El ambiente era incierto antes de comenzar la sesión que retomó la discusión de las reformas que quedaron en suspenso desde el 28 de noviembre último. Tan evidente era la polarización que inclusive en algún momento se pensó que no habría quórum.
La primera disputa se generó con la llegada del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez; de la coordinadora adjunta de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ana María Upegui; y del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, quienes asistieron con la intención de apoyar a la Junta Directiva.
Algunos diputados vieron la visita como un mecanismo de presión. Uno de ellos fue Fernando Linares, quien al saludar a Velásquez manifestó: “Solo espero que no haya venido a presionar”. La respuesta fue un rotundo no. A ello el congresista respondió: “¡Qué me alegro, qué bueno, viva la libertad!”.
Estuardo Galdámez, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), indicó: “Los extranjeros que llevan a cabo una función en el país deben respetar nuestra soberanía y permitirnos a los guatemaltecos resolver nuestros problemas y desarrollar la democracia”.
Las mantas
La sesión se retrasó más que de costumbre, porque se requería de 105 votos, por tratarse de reformas a la Constitución. La discusión comenzó, y se concentró por cerca de una hora en la presencia de grupos en el palco de visitas del hemiciclo y por la colocación de mantas.
“No debemos permitir que un extranjero nos venga a presionar. Esa manta es ofensiva”, manifestó el diputado Mynor Cappa, al referirse a una pancarta de la Liga Propatria en la que se leía: “No al fraude constitucional. Todos somos iguales”.
Discusión
Pese a que la sesión se extendió poco más de dos horas, la discusión quedó prácticamente en la misma situación que el 28 de noviembre, cuando el expresidente del Congreso Mario Taracena rompió el quórum de la Junta Directiva para proteger el artículo. En esta oportunidad fueron los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) los que optaron por retirarse.
La discusión se generó luego de que diputados de los bloques Todos, Fuerza y Visión con Valores presentaran una moción para conocer nuevas enmiendas. Los opositores al reconocimiento del derecho indígena utilizaron esa iniciativa como argumento para detener la discusión, y adujeron que se estaría violando la Ley.
Según Eduardo Zachrisson, jefe del Partido de Avanzada Nacional (PAN), legalmente no es oportuno efectuar enmiendas, porque en noviembre pasado la discusión se detuvo en el referido artículo, no en las enmiendas.
Esa posición no la respaldó el diputado Oliverio García Rodas, del Movimiento Reformador, quien consideró que sí se puede retomar el debate, ya que el Congreso se encuentra establecido “como un órgano constituyente constituido” y no existe un procedimiento para efectuar reformas a la Constitución, por lo que no es necesario utilizar los conceptos que se usan para una ley ordinaria.
La moción se sometió a votación y solo logró 70 votos, de 105 que requería. Eso causó molestia, incluso del presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, quien se quejó de la falta de compromiso de algunos bloques.
“Hemos invertido horas en esto. Se supone que había acuerdos, acá está la prueba”, manifestó Chinchilla cuando levantaba una carpeta con enmiendas.
Según Adim Maldonado, de FCN-Nación, participaron en varias reuniones, pero no se tomaron en cuenta sus sugerencias, en las que pedían un registro de las autoridades ancestrales, entre otros documentos.
La UNE se retiró con el argumento de proteger el artículo. Se espera que la reunión se retome el próximo miércoles.
