En 2009 entró en vigor la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip), que regula el derecho de la ciudadanía para pedir información pública al Estado o entidades que administren fondos públicos.
La LAIP ha sido utilizada por organizaciones de sociedad civil y periodistas que fiscalizan al poder. Sin embargo, su uso no solo es exclusivo para estos sectores. Cualquier personan puede hacer uso de la ley para exigirle al Estado información que le resulte de interés en ámbitos como la salud o educación, por ejemplo.
El 2020 reportó retrocesos y prueba de ello es que la cantidad de solicitudes de información que se realizaron disminuyó. Mientras que en 2019 se reportaron 86 mil 598 peticiones, el año pasado fueron 57 mil 763. Esta cifra es menor, incluso, a la que se reportó en los últimos cuatro años.
Lilian Sierra, titular de la Secretaría Ejecutiva de Acceso a la Información Pública (Secai) de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) explicó que este fenómeno se debe a que muchas personas están acostumbradas a hacer solicitudes de información de forma presencial en las instituciones, pero derivado de la pandemia las instalaciones se cerraron y por la brecha tecnológica no se pudieron plantear los requerimientos ante los sujetos obligados.
Esto es preocupante, dice Sierra, ya que la LAIP puede ser de utilidad para la ciudadanía en común y le puede brindar insumos para ejercer otros derechos.
“En el tema de salud, por ejemplo, no hubo una campaña de comunicación efectiva. La ciudadanía podría pedir que se le informe los requerimientos para poder vacunarse o cuáles pueden ser los efectos secundarios. Esto contrarrestaría la falta de información”, dijo Sierra.
Otro retroceso se dio en el tiempo promedio que demoran las instituciones en responder solicitudes. Mientras que en 2019 fue de 3.30 días, en 2020 fue de 4.34 días, según los análisis hechos por la Secai.
No obstante, la situación se agrava con algunas instituciones como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que excedió el plazo y se demoró hasta 72 días en entregar información. Esta institución es clave ya que ejerce la rectoría en el manejo de la pandemia de covid-19.
Incumplen obligación
Cada año, a más tardar el último día hábil de enero, las instituciones obligadas a rendir cuentas deben entregar a la Secai como autoridad reguladora un informe por escrito correspondiente al año anterior que incluya, entre otras cosas, el número de solicitudes recibidas y tipo de información requerida, el resultado de cada una de las solicitudes de información, tiempos de respuesta y cantidad de solicitudes pendientes.
En 2020 fueron 334 entidades que incumplieron con esta obligación, 15 más que en 2019. Entre las que más incumplen están las personas jurídicas que poseen licencias de explotación mineras y consejos municipales. Por medio de comunicación social de la Cámara de la Industria y de la Asociación Nacional de Municipalidades se consultó las razones, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. También figuran en este listado oenegés, fideicomisos, hidroeléctricas y municipalidades.
Esto imposibilita que la PDH pueda monitorear el nivel de cumplimiento de estas entidades, explica Sierra, titular de la SECAI.
Eddy Cux, de Acción Ciudadana (AC), considera que se pueden iniciar acciones penales o administrativas contra quienes incumplan la norma y la PDH tiene facultad de abrir expedientes y remitirlos al Ministerio Público para su seguimiento.
Cux agrega que otra dificultad para la PDH en la supervisión del cumplimiento de la LAIP se debe al escaso presupuesto con que cuenta.
“Legalmente hay una obligación del Congreso y del Ejecutivo en trasladarle fondos. Hay un amparo y el problema es que en Guatemala no se ha respetado la ley. A nivel legal la PDH sí ha obtenido las resoluciones (que ordenan más traslado de recursos a su favor) pero hay una cultura de desobediencia de las instituciones”, dice el entrevistado.
Lo anterior ha minado la credibilidad de las instituciones, comenta Cux.
Disminuyó actividad
La politóloga Marielos Chang considera que una de las razones por las que bajó la demanda de información es porque la pandemia redujo la actividad de organizaciones de sociedad civil y de medios de comunicación que fiscalizan las instituciones estatales.
“Estos dos grupos son los que mayormente hacen solicitudes de información para fiscalizarlos, para saber cómo se gastan los recursos públicos o formular políticas públicas. Además, la ciudadanía, que es otro actor clave, estaba enfrentando una pandemia y no tuvo dentro de sus prioridades el solicitar información”, dijo Chang.
