Asesora
Quiñónez Donis comenzó el año como asesora jurídica en el despacho del Ministerio de Comunicaciones, con un sueldo de Q20 mil mensuales, según consta en los registros publicados por esa dependencia.
De acuerdo con actas de la Junta Directiva del Congreso, la abogada fue contratada por ese organismo a mediados de este año como asesora de Chinchilla Guzmán, actual cuarto secretario legislativo.
En los informes del Congreso, Quiñónez Donis aparece con un salario de Q15 mil mensuales y está contratada en el renglón 029. Es decir que no está obligada a presentarse al palacio legislativo a marcar y puede trabajar en otros lugares, porque su servicio es temporal y no goza de prestaciones.
Chinchilla Guzmán admitió la contratación de la abogada y explicó que ya había trabajado con él en el Congreso. “Tengo dos personas que me ayudan. Ella revisa las actas y otros aspectos jurídicos”, aseguró.
El parlamentario afirmó: “La gente que estuvo después de mi período en la SIT se inventó robos, hasta presentaron denuncias en el MP, pero yo nunca supe, ni vi nada de eso. Nosotros fuimos a encontrar todo tirado, era un desorden y lo que hicimos fue implementar un sistema de registro”.
En cuanto a la denuncia contra su asesora, Chinchilla indicó: “La gente que se quedó en mi lugar fue la que señaló el robo de los documentos, fue algo mal intencionado”.
Esta no es la primera vez que la exmagistrada trabaja con el presidente electo del Congreso, pues cuando Chinchilla fungió como superintendente de Telecomunicaciones, del 2004 al 2008, también fue su asesora jurídica. Además laboró para el Departamento Jurídico del Congreso durante la presidencia de Gudy Rivera, del Partido Patriota, quien cumple una condena de prisión por un proceso de tráfico de influencias.
Cuestionada
A Quiñónez Donis no se le achaca solo la pérdida de los documentos de los usufructos de la televisión abierta; también ha sido cuestionada por haber trabajado como asesora con el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Juan de Dios Rodríguez, quien enfrenta un proceso penal por irregularidades en esa institución.
Además, cuando participó en la elección de magistrados de la CSJ, se le vinculó con Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis.
En 2009, el entonces jefe de la Cicig, Carlos Castresana, la consideró no idónea para el cargo, por lo que ella interpuso un amparo contra él. Esa impugnación de la candidatura de Quiñónez Donis no tuvo desenlace negativo para ella.
Niega señalamientos
En marzo del 2014, Brenda Anabella Quiñónez Donis fue electa por el Congreso para sustituir al magistrado César Barrientos en la CSJ, luego de que este se suicidó, en enero, para finalizar el período de esa magistratura —2009-2014—.
Prensa Libre la llamó en varias ocasiones para obtener su versión sobre los señalamientos actuales, pero su celular sonaba apagado.
Quiñónez Donis no se ha quedado callada ante los señalamientos que le han hecho en los últimos años.
En 2009 accionó contra Carlos Castresana, entonces jefe de la Cicig, quien la calificó como no idónea para ocupar una magistratura de la CSJ. También fue candidata a una magistratura de la Corte de Apelaciones.
Luego de ser señalada por la PGN por la pérdida de documentos en la SIT, presentó un memorial en el que consta que no existe denuncia en su contra en el MP y negó los señalamientos.
Quiñónez Donis es abogada, graduada de la Universidad Mariano Gálvez, y tiene tres posgrados en universidades extranjeras, uno de ellos en seguridad y policía comunitaria.
Fue asistente del procurador General de la Nación y del jefe del Ministerio Público en 1991.
También fue subdirectora de Formación y Capacitación de la Unidad de Planificación y Transformación del Departamento de Capacitación para funcionarios judiciales.
Dirige su propio bufete y ha sido consultora para entidades estatales.
Critican contratación
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, se mostró preocupada por la asesoría que presta Quiñónez Donis a Chinchilla Guzmán. “Ella formó parte de la estrategia de Juan de Dios Rodríguez para manipular desde las comisiones de Postulación el proceso de candidatos a las Cortes”, dijo.
Agregó: “Son profesionales que asesoran a personas con cierto poder de incidencia en la toma de decisiones y que han servido a favor de la impunidad. Es lamentable la ligazón que se hace evidente”.
