La Sala Segunda de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, ordenó el 1 de febrero pasado el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys S.A., encargada de venderle, por Q148 millones, al TSE el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público (MP).
Con la resolución de la Sala, también se ordena al TSE detener el pago pendiente de Q40 millones que el ente electoral tiene pendiente de realizar, equivalente al 30% del costo total. El pago pendiente fue anunciado en septiembre de 2023 por Irma Palencia, en ese entonces presidenta del TSE, bajo el argumento de tener “algunas dificultades presupuestarias”.
Esa investigación propició que los magistrados titulares del TSE, Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, perdieran su inmunidad luego de haber sido desaforados por el Congreso de la República el 30 de noviembre y que salieran del país antes de que que el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.
Según el cuerpo legal de Datasys, el amparo que presentarán en la CSJ este 9 de febrero es contra la Sala Segunda de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, porque consideran que emitió una resolución arbitraria.
Según los abogados, la resolución es arbitraria, porque no está basada en ley, ya que consideran que la mencionada sala no tenía la facultad legal de embargar las cuentas de la entidad.
Señalaron que lo que están tratando de hacer es sofocar, dejar sin actividades a la empresa y que no se permita su libre desenvolvimiento.
Comentaron que la petición de embargo habías sido declarada sin lugar el juez de extinción de dominio, el cual consideran que es la persona con mayor conocimiento en el país en materia de extinción de dominio.
Puntualizaron que el mencionado juez rechazó oportunamente la convalidación de embargo de cuentas que hizo el Ministerio Público, pero la mencionada Sala la revocó sin fundamento legal.
Añadieron que con esa acción prácticamente están asfixiando a la empresa al no permitirle tener cuentas abiertas y por eso acudieron a la CSJ.
Los abogados comentaron que las cuentas embargadas a Datasys son 5, pero que no pueden revelar el monto que en ellas hay, por la reserva del caso.
Aseguraron que las cuentas que les embargaron no tienen nada que ver con la investigación del caso ni con la venta que se le hizo al TSE y por eso no tendrían que haberlas embargado.
Los abogados calificaron de antijurídicas las acciones que está emprendiendo el Ministerio Público en el caso de la venta del TREP.
Agregaron que esperan que la otra semana la Cámara de Amparo pueda emitir una resolución provisional sobre la petición que hizo la empresa.
