En una conversación telefónica, el abogado enfatizó que alguien, al que no identificó, se está “atreviendo a tomar este caso” para “atacar políticamente” a Morales, quien asumió la Presidencia de Guatemala el pasado 14 de enero con un discurso acérrimo en contra de cualquier acto de corrupción.
El hijo de Presidente, José Manuel Morales Marroquín, y el hermano del mandatario, Samuel Everardo Morales, sobre quienes pesa una prohibición de salir del país, fueron mencionados por un testigo en un caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad (RGP), motivo por el que de forma voluntaria prestaron declaración en los últimos días ante la fiscalía, a pesar de que no han sido acusados.
Con el convencimiento de que ambos son inocentes, Barreno no duda en señalar que detrás de esta vinculación a la trama, surgida a raíz de que el vástago del presidente tuvo en 2013 una relación sentimental con una “familia común y corriente” a la que no puede mencionar por respeto a su intimidad, hay otros intereses, ajenos al derecho procesal pero a los que hay que enfrentar.
“Lo que tenemos en Guatemala son politiqueos”, proclamó enfático el abogado, que no quiere meterse en política porque “no hay política sana”, pero que no duda en asegurar que esta situación “no tiene sentido”.
Además, dijo, es una “falta de respeto”, pues sin señalamientos firmes aún no se ha determinado ni la responsabilidad penal ni el grado de participación, pero los medios no dudan en hacer acusaciones.
Supuestamente, los dos familiares del presidente de Guatemala podrían estar relacionados con la empresa Fulanos y Menganos S. A., implicada en la trama, pues tal y como contó Morales en un mensaje a la nación el martes, la única vez que habló del caso, su hijo y su hermano quizá tuvieran “alguna relación por cotizaciones de alimentos” con la firma.
Fulanos y Menganos S.A. es una entidad que salió a la luz el pasado 1 de septiembre, cuando la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desarticularon una red de corrupción en el RGP que defraudó más de Q3 millones y por la que está procesadas 18 personas.
La investigación desveló que entre enero de 2012 y mayo de 2015, se autorizó la firma de 16 contratos laborales anómalos, conocidos como “plazas fantasma”, los cuales recibieron más de 3 millones de quetzales como remuneración por un trabajo no realizado, aunque no asistieron físicamente a su puesto de trabajo.
En este marco, la empresa Fulanos y Menganos fue presuntamente contratada para dar servicio de desayuno a unas 524 personas por un importe de 90.000 quetzales (11.964 dólares), pero finalmente el evento no se realizó.
El abogado defensor, enfático en decir que estos hechos corresponden a 2013, muy anterior a la vida pública del presidente guatemalteco, asegura además que la Fiscalía no le ha dado acceso a las pruebas en contra de sus clientes, por lo que se siente “indefenso como profesional”.
“(Ellos) sabrán porque no nos dan información completa”, reitera este profesional del derecho criminal, quien asegura que sus patrocinados “nada tiene que ver” con el Registro de la Propiedad ni con una compra realizada por el ente.
La medida de arraigo, dictada por un Juzgado a petición de la Fiscalía, es algo “normal en Guatemala”, se trata de una medida “precautoria” que tiene como fin garantizar el debido proceso, explica con calma.
Resalta que el hijo del presidente haya tomado la decisión de “dejar de estudiar” en el extranjero, donde se encontraba, para someterse al debido proceso.
Barreno será el encargado de acompañar a los dos familiares del presidente en el proceso, del que pide separar a Morales, quien acudió a su persona “como padre de familia” y como “ser humano” para atender una emergencia familiar.
“¿Qué hubiera pasado si Jimmy Morales no hubiese asumido la Presidencia?”, se pregunta lacónico y, acto seguido, se autorresponde: “Qué esto no hubiera tenido esta repercusión”.
