Autoridades del Ministerio de Finanzas y diputados al Congreso de la República han manifestado en los últimos días que existe el riesgo que el plan de ingresos y egresos del próximo año no sea aprobado antes del 2 de septiembre, fecha límite que establece la Ley Orgánica del Presupuesto para hacerlo.
Si esto sucede, entraría en vigor el de este año, el cual asciende a Q112 mil millones por las ampliaciones presupuestarias que ha aprobado el Legislativo.
Para expertos en temas presupuestarios, la no aprobación implicaría falta de garantías en el buen uso de los fondos públicos y se carecería de una planificación adecuada en el gasto público.
Falta de prioridades y probidad
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que durante este gobierno no se ha dado prioridad a temas claves, como a las necesidades y derechos de la niñez, adolescencia y juventud.
Según el último censo, 4 de cada 10 personas en Guatemala son niños, niñas o adolescentes, pero se enfrentan a desafíos por el hambre, la pobreza, trabajo forzado y la inasistencia escolar, entre otros, advierte el Observatorio Mensual de la Inversión Pública de la Niñez y Adolescencia (Ipna) que gestiona el Icefi y Save the Children.
Del total del presupuesto vigente, son Q27.2 millones los que se destinan a este grupo poblacional de lo cual se ha ejecutado el 42 por ciento.
Entre las actividades gubernamentales del Ipna cuyo presupuesto ha sido recortado son la dotación de micronutrientes a niño y niña menor de cinco años a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), al cual se le retiraron Q61.3 millones, según el observatorio.
Se esperaría que el próximo año la niñez y adolescencia sea prioridad, pero de no aprobarse un nuevo presupuesto esto no ocurriría, teme Barrientos.
“Si algo ha caracterizado a la administración del Gobierno del presidente Giammattei es el menosprecio agresivo y explícito a los derechos y necesidades de la niñez, adolescencia y juventud de Guatemala. Al repetir el presupuesto vigente, no se priorizaría la inversión en la niñez y adolescencia, que incluye temas sensibles como la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la calidad educativa”, dice Barrientos.
Por su parte, Pedro Prado, afirma que lo ideal es aprobar un nuevo presupuesto acorde a las necesidades, pero de lo contrario habría que hacer readecuaciones sobre la marcha.
En todo caso, las prioridades las grandes necesidades, como la seguridad alimentaria y nutricional y el acceso económico de alimentos, ya que con este incremento de precios esto se hace más difícil”.
Prado advierte que no se debe perder de vista que hay efectos derivados de la pandemia que seguirán afectando a la economía, como la interrupción en la cadena de suministros. Por ello, se requiere de mayor efectividad en las entidades públicas para poder cumplir con las compras y contrataciones programadas.
Marvin Flores, de Acción Ciudadana, recuerda que una de las modificaciones a la ley del presupuesto vigente permitió a los Cocodes no reintegrar al 31 de diciembre al fondo común recursos que dejen de ejecutar, con lo cual podrían disponer de estos para utilizarlos el siguiente año.
Esto incrementa el riesgo del uso clientelar de los recursos, dice el entrevistado.
“El manejo clientelar se va a dar porque por eso han ampliado presupuesto. Por eso han tenido incrementos Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), Fondo Social de Solidaridad y el Fondo de Desarrollo Social y fodes. Ya está aprobado ese manejo presupuestario”, dijo Flores.
Finanzas: del Ejecutivo hay interés en aprobarlo
En ese sentido, se debe considerar que, al ser año de elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe contar con un techo para cubrir el proceso electoral, que incluye distintas etapas como la campaña y la primera y segunda vuelta.
Álvaro González Ricci, ministro de finanzas públicas, afirma que, de parte del Ejecutivo, al igual que de sectores de la administración pública, hay interés en que el presupuesto se apruebe, ya que la recaudación este año será mayor.
“Si recaudamos más habrá más traslado de recursos a municipalidades, deporte, TSE, etcétera. Por lo tanto, interés del Ejecutivo en que haya presupuesto, hay. La decisión será dentro del Congreso”, dijo.
Pero, si en caso no se aprueba y entra en vigor el de este año, hay que tomar en cuenta que las ampliaciones que se han realizado por más de Q6 mil millones seguirían vigentes como espacio presupuestario, pero no contarían con fuentes de financiamiento. Ello quiere decir que no se gastaría todo ese dinero, dijo Ricci.
“Al no tener saldos de caja esos espacios quedan simplemente como techo presupuestario sin financiamiento. A veces dicen que el truco es quedarse con el presupuesto vigente porque el techo es alto, pero eso no tiene sentido. Al contrario, aparecería que tenemos mala ejecución porque no reportaríamos ese gasto”, dijo el ministro.
En cuanto al presupuesto con el que contaría el TSE para el próximo proceso electoral, afirmó que actualmente tiene un rubro de Q500 millones para organizar lo relativo a elecciones. Este presupuesto se le asignaría de nuevo haya o no aprobación de un nuevo presupuesto.
