La iniciativa fue presentada por el mandatario el 22 de enero pasado y fue conocida por el pleno seis días después. El proyecto fue enviado a tres comisiones: la de Gobernación, Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad Nacional. El 28 de enero esas salas legislativas establecieron 30 días hábiles para emitir un dictamen.
La sala legislativa de Asuntos de Seguridad Nacional, presidida por el diputado Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza, acordó dar dictamen favorable a la propuesta pero con modificaciones. Se elimina el término terrorista y quedan catalogados como “criminales de altísima peligrosidad”. Además, endurece las penas a los delitos que cometan las maras y deja a disposición Q200 millones al Ministerio de Gobernación (Mingob) para combatir esas agrupaciones del crimen organizado.
Aunque en un principio se buscaba que Gobernación construyera cárceles de máxima seguridad sin los controles que establece la Ley de Contrataciones del Estado, esto quedó fuera.
El dictamen incorpora dos mesas, una reactiva para que los recursos del Ejecutivo se enfoquen en el combate frontal a las maras, y la segunda es de carácter preventivo, para crear programas en los territorios donde hay alta presencia de pandillas y se le dé atención a jóvenes y niños en riesgo para que no caigan en manos de las maras.
“Hay varias modificaciones a los delitos en los que incurren las maras, además, el hecho de pertenecer a una se vuelve un agravante, lo cual hace que la pena se incremente desde dos terceras partes hasta el doble de la pena”, señaló Argueta.
La opinión de la sala de trabajo establece que los Q200 millones del Mingob son para que compre equipo de investigación y de comunicaciones, así como vehículos, armamento y municiones, a lo que deja un plazo de seis meses para ejecutar ese monto y bajo un régimen especial.
La primera comisión en dictaminar fue la de Defensa Nacional, la cual consideró en el proyecto que los pandilleros no son declarados como terroristas porque podrían existir ilegalidades. En cambio, esa sala define a las maras o pandillas como “grupos delictivos organizados u organizaciones criminales”.
El artículo 1 propuesto, que reforma el 391 del Código Penal, establece: “Quien, con el propósito de atentar contra el orden constitucional o de alterar el orden público, coacciones a otros a ejecutar o ejecutare actos encaminados a provocar incendio o a causar estrago o desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos, será sancionado con prisión de cinco a 15 años”.
“Si se empleare materiales explosivos de gran poder destructor para la comisión de este delito o si a consecuencia de este resultare la muerte o lesiones graves de una o varias personas, el responsable será sancionado con prisión de 10 a 30 años, más multa de 25 mil a 800 mil dólares de los Estados Unidos”, indica el documento.
En cambio, la sala legislativa de Gobernación define a las pandillas como terroristas, y establece prisión de 10 a 30 años y multas de US$25 mil a US$800 mil.
Argueta indicó que dejaron fuera del dictamen la construcción de las cárceles debido a que el Ejecutivo no entregó un análisis técnico que les fue solicitado, ya que se contemplaba la obra bajo un régimen especial que permitía hacerlo de manera rápida.
