GGM se encuentra dentro del asignaciones especiales del Ministerio de Gobernación y recibe del Estado Q9 millones para el funcionamiento de los Centros de Apoyo Integral para Mujeres (Caimus) que están ubicados en Suchitepéquez, Rabinal (Baja Verapaz), Escuintla y Guatemala. Estos últimos dos departamentos son los que mantienen alta incidencia en delitos contra las mujeres.
Desde hace tres gobiernos, esta organización ha recibido presupuesto del Estado para la atención de mujeres víctimas. En la administración de Carlos Menocal al frente del Ministerio de Gobernación, en el 2010, el presupuesto asignado pasó de ocho a nueve millones de quetzales, pero en los últimos años, la asignación de estos recursos ha sido tardía.
En su lugar, los diputados prefieren beneficiar al Instituto de Justicia Ciudadana (Injuci) con tres millones de quetzales.
Este instituto no tiene página web y su perfil creado en Facebook se encuentra desactualizado, la última publicación se generó en 2016 y en el teléfono que aparece para obtener información manda a buzón.
Se definen en su página de Facebook como una “asociación no lucrativa que presta servicios gratuitos a personas en pobreza y pobreza extrema para plantear acciones legales en beneficio de la sociedad”.
Esta no es la primera vez que los diputados desean excluir a una organización que lleva 30 años trabajando en la atención de mujeres para privilegiar a Injuci. En el 2019 la Comisión de Finanzas Públicas deseaba darle Q6 millones. Para ese entonces se conoció que uno de los fundadores, presidente y representante legal de la organización era Radge Rivera Aquino, quien fue aspirante a magistrado de la Corte de Apelaciones.
En el 2018, Rivera Aquino presentó una acción de inconstitucionalidad contra la prohibición del transfuguismo establecida en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. También trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno de Jimmy Morales y en Guatecompras aparece su contratación por servicios profesionales en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en febrero y abril de 2020 por Q60 mil.
Por no haberse aprobado el proyecto de presupuesto en los últimos dos años, el Inceju no recibió el dinero que proponían darle los diputados. Ahora, para este 2021, la Comisión de Finanzas y Moneda espera favorecerlo con Q3 millones a costa del cierre de los centros que coordina GGM.
En riesgo atención de mujeres
“No nos pueden decir que estamos pidiendo dinero para algo que no es porque hemos demostrado dar la atención las 24 horas a las mujeres que necesitan refugiarse, para nosotras no hay noches ni feriados, a la dimensión del problema no nos pueden quitar recursos”, reaccionó Giovanna Lemus, directora de GGM.
Lemus dice que en los últimos años han querido asfixiar la organización al no darles los recursos a tiempo ya que, según indica, hasta el momento no han recibido los Q9 millones que les corresponde par este 2021 y para el 2020 recibieron la transferencia el 27 de diciembre.
“Hay honorarios que no hemos podido pagar, para no cerrar conseguimos donaciones y con estrategias de sostenibilidad buscamos casas que sean para las mujeres”, agrega.
Hasta septiembre de 2021, los Caimus llevaban 622 procesos y han dado atención a 469 mujeres.
Aunque en proyecto de presupuesta se asignan Q17 millones 403 mil a otras organizaciones para el funcionamiento de casas que también funcionan como Caimus, Lemus rechaza que para ello se tenga que cerrar la primera casa que se habilitó como refugio.
“El Caimus de Guatemala cumple 30 años el 25 de noviembre. Nuestra propuesta inicial eran Q30 millones para todas las casas, pero en su lugar los diputados están cerrando las que ya existen para darles a otras”, agregó.
