Guatemala
Diputados aprueban ley para que alcaldes ejecuten en el 2025 fondos no utilizados este año
Según la SCEP, los alcaldes tendrán en los Codede un presupuesto superior a los Q7 mil millones el próximo año.
Los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (Codede) podrán utilizar dinero que no ejecutaron en el 2024 el próximo año. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)
Pese a no tener un aval de la Dirección Técnica del Presupuesto —del Ministerio de Finanzas Públicas— y pese a la preocupación de instituciones por la poca transparencia en la ejecución de dinero en obras públicas, el Congreso de la República aprobó este martes 5 de noviembre, con 124 votos, las reformas a la Ley de Agilización en la Ejecución de Obras de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, las cuales modifican la Ley del Presupuesto.
Los legisladores afirmaron que los cambios son para que “los jefes ediles tengan la oportunidad de mejorar sus municipios”. La normativa, que deberá ser sancionada por el presidente Bernardo Arévalo, autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano (Cocode) a utilizar los recursos no ejecutados este año para el próximo, aunque será por única vez.
La diputada del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez, dijo estar de acuerdo con la ley, porque se les ha exigido a los gobiernos municipales la ejecución presupuestaria, pero se debe garantizar que tengan herramientas para el desarrollo de sus territorios.
“No queremos generar una total desprotección y abrir al marco de cualquier acción. Creemos que, con esta herramienta de manera temporal, no permanente, queden establecidos los parámetros. Va a ser útil para que se ejecuten y lleguen los proyectos a las comunidades”, manifestó Gutiérrez.
Los legisladores Sergio Celis, del bloque Cabal; Boris España, de la bancada Vamos; y Esduín Javier Javier, de Cambio —exalcalde de Ipala, Chiquimula— afirmaron disentir de la aprobación de la ley en el corto plazo, pues los alcaldes necesitan más tiempo para ejecutar obras.
“Se está jugando con los alcaldes y faltándoles al respeto con las modificaciones a la ley”, comentó Javier Javier.
Samuel Pérez, diputado por Movimiento Semilla, afirmó que se llegó a un consenso con los legisladores para trasladarles los fondos no ejecutados a los Codede por una única vez.
Enfatizó que, si fuera a largo plazo, ocasionaría que el Ejecutivo tuviera menos fondos disponibles para poder priorizar otras políticas públicas.
Ronalth Ochaeta, también del oficialismo, mencionó que su bancada está a favor de la ley, siempre que se cumpla con los criterios de transparencia y que la inversión llegue las comunidades.
“Haciendo los esfuerzos correspondientes y juntando las fuerzas dentro del Congreso, gobiernos locales y poder Ejecutivo, podemos llevar ese desarrollo tan anhelado”, expresó el congresista.
Según la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de Presidencia (SCEP), el próximo año, los Codede recibirán Q4 mil 299 millones en recursos, con lo cual —sumado al residuo que quedaría de este año— manejarán un presupuesto de Q7 mil 621 millones.
Preocupación
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por “el proceso de aprobación de iniciativas de ley fiscalmente dañinas”.
A criterio del instituto, la Ley de Agilización en la Ejecución de Obras libera a los Codede de controles anticorrupción. En su análisis, agrega que los legisladores dieron el visto bueno a la iniciativa de ley sin dictámenes favorables por el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplán) ni de la SCEP.
“La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda dictaminó favorable esta iniciativa, sin contar con opiniones o dictámenes técnicos favorables de los entes rectores”, señaló el Icefi.
Además, manifestó que los defectos y anomalías técnicas de la iniciativa incluían la obligación de la cartera de Finanzas en trasladar a los Codede, al final del ejercicio fiscal, el dinero que no ejecutaron, independientemente del grado de avance físico o financiero de las obras.
“Contraviene los artículos 15 y 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, por lo que prácticamente exonera a los Codede de la obligación establecida en esas normas de reintegrar a la Tesorería Nacional los saldos de efectivo no ejecutados”, recalcó.
El Icefi también adujo que la normativa contraviene el artículo 14 de la Ley del Organismo Ejecutivo, ya que facultaría a las municipalidades a evaluar las obras de los Codede, cuando —según esa norma superior— esa es potestad de Segeplán.
La Alianza Técnica de Apoyo al Legislador (ATAL), en su análisis, comentó que se debe asegurar los principios de transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos.
ATAL señaló que la ley “introduce mecanismos que, si bien podrían tener el objetivo de optimizar procesos, requieren de una evaluación técnica exhaustiva para asegurar que se alineen con los principios de transparencia y eficiencia establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado”.
Agregó la medida parece orientada a dinamizar la inversión pública, y observó que no hay medidas fuertes para garantizar la eficiente ejecución de los fondos.
“La autorización para que los Codede soliciten ampliaciones presupuestarias sin la aprobación del Congreso podría generar acumulaciones de recursos sin la correlativa ejecución física de las obras, lo cual es un aspecto que requiere mayor claridad normativa”, argumentó ATAL.
*Con información de Henry Montenegro*
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