Propone la iniciativa del diputado de la UNE que para imputar el delito de lavado de dinero primero se cuente con una sentencia condenatoria relativa al delito del que provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos.
Es decir, que no se podría señalar a alguien de lavado de dinero sin antes comprobar y demostrar ante un Tribunal la actividad ilícita por la cual habría obtenido los bienes. Además, la extinción de dominio de estos solo podría aplicarse cuando exista una sentencia condenatoria en firme de la procedencia de los recursos.
Extinción de dominio
Actualmente, la Ley de Extinción de Dominio ha permitido recuperar a favor del Estado dinero en efectivo y propiedades a personas que están señaladas de corrupción o lavar dinero, principalmente por negocios ilícitos como narcotráfico. Hasta ahora, los procesos de extinción de dominio se llevan de manera paralela a los procesos penales por las supuestas actividades ilícitas del sindicado.
El diputado de la UNE propone que la extinción de dominio “sea dependiente de la persecución penal por aquellos delitos que se le imputan a la persona, así como de la sentencia condenatoria”.
El artículo 20 de la Ley de Extinción de Dominio también se propone un cambio que incluye penas de hasta 10 años de cárcel inconmutables para los fiscales del MP que “maliciosamente, de mala fe o sin pruebas fehacientes promuevan la acción de extinción de dominio en contra de determinada persona y no se le probare en juicio su culpabilidad”.
Escobar, de Asíes, señaló que la Ley de Extinción de Dominio ha favorecido al Estado en la recuperación de bienes que puedan servir de utilidad para combatir la delincuencia y el crimen organizado, y al modificarla se tendría un alto impacto penal, de manera negativa en la investigación y persecución penal.
“Yo creo que no es porque hayan sido impulsadas por la Cicig, eso va más allá, es por la eficacia que han tenido en la desarticulación de bandas y organizaciones criminales, y no solo en los delitos de corrupción, sino en otros delitos, y la mayoría de los países con fuertes sistema de persecución penal, con una justicia fuerte, cuentan con esta herramienta”, manifestó Escobar.
Escobar explicó que actualmente se debe de demostrar que los bienes fueron adquiridos legalmente. “Esos temas ya se discutieron previo, durante y después de la aprobación de la ley y se entendió que la carga de la prueba, o quién estaba obligado a aprobar que el bien es legítimo es del acusado y no el Ministerio Público”, reflexionó la experta en temas jurídicos.
Organizaciones delictivas
A la Ley contra la Delincuencia Organizada, promovida por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y aprobada en el 2006, se plantean algunos cambios en la iniciativa 5641.
Entre estos destaca que se considerara “un grupo delictivo organizado u organización criminal a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista permanentemente”. Actualmente se tipifica como grupo delictivo cuando exista “por algún tiempo” y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos.
Ahí también se limita que se considerara una asociación ilícita de grupos delictivos los delitos de lavado de dinero “siempre que provenga directamente de personas vinculadas al narcotráfico y el terrorismo”.
Además, los cambios estarían limitando, en el artículo 14 de la Ley contra la Delincuencia, la obligatoriedad de entidades como la Superintendencia de Bancos, el Registro Mercantil o la Intendencia de Verificación Especial de colaborar. Establece que solamente pueden hacerlo “previo requerimiento de tribunal o juzgado respectivo, debiendo ser preciso y puntual”.
Según Ibarra, los avances se han dado en la medida en la que los operadores de justicia han aprendido en modelos que se aplican en otros países, se han ido mejorando los métodos de investigación. Guatemala está en un punto estratégico para el crimen organizado transnacional, el país está en una posición geográfica que la hace vulnerable a las diferentes dinámicas del crimen organizado que va desde el tráfico humano hasta la industria de la droga, robo de vehículos, trasiego de armas y lavado de dinero.
“Hay propuestas que tratan de desmantelar todo lo que se ha avanzado en diferentes temáticas y estas iniciativas van en esa misma línea. Pero vemos que no hay apoyo suficiente en el pleno para que estas cuajen o sean aprobadas. Unas, sin duda, sí serán aprobadas, otras no, pero por ahora hay un ambiente de no querer aprobarlas, ya que no quieren caer en lo que sucedió en el 2017 cuando intentaron favorecer a los políticos, pero favorecieron señalados de otros delitos”, concluyó Ibarra.
Diputado Salanic se defiende
El diputado Juan Carlos Salanic al ser consultado sobre sus motivaciones para la presentación de la iniciativa 5585, indicó que la hizo sin ser abogado, pero que tuvo el apoyo de técnicos, abogados y asesores y la inquietud le surgió hace un mes en una reunión en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso luego de citar a funcionarios del Ministerio Público, de aeronáutica y de la Policía Nacional Civil.
El parlamentario explicó que en esa reunión se trató el tema de las personas que salen de país de manera continua con US$ 6 mil y que según el Ministerio Público esa es una forma de lavar dinero.
“Yo soy de Quetzaltenango y el motor de la economía del occidente es el comercio y el movimiento del efectivo es de lo más normal, le voy a hablar de dos municipios: Almolonga y San Francisco El Alto ellos exportan sus verduras a El Salvador y Honduras y lo hacen de una forma muy común y que maneja mucho efectivo y eso no significa que ellos laven dinero, simplemente hay una desconfianza con el sistema bancario”, explicó el diputado.
El objeto de la iniciativa es que exista una investigación objetiva de donde está trayendo el dinero la gente y que no simplemente se suponga que como yo ando efectivo, ya es lavado de dinero.
“No es que yo tenga un interés en proteger el lavado de dinero. Esta iniciativa la presenté yo, mi bancada la interpreta de otra forma y no me apoya y si presente hasta ahora la iniciativa es porque yo no me estoy reeligiendo y estoy dejando abierto el debate alrededor de esta iniciativa, viene otros diputados y una lógica distinta en el Congreso”, expuso Salanic.
En la exposición de motivos el diputado señala que las leyes que se buscan modificar obedecieron a una línea de acción ajea a la buena voluntad de los legisladores, pero propiciada por intereses espurios y políticos parte de una agenda internacional que había ejercido tal grado de presión sobre los organismos de Estado y que trasgreden el sistema legal de naturaleza acusatoria.
Al cuestionarle sobre eso si la reforma era por las leyes que promovió la Cicig y organismos internacionales, el diputado lo negó y dijo que se refería a los bancos. El comercio como tal tiene un movimiento internacional en automático.
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