Lo que más preocupa es que este proyecto tenga como objetivo central debilitar la independencia que actualmente tiene la Fiscalía para investigar a cualquier funcionario, y que en el futuro se pueda destituir a quien ocupe el cargo de fiscal general por el hecho de perseguir a determinadas personas.
La tarde de ese mismo día, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó en la zona 14 a Karina Jeannete López Hernández, de 50 años y Elmer Lizardi Cash Díaz, de 26 años, quienes trabajan en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y el Departamento de Análisis Financiero de la Dirección de Análisis Criminal del MP.
En la audiencia que se llevó cabo el día siguiente, 15 de octubre, se estableció que esa Fiscalía investiga por lavado de dinero al empresario Ernesto José Degenhart Asturias, de 53 años, hermano del ministro de Gobernación Enrique Degenhart, y que los capturados le exigían Q85 mil, como primer pago, a cambio de no pedir su orden de captura.
Comisión anti Cicig
Ese mismo martes 15 de octubre, la organización Acción Ciudadana (AC), denunció a los diputados que están involucrados en la nueva comisión que investiga la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y según la organización, el MP debe actuar porque los delitos se están dando en flagrancia y existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Sin embargo, la tempestad más grande contra Porras se desató, el mismo martes, cuando el exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) Andrei Vladimir González Arteaga denunció, por medio de un comunicado, a la fiscal general, por supuestamente haber protegido de forma ilegal a la ex presidenciable Sandra Torres, procesada por financiamiento electoral ilícito.
González aseguró que Porras ha incurrido en “protección ilegal” sobre Torres y también con el jefe de bancada del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco. Explicó que la investigación contra la ex presidenciable había estado lista desde diciembre de 2018 y que desde entonces se había podido solicitar las órdenes de aprehensión en contra de Torres y Blanco y no se hizo sino hasta que Torres gozaba de inmunidad por ser candidata presidencial.
De estas cuatro acciones que vinculan al MP, la fiscal Porras solo se pronunció con relación a la denuncia presentada por el exfiscal Andrei González, quien se encuentra exiliado actualmente por supuestas amenazas en su contra y contra su familia.
Se defiende
A través de un comunicado, la jefa del Ministerio Público (MP) remarcó en que “los tiempos de las investigaciones son técnicos, no políticos”, como plantea González, al señalar que la fiscal demoró cuatro meses entre octubre de 2018 y febrero de 2019 para que se presentara el caso, cuando Torres ya tenía inmunidad por ser candidata presidencial de la UNE.
En el mismo documento Porras le recrimina a González que los señalamientos en su contra podrían obedecer a la pretensión del exempleado de la Feci de ser jefe adjunto de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y que ella rechazó.
Porras señala que lo dicho por González es “infundado” y revela que él, cuando renunció en agosto último, pidió seguridad, vehículos y gasolina, lo cual fue rechazado por no estar dentro del marco legal y sería un perjuicio para el erario.
“Pareciese que por no poder contar con lo solicitado -González- actúa emitiendo señalamientos que dañan a la institución de la cual formó parte”, recriminó Porras.
En el ojo publico
El analista político José Alfredo Calderón, consideró que la fiscal Porras se encuentra en el “ojo público”, porque la explicación que efectuó en su comunicado de prensa “no es contundente” pues “le da muchas vueltas a la acusación hasta caer en un estilo cantinflesco. Al final no aclara nada y deja muchas dudas”.
Calderón opinó que el actuar de la fiscal es muy ambivalente por lo que considera que nadie la va a defender de manera incondicional. “Ella sabe que su posición de fuerza que tenía con Jimmy Morales ya no existirá al igual que con el Pacto de Corruptos, entonces tiene que coquetear con el gobierno electo de Alejandro Giammattei”.
El analista político aseguró que Consuelo Porras “pasa por sus horas más amargas”, porque no tiene el favor de la población, el Gobierno de salida está muy débil y su papel ha sido espurio, por lo que nadie mete las manos al fuego por ella”.
Álvaro Montenegro, integrante de Alianza por las Reformas, consideró que el MP se debilitó desde que no defendió a la Cicig, que era su principal aliada y que desde ese momento ha perdido fuerza y que solo actúa en los momentos de crisis como el actual cuando siempre social y de los medios de comunicación.
Montenegro afirma que el MP se encuentra en el ojo del huracán en una de las crisis más grades de la fiscal Consuelo Porras. Pone como ejemplo el hecho del amparo que presentó contra la comisión anticicig el cual no se está haciendo valer como debería de ser. “Lo que se esperaría es que la Fiscal presentara una debida ejecutoria del amparo y declarar una desobediencia”.
Resultado de presión política
El analista político de la Universidad Rafael Landívar, Gregorio Saavedra, consideró que cada uno de los acontecimientos que sucedieron en este inicio de semana son el resultado de una acumulación de presión, “respecto de lo que está viviendo el sistema político actual en este proceso de transición”.
Según Saavedra, en esta época posCicig pareciera que todavía no se ha encontrado el equilibrio de cuál es la línea técnica y política que se va a trazar respecto de los distintos poderes en la lucha en contra del crimen organizado y la persecución penal en general. “Hay un sistema político inestable que necesita consolidar un rumbo de país y lo que vemos es esa descomposición aflorando.
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