“Buscan dejarle la mesa limpia a los que están señalados para que no haya persecución en este tipo de delitos y va en contra del proceso de democratización del país”, señaló Félix.
Enrique Álvarez jefe de bancada Convergencia señalo que esas iniciativas se convierten en una cuestión imposible tener testigos que hayan estado en un nivel de involucramiento y que prácticamente lo que se plantea es la imposibilidad de sostener los procesos y si las personas tienen información es porque estuvieron involucradas.
“Me pare negativo que estás iniciativas sean presentadas al final del periodo legislativo cuando se pierde la inmunidad, no tanto por lo personal sino porque parece retroceso a un sistema de justicia, el esfuerzo debería de ser para fortalecerlo”, manifestó el diputado.
Rechazan iniciativas
Ambas leyes buscan reformar el proceso penal en materia de lavado de dinero, extinción de dominio y la ley contra el crimen organizado, en especial la aplicación de testigos y escuchas telefónicas.
“Es un retroceso en materia legislativa, este tipo de disposiciones las teníamos en 1963. Hay qué pensar qué va a pasar en cinco años, cómo esto quita herramientas al Ministerio Público para la persecución de organizaciones criminales como las pandillas, el narcotráfico, no es algo tan casuístico”, explicó María Fernanda Galán, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
Además, Galán ve que es una ley poco viable por la época en que se propone, ya que los diputados finalizan su periodo en enero próximo, en menos de tres meses.
Para el abogado constitucionalista Mario Fuentes Destarac las referidas iniciativas no deben ser rechazadas de inmediato, pero tampoco aceptadas, y señaló que debe existir una discusión sana sobre ellas.
Por su parte el analista económico Érick Coyoy coincide en que son iniciativas poco viables, ya que no cumplen con los estándares internacionales, en especial en el delito de lavado de dinero, debido a que reducen el alcance, al solo tomarse en cuenta como lavado el dinero proveniente del narcotráfico.
Coyoy explica que Guatemala tiene una evaluación pendiente en materia de lavado de dinero. “El país no los ha cumplido de hecho, tenemos una evaluación pendiente por parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina, seguramente en los próximos meses con la nueva administración se retomará”, indicó.
Uno de los principales riesgo que observa Galán es el debilitamiento a la persecución de pandillas y narcotráfico, e “indudablemente también lo es para la persecución penal en temas de corrupción”.
El Jefe de la Fiscalía especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, también coincide en que ambas iniciativas son un retroceso en la persecución contra estructuras criminales.
Explica que se afectaría investigaciones futuras, sin embargo, en el presente debe de realizarse un análisis, aunque resaltó que en materia penal las reformas tienen efecto inmediato.
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