Política
Departamento del Tesoro pide más tiempo para responder a demanda de Miguel Martínez
El ex funcionario busca que su sanción bajo le ley Global Magnitsky sea revocada por falta de pruebas.
Miguel Martínez, ex director del Centro de Gobierno fue sancionado por Estados Unidos en 2023. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
El primer día de noviembre, la defensa legal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés) respondió a la corte solicitando seis semanas más para remitir la información sobre el proceso de remoción de la lista de sancionados bajo la Ley Global Magnitsky al ex jefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez.
En septiembre, Martínez por medio de un abogado estadounidense demandó a la Ofac, a la directora de la agencia, Andrea Gacki, y a la secretaria, Janet Yellen, debido a que llevaba siete meses solicitando por la vía administrativa que se cancele su sanción sin lograrlo.
La Corte del Distrito de Columbia había fijado como plazo el 11 de noviembre a la Oficina, que pertenece al Departamento del Tesoro, para remitir una respuesta sobre el caso de Martínez. El Fiscal General Adjunto, Brian Boynton -quien está defendiendo a la Ofac- solicitó la prórroga de seis semanas.
La extensión fue aceptada por Martínez y su abogado, Alexei Schacht, moviendo la fecha límite de respuesta hasta el 23 de diciembre. De acuerdo con el documento remitido a la Corte, por medio de un correo electrónico y un llamada con la defensa de Martínez, fue aceptado el plazo.
Martínez mantiene la postura que la Ofac está retrasando la eliminación de su sanción porque no tienen pruebas en su contra. En diciembre del 2023, el ex funcionario fue sancionado por estar involucrado, supuestamente, en cobro de sobornos a cambio de contratos del Estado entre los que señalan la compra de las vacunas Sputnik.
"Ellos indican que necesitan un poco más de tiempo, pero nuestra respuesta será que necesitamos una resolución pronta o seguiremos con la demanda, ya que esto mismo es lo que han hecho cada vez que pedimos información a la Ofac. Ellos no tienen prueba alguna de lo que me acusan, yo no he cometido ningún delito para ser juzgado en Estados Unidos", aseguró Martínez a Prensa Libre.
El caso
La demanda interpuesta en septiembre solicita que la Corte dictamine, si así lo considera, que su permanencia entre los sancionados es ilegal, que sea removido de la lista y que se paguen los costos y honorarios del abogado de Martínez y cualquier otro gasto.
La demanda justifica que a los tres días de haberse dado a conocer su sanción, se ingresó una solicitud directa a la Ofac para ser removido de la misma. Durante siete meses estuvieron manteniendo comunicaciones en las que la agencia les solicitaba más información sobre el ex funcionario.
Los documentos de la demanda señalan también que su inclusión en la lista carece de pruebas y es una persecución política en su contra. Además que ha causado daños económicos por no poder acceder al sistema global financiero y daños "irreparables de reputación y financieros" a su familia.
La Ofac incluyó a Martínez en la lista porque "buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco”, según el comunicado del Departamento del Tesoro cuando se dio a conocer la sanción.
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