Como algo inusual el hemiciclo contó con la presencia de 122 diputados, cuestión que no se daba desde al menos seis meses. Unió a los diputados la aprobación de las reformas al Código Procesal Penal para incorporar al menos 14 artículos para beneficiar a personas señaladas de diferentes delitos.
El decreto 10-2019 adiciona el título 6, Procedimientos especiales de aceptación de cargos, al libro 4, Procedimientos específicos, del Código Procesal Penal.
Los cambios ya estaban consensuados entre los congresistas. La sesión transcurrió sin discusiones.
La norma permitirá que la persona acepte los cargos imputados por el Ministerio Público (MP) en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de forma consciente, libre, voluntaria e informada.
El sindicado podrá pedir al juez una audiencia para aceptar los cargos y en ella el MP deberá presentar las pruebas sobre la imputación. La aceptación de cargos suspende el trámite del proceso común hasta que haya una decisión definitiva.
El artículo 4 restringe la rebaja de penas por aceptación de cargos para los siguientes delitos:
- Genocidio, desaparición forzada, ejecución extra judicial, tortura y delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución; promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada; actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, producción de pornografía de personas menores de edad, plagio o secuestro, trata de personas, robo agravado; extorsión, terrorismo, feminicidio y delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.
- Los delitos que afecten la indemnidad, integridad de la niñez y adolescencia y los delitos contra la seguridad del Estado.
- La rebaja de penas solo aplicará para las penas principales de personas naturales o individuales y no aplicará para “reincidentes habituales” por el mismo delito.
El artículo 6 establece la reducción de penas, que dependerá de la fase procesal en la que la persona acepte su culpabilidad:
- 50 por ciento de la pena si la persona acepta el delito en la audiencia de primera declaración o hasta antes del auto de apertura a juicio.
- 33 por ciento si la persona acepta la culpa entre el auto de apertura a juicio y el inicio del debate.
- 20 por ciento si la persona acepta la culpa durante el juicio, antes de la fase de recepción de pruebas.
- Si el procesado recibe rebajas de penas por aceptación de cargos, y la pena excede los cinco años de cárcel, la primera tercera parte será inconmutable y el resto podrá cumplirla con dispositivo telemático.
Si hay discrepancia entre la decisión del sindicado y el defensor sobre la aceptación de cargos, prevalecerá la del sindicado.
La rebaja de la pena solo tendrá efecto hasta que el sindicado hayan hecho reparación digna e integral a las víctimas o agraviados en sus componentes de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Tampoco surte efecto hasta que la persona haya entregado a las víctimas o al Estado el incremento patrimonial fruto del delito.
Si la persona no tiene condiciones para pagar en un solo acto, el juez puede fijar una cuota inicial de entre 20 y 30 por ciento, y definirá la forma de pagar el resto, del cual deberá haber garantías reales o personales, y deberá haber un convenio de pago entre sindicado y las víctimas.
La ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el diario oficial.
A favor y en contra
El parlamentario Carlos Chavarría, de Compromiso Renovación y Orden (Creo), manifestó que lo aprobado beneficiará a reos actuales que están señalados desde el 2015 a la fecha.
“Voté en contra, porque esa ley debió aprobarse hace dos o tres años, pero ahora fue un tema coyuntural y que solo beneficia a los que han sido señalados de varios delitos contra el patrimonio del Estado”, señaló Chavarría.
El Movimiento ProJusticia señaló en su cuenta de Twitter que lo aprobado en el Congreso desnaturalizó la iniciativa que fue propuesta por el sistema de justicia ya que esta buscaba reducir la mora judicial y agilizar el esclarecimiento y sanción de delitos.
“La aceptación de cargos fue concebida para atacar la mora judicial y agilizar la administración de justicia. Pero 81 diputados de esta legislatura la han convertido en un instrumento más de impunidad”, refiere.
Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCPG), manifestó que la iniciativa estaba de más porque el país ya tenía métodos que dan salidas alternas, pero que nunca se habían aplicado.
“Hay un Código Procesal Penal que le da salidas alternas al fiscal y hay procedimientos que nunca se aplicaron. La han tergiversado para beneficiarse en los casos en los que están implicados”, manifestó Díaz.
El diputado Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, manifestó que está de acuerdo con lo aprobado, ya que se ponen restricciones a delitos como narcotráfico, femicidio, estos no van a beneficiar a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ya que ellos tienen varios procesos y la ley habla de la reincidencia y entonces se le puede aplicar en un proceso, pero en otro ya no.
“Originalmente cuando se discutió la iniciativa con el entonces comisionado Iván Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana dijeron que en todo el mundo se les da el mismo tratamiento a todos y que lamentablemente era así”, refirió Lira.
El diputado independiente Conrado García manifestó que esta iniciativa la trajo Velásquez y la Corte Suprema de Justicia y que cree que es algo que servirá para descongestionar el sistema judicial para que los juicios sean cortos y quien quiera aceptar un delito tenga un beneficio.
“Creo que es bueno porque al final de cuentas ya que hasta tienen que devolver plata, si es por corrupción, si una persona murió en un accidente, hay cosas muy buenas eso lo tienen en todos los países desarrollados. El proyecto estaba para aprobación por artículo y redacción final, es algo que trajo al Cicig más de dos años y se tenía que aprobar”, indicó el diputado.
El parlamentario Ovidio Monzón del bloque Todos indicó que era algo que se venía platicando desde hace dos años en la mesa de seguridad y justicia en la que la Cicig y el MP y diferentes sectores propiciaron una iniciativa de aceptación de cargos, cuestión que hay en otros países.
“Se busca de alguna manera despenalizar los casos para que las cárceles no se congestionen y que ha sido un problema de años. Estás reformas los jueces tendrán en su poder de revisar las condenas que se tendrían que poner y que las mismas podrían ser reducidas en un 50 por ciento”, señaló el diputado.
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