Al Congreso no le pareció que el Registro rechazara las inscripciones de los legisladores Carlos Chavarría, Patricia Sandoval y Mario de León, y revocara la inscripción de Rudy Pereira, aplicando el artículo 205 TER de la Ley Electoral, que castiga el transfuguismo.
Guerra tuvo una breve intervención para señalar que el Registro de Ciudadanos es un órgano netamente técnico que hace su trabajo en base a decisiones técnicas y que hasta el momento hay inscritos unos cinco mil 600 personas para el proceso electoral.
El primero en tomar la palabra fue el diputado Carlos Barreda, quien cuestionó cuál era el proceso para verificar los finiquitos que los candidatos presentan en su papelería de inscripción.
Guerra respondió que el TSE tiene un convenio con la Contraloría General de Cuentas y que debido a esto hay un cruce de datos frecuentes para verificar la validez y vigencia de los documentos que los aspirantes presentan.
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Barreda afirmó que hay personas que tienen finiquito, pero posterior a eso hubo denuncias en su contra, y señaló puntualmente el caso de Thelma Aldana, exfiscal General y futura candidata presidencial del Movimiento Semilla.
Barreda señaló que Aldana no puede ser inscrita como candidata y preguntó al registrador qué haría en ese caso. Guerra respondió que al no tener el expediente no puede adelantar criterio.
La citación de a poco comenzó a subir de tono. El diputado Juan Manuel Giordano pidió a Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, que juramentara al registrador debido “a la importancia de los temas”, y así se hizo.
Posterior Guerra completó su respuesta y agregó que: “Si la persona tiene algún señalamiento posterior a recibir su finiquito es la Contraloría la que debe notificar sobre esta situación”. Barreda terminó su intervención al pedir “que se aplique la ley” y no se inscriba a personas que tienen un evidente impedimento.
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Transfuguismo
Luego de la discusión de los finiquitos los diputados comenzaron a cuestionar al registrador por los casos de diputados tránsfugas. Señalaron en particular que esto podría traer consecuencias. Giordano, quien fue elegido por el extinto partido Líder, tomó la palabra y cuestionó cuál es el criterio para revocar decisiones.
El diputado Giordano, quien entre la legislatura pasada y actual cambió cinco veces de bancada, recriminó al registrador sobre sus criterios y presentó varias declaraciones vertidas a medios de comunicación en la sesión.
El congresista aludió al caso de su compañero de bancada Rudy Pereira, a quien se le revocó la inscripción, pues fue elegido por la UNE y busca su reelección por el partido oficial FCN-Nación y terminó su intervención al decir que “le preocupaba” que el registrador hubiera cambiado de criterio tan rápidamente y pareciera ser “otra persona”.
A partir de este punto la citación pareció más una interpelación pues Guerra fue cuestionado por varios diputados, entre ellos Juan Ramón Lau, de Todos; Estuardo Galdámez, electo por el extinto Partido Patriota y ahora candidato presidencial del oficialismo; Inés Castillo, electo por Líder y ahora con la UNE; Alejandra Carrillo, elegida por el Partido Patriota y que busca su reelección con Podemos.
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Lau dijo que le preocupaba la situación de los diputados tránsfugas, particularmente por aquellos quienes fueron elegidos por un partido que fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral.
“Están condenando a los compañeros diputados que pertenecieron a esos partidos ya inexistentes a poder ejercer ese derecho constitucional de elegir y ser electos”, aseguró el congresista.
Lau también intercedió por su compañero de bancada Mario De León, quien tampoco fue inscrito, afirmó que esta situación viola derechos constitucionales y quien tiene la última palabra para la elección de dignatarios es el pueblo.
Estuardo Galdámez arremetió contra el registrador. Le recordó que solo puede hacer lo que la ley dice y aseveró que él no tiene la facultad de anular inscripciones, al hacer referencia a su compañero Rudy Pereira.
Galdámez afirmó que Guerra “no debe abusar de su autoridad” e interpretó la Ley Electoral al grado de decir que los diputados tránsfugas habían sido elegidos antes de que se aprobara la ley, por lo tanto esta no debía ser aplicada en este proceso electoral, sino hasta el próximo.
Inés Castillo afirmó que tomar la decisión de no inscribir a los tránsfugas es “someter al país en una ingobernabilidad” porque el artículo 205 Ter de la Ley Electoral “es nula de pleno derecho”.
“-Guerra- no lo hace por ignorancia, porque es un hombre conocedor del Derecho. Establezcamos a dónde queremos llevar al país. La Constitución faculta a los diputados a reelegirse y lo dice claramente”, críticó Castillo.
Alejandra Carrillo se refirió al artículo 175 de la Constitución, que menciona que para modificar las leyes de rango constitucional deben tener un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad.
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Carrillo hizo referencia que la reforma del artículo 205 TER no tuvo ese dictamen, la aprobación no fue correcta y que incluso hay una acción de inconstitucionalidad que no ha sido resuelta.
“Se cometió un abuso por parte de la Junta Directiva -de 2016, que presidió Mario Taracena- de publicarlo sin antes mandarlo a la Corte, como lo establece el artículo 175. Registrador, usted sabe de ese abuso e ilegalidad que se cometió. Tiene la obligación que solo los artículos legalmente aprobados sean los utilizados en el proceso electoral no puede utilizar un artículo fraudulento”, aseguró Carrillo.
Otros diputados como Raúl Romero, Manuel Conde y Óscar Chinchilla tomaron la palabra y también emitieron comentario sobre la situación al final la citación se extendió por casi dos horas.
Fue una catarsis
En rueda de prensa luego de la reunión, Guerra consideró que los comentarios de los diputados no eran presiones contra él para que inscriba a los tránsfugas. “Fue como un espacio de catarsis para poder sacar todos sus sentimientos porque se sienten perjudicados o creen que van a salir perjudicados”, reflexionó.
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No obstante, afirmó que los diputados de esta legislatura fueron quienes “crearon” el artículo 205 TER de la Ley Electoral y saben la motivación que tuvo ese artículo.
“Llegaron al extremo de decir que la norma es inconstitucional y que no se debe tomar en cuenta, pero hasta donde conozco la norma fue avalada por la Corte de Constitucionalidad, sigue vigente y es de aplicación obligatoria, mientras la Corte no la expulse del ordenamiento jurídico”, declaró Guerra.
Sobre el proceso de los finiquitos recalcó que no han recibido el expediente de Thelma Aldana y sabe que ni siquiera ha sido proclamada. “En cualquier caso todos los finiquitos están siendo verificados en la página en el acceso en línea que tenemos con la Contraloría”.
“Los finiquitos que verifiquemos que son válidos serán tomados en cuenta, más adelante la Contraloría que es la que le compete revocar o razonar el finiquito”, añadió.
Aldana cuenta con finiquito, a pesar de que hay una denuncia de la Contraloría en su contra por la supuesta contratación irregular de José Carlos Marroquín como consultor de la Fiscalía.
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