Los delitos que se señalan en la denuncia son Asociación Ilícita y Fraude, en contra de los funcionarios del ministerio de Comunicaciones (CIV), Fondo Social de Solidaridad (FSS), la Dirección General de Caminos y la Autoridad para el Manejo del lago de Amatitlán (Amsa).
De acuerdo a Montenegro, el CIV adjudicó entre 2012 y 2015 36 contratos de dragados y 32 obras que suman más de Q1 mil millones, contratos que en su mayoría no se ejecutaron y tienen procesos irregulares en el proceso de contratación.
La denuncia está fundamentada en el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el artículo 450 del Código Penal.
Informe de CGC
En el último informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), presentado en mayo pasado, se consignan ocho denuncias penales en contra del Ministerio de Comunicaciones.
Las acciones fueron presentadas por contratos irregulares emitidos en 2015, que ascienden a Q16 millones 564 mil 677.
El informe de la CGC consigna también cuatro informes de cargos en contra del CIV por Q465 mil, esto por no cumplir con la Ley de Contrataciones, ni acatar recomendaciones de informes anteriores.
