistema. Él prefiere que la discusión se retome el próximo año.
“Le hicieron mucho daño a la iniciativa. Es un momento complicado y sumado a la aprobación de aceptación de cargos y el rechazo y la crítica que está teniendo, no sé si es buen momento para aprobarla”, dijo Lira a Prensa Libre.
Oportunidad perdida
La necesidad de reformar el Código Procesal Penal para modificar los criterios de prisión preventiva es una necesidad que comparten tanques de pensamiento, principalmente porque para el Sector Justicia es necesario ordenar el espacio carcelario.
Hasta ahora, de los 25 mil privados de libertad, hasta 14 mil están en prisión preventiva, una condición que promueve el hacinamiento y es el origen de violaciones a derechos humanos.
Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señala que de las 16 mil personas a las que se les dictó prisión preventiva entre 2016 y 2018, en promedio pasaron o llevaban 335 días en prisión preventiva, lo que hace imprescindible las reformas.
“En el 90% de cosas que se estaban proponiendo estábamos de acuerdo, porque se estaba modernizando la legislación, y atendía recomendaciones internacionales. El problema es que la ley surgió en un ambiente entre conflicto de interés de diputados y eso le terminó de echar tierra a algunos cambios propuestos”, dijo Wálter Menchú, investigador del Cien.
Lorena Escobar, investigadora de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asíes), también reconoció durante el proceso de discusión de la propuesta, que era necesaria la reforma para lograr que la prisión preventiva fuera la excepción y no la regla.
“Que se piense que a través de estas reformas se va a lograr una reducción en el hacinamiento, porque ese es uno de los objetivos, es difícil llegar a reducir la cantidad de reos, pero para que funcione debe ir acompañada de otras normas como la creación de más prisiones, una cultura distinta sobre la prisión preventiva, sobre todo en jueces y fiscales”, dijo Escobar.
El diputado Lira reconoce que aunque la comisión permanente puede convocar a una sesión e intentar aprobarla, no sería lo mejor.
Según Menchú, lo que faltó fue más liderazgo de Lira para impulsar la iniciativa y llevarla al Hemiciclo. “Faltó gente con solvencia para empujar el proceso y el hecho de ser una bancada minoritaria perdió el liderazgo”, dijo el analista.
Cambios dirigidos
Gran parte de las críticas a esta nueva reforma del Código Procesal Penal señala que podría estar dirigida a beneficiar a políticos que actualmente guardan prisión, muchos de ellos por delitos de corrupción.
Otro grupo de críticas son a favor de los cambios y destacan que con una regulación más estricta de la prisión preventiva se ordenaría el sistema carcelario.
“Pasó —la iniciativa— los dos primeros debates sin ninguna objeción, sin que ninguna bancada ni diputado hiciera algún señalamiento (…) previo a la tercera lectura surgen estos comentarios o chismes de que aquí se quería favorecer a ciertas personas, que iban a salir libres ciertos grupos”, reflexionó Lira, al reconocer que “se ha satanizado” la propuesta y, por ahora, no debería conocerse.
Las 17 nuevas enmiendas que surgieron la semana pasada vinieron de forma anónima. Otro hecho para sospechar de las intenciones.
“Genera dudas. En mi opinión, no apoyaría jamás estas enmiendas y habría que ver quién se atreve a presentarlas. El tema es que haya algún diputado que dentro del Pleno presente una enmienda de curul y que tenga los votos”, dice Lira.
Menchú también ve un riesgo de trastocar los cambios con algún interés paricular. “Cuando esto cae en manos de otros, con conflicto de interés, empiezan a meterle mano y es muy fácil que se cambien cosas, porque no hay quién defienda el espíritu de la ley”, comentó Menchú.
Sobre si los cambios a la prisión preventiva podrían beneficiar a políticos acusados de corrupción, Menchú reconoce que sí y asegura que serían los menos y hay que ver el beneficio general, que es mayor.
“No aprobemos nada de eso, pero hay que ver otra propuesta, porque hay que buscar soluciones al problema, una carga excesiva y lenta. Los temas de otro tipo de cosas no judiciales podrían ayudar, pero debe haber un paso previo que es la reforma y es necesaria la reforma al Código Procesal Penal”.
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