Los diputados accedieron aprobar la Ley Temporal de Desarrollo Integral que estipula un pago de Q36 mil a veteranos del Ejército que trabajaron en el Conflicto Armado Interno, a cambio de su colaboración en proyectos a favor del medio ambiente.
Se trata de la opción “b” que los congresistas prepararon para los militares en situación de retiro, debido a que una de las promesas presidenciales pendientes era el entregarles una indemnización por Q120 mil, según los veteranos.
Esta primera propuesta ni siquiera caminó a dictamen, pero la iniciativa de los Q36 mil ahora convertida en ley se presentó y fue aprobada en tan solo cinco meses, según demuestran los registros legislativos.
Las dudas que rodeaban tanto la primera propuesta como está nueva ley son similares: No se sabe la cantidad de beneficiarios y no cuenta con una fuente de financiamiento.
El texto original de la norma daba cuenta que se utilizarían fondos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero un paquete de enmiendas presentada a último minuto cambio el origen de los fondos.
Ahora se hará una ampliación presupuestaria a favor del ministerio antes citado, y el Ministerio de Finanzas podrá disponer de los saldos de caja para poder hacer efectivo el pago a los veteranos apoyado por casi un centenar de diputados oficialistas.
No todos los congresistas estuvieron de acuerdo con esta fuente de financiamiento, ya que aseguran que podrían haber otras intenciones de fondo, pero no son los únicos con dudas, analistas también observan una serie de riesgos.
Sin solvencia
No es nada prudente financiar una iniciativa de ley con saldos de caja, según un análisis de Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ya que comprometer ese dinero puede poner en aprietos financiaros al propio gobierno.
El experto explicó que los saldos de caja no es más que dinero que no se gastó del presupuesto anterior, que cumple con una función clave al inicio de cada año y no es una cantidad de dinero que deba ser gastado.
“Me parece que es una torpeza descomunal, denota una ignorancia aguda y profunda sobre cómo funciona la agenda pública y el financiamiento del Estado. Los saldos de caja vienen de la recaudación de impuestos o de deuda pública no ejecutada en su momento”, refiere Barrientos.
Pero estos saldos cumplen con una función de “reserva” ya que suele ser utilizada en enero de cada año, ya que según lo explicado por Barrientos sirve para cumplir con todas las primeras tareas financieras del gobierno.
“Siempre es conveniente que los ejercicios fiscales cierre con un saldo de caja pero no tan grande, Q7 mil millones podría ser un buen cierre para pagar el aguinaldo y todos los compromisos de la nómina salarial; lo que algunos diputados ignoran es que esos saldos de caja sirven para compromisos de enero en lo que se recibe el primer pago de impuestos”, destacó el experto.
Pero Barrientos aclara que está nuevo ley para pagar Q36 mil a cada militar en situación de retiro que acceda a hacer trabajos a favor del medio ambiente no tiene respaldo técnico, ya que no fue prudente el colocar como fuente de financiamiento un saldo de caja producto del impuesto de los ciudadanos.
“Lo que hay que dejar muy claro es que estos recursos de caja son impuestos que pagamos todos, ya sea impuestos pagados hoy o deuda pública que también vamos a pagar en un futuro, entonces me parece una irresponsabilidad decir que la fuente de financiamiento de ley son los saldos de caja”, refirió.
¿Y las emergencias?
Además de cumplir con compromisos económicos para la primera recta del año, los saldos de caja también son una cantidad de recursos que se utilizan para cubrir cualquier emergencia que afecte al país.
Según la explicación que hace Alberto Jacobo, analista económico independiente y docente universitario, que coincide en que financiar una ley con saldos de caja no es algo “usual”.
“Esos saldos son los que más fácilmente se pueden utilizar cuando se rebasan las previsiones de efectos adversos por cualquier catástrofe, ya sea ambiental o de otro tipo, entonces así el gobierno tiene la posibilidad de usarlos para un mejor propósito para responder a las emergencias”, explica Jacobo.
Usar de manera recurrente estos saldos para financieras nuevas normativas no es la mejor idea, ya que quedaría limitada la respuesta del Estado ante una emergencia de grandes proporciones.
Pero puede que también exista otra intención de fondo sobre algunos proyectos, donde a su criterio no se tendría que ver de manera aislada su rápida aprobación ya que la ley puede ser atractiva a un sector de la población voluminoso en concepto de votos para las elecciones del 2023.
“Estas iniciativas son claramente de tipo electoral que lo que buscan es ganar una masa de votos, pasando el destino y el objetivo del medio ambiente a algo secundario; de hacerlo con tiempo y planificado hasta se pudo incluir a más personas en este proyecto para verdaderas tareas ambientales, por ejemplo la limpieza de ríos para evitar una demanda de parte de Honduras”, concluyó.
