La cifra se obtuvo con base a la cantidad de ciudadanos empadronados hasta el pasado 31 de diciembre, que era de ocho millones 905 mil 455, según las cifras oficiales del TSE.
Al oficializar el techo de campaña también el órgano electoral dictó las normas que regirán el manejo de estos recursos, dentro de las cuales hay al menos una que se implementará por primera vez.
El acuerdo de convocatoria especifica que las organizaciones políticas tendrán la obligación de rendir informes cada 15 días durante el tiempo de campaña. Fuera de esta tienen la obligación de entregar uno al mes.
Una nueva disposición tiene que ver con los comités cívicos que ahora, por primera vez, tendrán un techo de campaña y deberán rendir informes.
“Hay una novedad… no se vale que los comités cívicos no rindan cuentas de cuánto gastan”, explicó Blanca Alfaro, magistrada del TSE.
La funcionaria electoral destacó que ahora los controles de la Unidad de Fiscalización serán más continuos, “por primera vez en la historia de las elecciones de Guatemala tienen que rendir informes”. Las organizaciones políticas ahora, en época electoral, cada 15 días tienen que estar pasando su informe de gastos para que fiscalización los esté anotando.
Según la ley, cada partido puede invertir 50 centavos de dólar estadounidense por cada empadronado, el tipo de cambio que utilizaron fue el que definió el Banco de Guatemala el 19 de enero de este año. Esto según lo estipulado por el artículo 14 del Decreto de Convocatoria a Elecciones Generales 2023, en el apartado de normas esenciales del proceso electoral.
Al hablar de comités cívicos la fórmula es similar, con la diferencia que el monto de gasto es de 10 centavos de dólar por cada ciudadano empadronado en cada municipio.
La Ciudad de Guatemala es la que registra la mayor cantidad de empadronados con 807 mil 694, y los comités cívicos en esta región podrán gastar hasta Q634 mil 45.44.
Incumplimiento
La Unidad de Fiscalización del TSE es la encargada de vigilar porque cada partido político y comité cívico respete el techo de campaña, ya que no hacerlo puede traer repercusiones administrativas y hasta penales.
Ejemplos de este tipo de amonestaciones son los ya desaparecidos partidos Libertad Democrática Renovada (Líder), y Partido Patriota (PP).
Los dos comenzaron procesos administrativos que culminaron con la sanción máxima que cita la literal “k” del artículo 21Ter de la Lepp, que es la cancelación de la agrupación política.
Este mismo apartado de la LEPP, estipula que no respetar el techo de campaña fijado por las autoridades puede tener como repercusión procesos penales, en donde el principal responsable es el Secretario General de la agrupación política, según cita la norma electoral.
Vigilancia
Además del TSE, expertos en política afirman que el principal fiscalizador es el propio ciudadano, ya que ellos podrán observar de primera mano las acciones de cada partido político y comité cívico.
Instan a que se reporte, tanto a las autoridades del TSE como del Ministerio Público (MP), cualquier actividad que pueda ser “poco usual”, entre ellas actividades que puedan resultar exageradas o regalos onerosos para los simpatizantes.
Otra de las principales responsabilidades para la fiscalización que compete a los partidos políticos, es documentar cualquier tipo de aporte en efectivo o especies que reciban para el proceso de campaña política.
Expertos detallan que no documentar este tipo de aportes podrían colocar en riesgo a las propias agrupaciones, o bien a los candidatos, ya que los partidos políticos serán blanco de grupos criminales que estarían dispuestos a financiar a cambio de favores políticos.
