Según el diputado, los cambios son necesarios para defender la inocencia de la persona hasta que se demuestre lo contrario. Según consigna Salanic en la exposición de motivos, las leyes en cuestión “han causado un retroceso en la tendencia democrática de la legislación (…) propiciada por intereses espurios y políticos parte de una agenda internacional”.
La segunda iniciativa es la 5642 y fue presentada por los diputados del partido Todos Juan Ramón Lau y Felipe Alejos. Esta se limita a cambios al Código Penal y el Procesal Penal.
Los diputados fundamentan la necesidad de estos cambios en que se debe proteger la presunción de inocencia y los testigos, además “los testigos admitidos para ser escuchados en juicio cuenten con la idoneidad requerida para poderle dar valor probatorio”.
Para el secretario general de la UNE en funciones y diputado, Óscar Argueta, la propuesta de Salanic es presentada a título personal y hasta el momento no ha sido conocida oficialmente en la bancada, por lo que tampoco tiene apoyo del partido para una eventual votación.
“Hasta este momento desconocemos cuáles son los aspectos técnicos y jurídicos que él haya considerado para que se tuviese que modificar varias leyes”, dijo Argueta.
Al analizar ambas leyes como un paquete de cambios, se puede establecer que las reformas tocan, principalmente, la forma en que ahora se extinguen bienes, restringirían la divulgación de información de los procesos y pondrían más límites a las escuchas telefónicas, herramientas que actualmente sirven a distintas fiscalías, desde las que combaten la corrupción hasta las unidades que investigan delitos relacionados a pandillas y extorsiones, o el narcotráfico.
La propuesta, en círculos jurídicos ya es motivo de análisis, aunque las posibilidades de que se apruebe este año son discretas.
“Me parece que es un esfuerzo motivado por la coyuntura y desconocimiento del derecho. Cualquier reforma legal debe ser consecuencia de análisis serios, desapegados y sin conflicto de intereses”, dijo el abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino.
Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), manifestó que por ahora desconoce la intención de los diputados de sugerir reformas a estas leyes, pero el impacto que tendría es que el sistema de justicia se quedaría sin instrumentos y herramientas que han sido eficaces en la lucha contra la corrupción y contra el fenómeno de las pandillas y extorsiones.
Según Escobar, los diputados ponentes de los cambios no han medido el impacto social que podrían tener la modificación de estas normas legales.
“Es posible que puedan asumir el descrédito y es probable, porque algunos ya van de salida, y entonces ya no les interesa la imagen que puedan tener dentro del Congreso, misma imagen que afectaría al Legislativo”, refiere.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, manifestó que las dos iniciativas, como otras que han surgido en el pasado, incluso este año, buscan dar marcha atrás en numerosos avances que ha habido en materia de seguridad y justicia en los último 15 años.
“Lo que se está buscando -el Congreso- desde el 2017 es regresar mucho antes del establecimiento de la Cicig en Guatemala. Hay una tendencia equivocada de atribuirle a la Cicig todo lo aprobado en materia de justicia y seguridad en los últimos tiempos, la comisión si impulsó leyes, pero hay otras que se han derivado del aprendizaje normal del país en el concierto de naciones y por las amenazas externas que constituyen todas las actividades del crimen organizado”, señaló Ibarra.
Las normas se han ido adoptando por el país para defenderse del crimen organizado y afrontar la amenaza regional que sus dinámicas representan. Por “revancha” contra la lucha reciente contra la corrupción y la impunidad están actuando a romperse las rasgaduras, y podrían dejar al sector justicia y al sector seguridad desprovistos de importantes herramientas de lucha contra el crimen.
“Eso nos deja peor parados, porque muchas leyes y normas se derivan a tratados internacionales, foros regionales, compromisos asumidos por el país ante la comunidad internacional y no precisamente impulsadas todas por la Cicig”, manifestó la experta.
